Bolivia promulga ley para suspender a fiscales acusados de delitos penales
Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, ha dado un paso significativo en la lucha contra la corrupción al promulgar una reforma legal que faculta la suspensión definitiva del fiscal general en caso de acusaciones penales. Esta decisión se produce en el contexto de la detención de Roger Mariaca, el actual fiscal general, quien enfrenta serias acusaciones de proteger al narcotráfico.
En un acto celebrado en el Palacio de Gobierno, Paz firmó la ley que modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. La reforma establece que el Legislativo podrá aprobar la suspensión del fiscal general con el apoyo de dos tercios de los votos de los parlamentarios presentes, en caso de que este se encuentre imputado formalmente o sujeto a medidas cautelares por delitos penales.
La norma no solo permite la suspensión del fiscal general, sino que también habilita a los parlamentarios a elegir a un interino que asumirá el cargo hasta que la Asamblea designe a un nuevo titular. Este cambio legislativo fue aprobado previamente por separado en el Senado y la Cámara baja, y se espera que el pleno de la Asamblea Legislativa se reúna nuevamente para abordar la situación de Mariaca.
La detención de Mariaca, ocurrida el miércoles, ha sido calificada por el Gobierno como resultado de su supuesta participación en una "organización criminal" dedicada a proteger el narcoterrorismo en Bolivia. Esta acción se produjo solo dos días después de que el Gobierno de EE.UU. lo incluyera en un listado de funcionarios a quienes se les revocó el visado, acusándolos de corrupción y de socavar democracias.
En su discurso, Paz destacó que los recientes acontecimientos no son simples coincidencias, sino el resultado de un trabajo de investigación meticuloso. "Ahora se puede entender el porqué este Gobierno tomó la decisión de ser parte del acuerdo del Escudo de las Américas", afirmó, enfatizando que el crimen organizado opera sin respetar la Constitución ni las leyes.
El presidente también subrayó la necesidad de "reconstruir la Justicia boliviana", advirtiendo sobre la influencia que el crimen organizado ha tenido en las instituciones del Estado. "Algunos operadores quieren controlar instituciones que deben rendir cuentas al pueblo y no a grupos ilícitos", añadió.
La situación de Mariaca es parte de una investigación más amplia que ha llevado a la detención de al menos otros 13 individuos, incluidos tres fiscales. Se espera que Mariaca y otros tres acusados comparezcan ante un juez cautelar este sábado, en un proceso que podría cambiar el rumbo de la justicia en el país.
