Nacho Montes de Oca | Francia y el fin turbulento de la era Macron
Francia atraviesa otra ola de protestas. Estas manifestaciones y los disturbios no son la novedad. Ya hubo otras grandes oleadas de manifestaciones violentas desde 2023. Pero en esta ocasión se dan en el fin de ciclo de gobierno de Macron y con un escenario político y económico en extremo complejo.
“El real nos alcanza”, escribió Sébastien Lecornu el 30 de septiembre, en la víspera de llevar el presupuesto al Consejo de Ministros. La frase resumió el problema que Francia arrastra desde hace años: una deuda cada vez mayor, una población que envejece y un Estado que necesita gastar menos justo cuando una parte importante de la sociedad reclama más.
El 17 de septiembre, Lecornu ya había anticipado en Le Figaro el núcleo del presupuesto de 2027: un recorte de gastos de unos €54.000 millones, con el objetivo de llevar el déficit del 5,4 % del PBI previsto para este año al 5 %. Sin esas medidas, dijo, el rojo podría acercarse al 6,5 % y prolongar una crisis que lleva años desarrollándose.
El 29 de septiembre, más de 200.000 personas salieron a las calles contra el ajuste. El Ministerio del Interior contabilizó 206.000 manifestantes. La CGT calculó más de 300.000. Hubo unas 170 movilizaciones en todo el país y las ocho organizaciones que representan a los empleados públicos participaron juntas de la huelga, algo que no ocurría desde 2018.
En los días siguientes continuaron las protestas estudiantiles, con disturbios y detenciones. La presentación formal del proyecto del presupuesto llegó después, cuando el Parlamento ya se preparaba para examinarlo en octubre. La secuencia importa. El plan no nació como respuesta a la calle del 29. Fue la respuesta a un ajuste que el gobierno había adelantado casi dos semanas antes y que ahora debe convertir en ley.
El plan congela el gasto público en términos nominales, salvo partidas como defensa e intereses de la deuda. También congela los salarios de los empleados públicos y revisa beneficios fiscales. Sobre las jubilaciones, la copia inicial limita la revalorización por encima de €1.260 mensuales, pensión de base y complementaria incluidas. Solo ese freno le permitiría al Estado ahorrar unos €4.100 millones, dentro de un esfuerzo de €5.500 millones. El resto saldría de bajar el tope de la deducción fiscal del 10 % que tienen los jubilados, de €4.439 a €3.000.
Lecornu ató el congelamiento a un decreto reversible. Puede ceder en la negociación parlamentaria sin reabrir toda la ley. El haber no baja en euros. Si los precios suben y la pensión queda igual, el jubilado compra menos. El primer ministro presentó el paquete bajo la consigna de estabilidad fiscal y rechazó una suba general de impuestos.
Parte del esfuerzo, sin embargo, no es solo un recorte de gasto: la reducción de ventajas fiscales para empresas y trabajadores aporta ingresos, y una ampliación del impuesto sobre productos con alto contenido de azúcar sumaría unos €300 millones, según el cálculo que difundió Reuters. No es lo mismo subir una alícuota que achicar un nicho. Políticamente, el gobierno usa esa diferencia como línea de defensa. Para quien pierde el beneficio, el efecto se parece bastante a un impuesto nuevo.
El ajuste no significa que el Estado francés vaya a gastar poco. Significa que intenta contener un gasto que creció durante años mientras aumentaron también los costos de financiarlo.
Eso explica parte de la protesta de los empleados públicos. En Francia, buena parte de sus salarios depende de un valor de referencia, el punto de índice. Desde 2017 solo subió dos veces: 3,5 % en 2022 y 1,5 % en 2023, poco más del 5 % en total. En ese mismo lapso, la inflación acumulada habría llegado al 24,17 % a fines de 2026. El sueldo no bajó. Alcanza para comprar bastante menos.
Si los precios suben y el salario queda igual, el trabajador no recibe formalmente un recorte. Pero puede comprar menos con el mismo salario. Esa pérdida de poder adquisitivo explica por qué sindicatos como la CGT y la CFDT reclaman que el esfuerzo fiscal no recaiga principalmente sobre los empleados públicos.
Los estudiantes agregaron otro frente. Las protestas denunciaron aulas saturadas, falta de docentes y problemas de infraestructura, además del congelamiento de algunas ayudas y el encarecimiento de servicios universitarios. Las movilizaciones se extendieron durante los últimos días y derivaron en enfrentamientos y detenciones.
El 29 de septiembre las dos protestas se cruzaron. Laurent Nuñez anunció 440 interpellations, la figura que se usa en Francia cuando se detiene a una persona en la calle para identificarla y, si el caso lo justifica, ponerla a disposición de la justicia. En su mayoría eran menores que participaban de los bloqueos de liceos. Las 206.000 de Interior miden la calle sindical. Las 440, los incidentes en las puertas de los colegios.
El gobierno usó esas cifras para acusar a sectores vinculados con La Francia Insumisa de alentar los disturbios. Jean-Luc Mélenchon respaldó las reivindicaciones estudiantiles y cuestionó la respuesta oficial. La protesta empezó así a tener una dimensión política propia, más allá del contenido del presupuesto.
Pero hay una razón por la que el gobierno insiste en que debe ajustar ahora. La deuda pública francesa alcanzó €3.595,5 mil millones al terminar el segundo trimestre de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística, Insee. Equivale al 119 % del PBI, después de haber aumentado €59.600 millones en apenas tres meses. A fines de 2024 representaba 112,6 %. Crece con rapidez.
El problema se vuelve más serio cuando se mira el costo de esa deuda. La rentabilidad del bono francés a diez años terminó septiembre cerca del 4,8 %, un máximo de unos dieciocho años, en zona que no se veía desde 2008. El diferencial con Alemania superó los 110 puntos básicos y llegó a compararse con los niveles de 2012. No es todavía un 5 %, pero la dirección es la misma: Francia necesita emitir deuda para financiar su déficit y, además, refinanciar los títulos anteriores que llegan a vencimiento. La Agencia France Trésor prevé emitir unos €340.000 millones de bonos de mediano y largo plazo en 2027.
Una parte importante de ese dinero no financiará nuevos hospitales, escuelas o programas sociales. Servirá para reemplazar deuda que vence, y los intereses empiezan a ocupar cada vez más espacio. El costo del servicio de la deuda pública podría pasar de unos €79.000 millones este año a alrededor de €91.000 millones en 2027. Ese dinero debe pagarse antes de decidir qué otras cosas puede financiar el Estado.
Ahí aparece la singularidad francesa. Si el gobierno no ajusta, la deuda continúa aumentando y los mercados pueden exigir tasas más altas para seguir financiando al Estado. Si ajusta demasiado, reduce el poder adquisitivo y tensiona servicios públicos que ya están bajo presión.
No existe una salida gratuita, y la demografía hace que el problema sea todavía más difícil. Francia financia principalmente sus jubilaciones mediante un sistema de reparto: los trabajadores activos aportan para pagar las jubilaciones de quienes ya dejaron de trabajar. En 1950 había aproximadamente cuatro trabajadores por cada jubilado. En 2020 quedaban alrededor de 1,7. El Consejo de Orientación de las Pensiones proyecta que la relación seguirá cayendo durante las próximas décadas.
La situación demográfica de Francia es crítica y marca un punto de inflexión histórico tras caer su tasa de fecundidad a 1,56 hijos por mujer, la más baja desde 1945 y muy lejos del 2,1 necesario para el reemplazo generacional. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el país registra un saldo natural negativo.
Aunque la población total creció levemente hasta los 69,1 millones de habitantes, este incremento se debe exclusivamente a la inmigración, mientras que el rápido envejecimiento -con los mayores de 65 años alcanzando el 22% de la población- amenaza la sostenibilidad del mercado laboral y del sistema público de pensiones.
El problema no es solamente que haya más jubilados. También hay que preguntarse cuántas personas mayores pueden seguir trabajando. La OCDE señaló que Francia mantiene una tasa de empleo relativamente baja entre los trabajadores de mayor edad. Elevar la edad de retiro no resuelve automáticamente el problema si una parte de quienes deberían continuar trabajando no consigue empleo. El costo puede aparecer entonces en otro lugar: seguro de desempleo, asistencia social o licencias por enfermedad.
La reforma jubilatoria de 2023 mostró hasta qué punto este asunto divide al país. Emmanuel Macron elevó la edad legal de retiro de 62 a 64 años y su gobierno utilizó el artículo 49.3 de la Constitución para aprobarla sin una votación final de la Asamblea Nacional.
La moción de censura posterior fracasó por apenas nueve votos. La reforma sobrevivió y comenzó a regir en septiembre de 2023, pero dejó una marca política que todavía condiciona cualquier discusión sobre jubilaciones.
El 49.3 explica buena parte de la desconfianza actual. El mecanismo permite al gobierno sacar adelante un proyecto sin una votación ordinaria, salvo que una moción de censura consiga derribarlo. Para sus defensores es una herramienta constitucional para evitar bloqueos. Para sus críticos, reduce el peso de una Asamblea que ya está profundamente fragmentada.
Y esa fragmentación es el segundo gran problema de Francia. Macron fue reelegido en 2022, pero su alianza perdió la mayoría absoluta en las elecciones legislativas de ese mismo año. La disolución de la Asamblea en 2024 tampoco produjo una mayoría estable. Desde entonces, el gobierno quedó obligado a negociar con bloques que pueden impedir la aprobación de sus proyectos.
Lecornu gobierna, por lo tanto, sin una mayoría propia. Necesita reducir el déficit, pero no tiene asegurados los votos para aprobar las medidas que deberían producir esa reducción.
La izquierda radical ya amenazó con censurarlo. Los socialistas cuestionan el presupuesto y la Agrupación Nacional de Marine Le Pen dejó abierta la posibilidad de no acompañar una eventual moción. Cada uno de esos sectores tiene, además, un incentivo político para no asumir el costo de un ajuste antes de las elecciones presidenciales.
El calendario hace que la situación sea todavía más delicada. El Parlamento comenzó a examinar el presupuesto en octubre y el gobierno necesita aprobarlo antes de fin de año. Al mismo tiempo, los sindicatos anunciaron nuevas movilizaciones y las protestas estudiantiles continuaron. La situación es un triple jaque: la calle presiona, por un lado, los mercados observan por otro y el Parlamento tiene capacidad para bloquear o modificar las decisiones del gobierno.
En el medio queda Macron, que no puede presentarse nuevamente después de haber cumplido dos mandatos consecutivos. La próxima elección presidencial tendrá su primera vuelta el 18 de abril de 2027 y la segunda el 2 de mayo, según el calendario fijado por el gobierno en julio.
La campaña ya comenzó a mezclarse con la crisis presupuestaria. Una encuesta de Toluna Harris Interactive para M6 y RTL, realizada entre el 22 y el 24 de septiembre sobre 1.974 electores registrados, ubicó a Marine Le Pen entre 35 % y 36 % de intención de voto en los distintos escenarios analizados y a Jean-Luc Mélenchon entre 17 % y 18 %. Édouard Philippe apareció entre 13 % y 16 %, según la medición.
Es una fotografía de septiembre, no un resultado electoral. Faltan siete meses y todavía pueden cambiar candidatos, alianzas y posiciones. Pero el sondeo mostró algo políticamente relevante: el centro que dominó buena parte de la política francesa durante la etapa de Macron enfrenta una competencia fuerte desde ambos extremos del sistema.
La cuestión judicial de Le Pen agrega otra incógnita. En julio, la Corte de Apelaciones de París confirmó su condena en el caso de los asistentes parlamentarios del antiguo Frente Nacional, aunque modificó la sanción de inhabilitación. La dirigente apeló ante la Corte de Casación, que indicó que podría pronunciarse a más tardar a comienzos de abril de 2027, aunque advirtió que el calendario puede modificarse.
Mientras tanto, los candidatos ya empiezan a definir sus respuestas al problema fiscal. Le Pen y Mélenchon coinciden en cuestionar la reforma jubilatoria de Macron, aunque sus programas económicos son muy diferentes. Mélenchon planteó regresar a una edad de retiro de 60 años y revisar beneficios fiscales para las empresas. Le Pen propuso diferentes edades de retiro según los años de aportes y planteó un programa de ahorro de gran magnitud. Édouard Philippe, desde la centroderecha, hizo exactamente lo contrario: propuso llevar gradualmente la edad de retiro a 65 años y aumentar los años obligatorios de aportes.
La migración no resuelve esa cuenta y tampoco es ajena a la elección. Francia tenía en 2025 unos 8 millones de inmigrados, el 11,6 % de la población, según Insee. Su tasa de empleo sigue por debajo de la del resto de los residentes y de la media de la OCDE, así que el flujo frena el envejecimiento sin reponer, al mismo ritmo, los cotizantes del sistema de reparto.
En la campaña pesa por otro lado. Le Pen apoya parte de su ahorro en menos inmigración y en menos prestaciones para no ciudadanos. Mélenchon rechaza ese recorte y promete ampliar derechos. Ninguna de las dos propuestas cierra el déficit, ni recompone el sistema de reparto, ni dice quién paga los €91.000 millones de intereses. Sirven para juntar votos. Y, de paso, enervan una tensión que la calle de septiembre no puso en el centro, pero que una parte del electorado de abril sí va a usar para elegir.
La discusión permite ver algo que suele perderse en la pelea electoral. Cambiar el gobierno no elimina las restricciones ni resuelve los factores que provocaron la crisis. Francia seguirá teniendo una población envejecida, una deuda elevada y un costo financiero considerable cualquiera sea el presidente que llegue al Palacio del Elíseo.
Las diferencias aparecen con mayor claridad cuando la discusión sale de las jubilaciones y entra en Europa y la política exterior. Le Pen plantea reducir la contribución francesa al presupuesto de la Unión Europea, modificar algunas reglas de integración y revisar la relación de Francia con la OTAN. Mélenchon propone desobedecer las normas europeas que considere contrarias a los intereses franceses, renegociar los tratados y mantiene una posición crítica respecto de la OTAN.
El impacto de esas posiciones sería mayor que el de una discusión presupuestaria interna. Francia es una potencia nuclear, una de las principales economías de Europa y uno de los actores militares centrales de la Unión Europea. También es uno de los principales respaldos europeos de Ucrania. Un giro en París no se queda en París: altera el presupuesto comunitario, el apoyo militar y financiero a Kiev y el margen de Bruselas para condicionar las cuentas nacionales.
Por eso el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores advirtió que un gobierno de Le Pen podría generar tensiones con Bruselas en asuntos como el presupuesto comunitario, Ucrania, energía y la integración europea. No se trata solo de retórica de campaña. Francia es contribuyente neto y miembro del Consejo de Seguridad. Si el próximo presidente discute a la vez las reglas fiscales europeas y el alineamiento atlántico, el ajuste interno de 2027 queda pequeño al lado de la pelea que vendría después.
La discusión francesa, entonces, tiene dos niveles. En el primero está la pregunta inmediata: cómo conseguir unos €54.000 millones de ahorro sin provocar una crisis social o la caída del gobierno. En el segundo aparece una pregunta mucho más grande: qué modelo de Estado puede financiar Francia durante las próximas décadas.
La protesta de septiembre mostró la resistencia de una sociedad que no quiere perder poder adquisitivo ni servicios públicos. La deuda mostró que el Estado tiene cada vez menos margen para sostenerlos sin modificar sus ingresos o sus gastos. Y la demografía indica que el problema no desaparecerá cuando termine el actual presupuesto.
Francia quedó atrapada entre esas tres realidades. No puede ignorar indefinidamente el déficit. Tampoco puede ajustar sin pagar un costo político. Y ningún candidato puede eliminar con una sola medida el envejecimiento de la población, el peso de la deuda o el costo de financiarla.
El presupuesto de 2027 no va a resolver esa cuenta. Puede, como mucho, decidir quién paga la cuota de este año. La elección de abril dirá si esa distribución sobrevive. Lo que no espera es el efecto afuera. Francia es potencia nuclear, contribuyente neto de la Unión Europea y uno de los pocos Estados miembros capaces de proyectar fuerza.
Si el próximo presidente discute a la vez el déficit, la OTAN y el apoyo a Ucrania, Bruselas, Berlín y Kiev van a leer el resultado como un cambio de alineamiento, no como una alternancia. La calle, el Parlamento y los mercados siguen sin una respuesta común. Mientras no aparezca, cada presupuesto francés será también una negociación europea.