Represores del régimen siguen usando "máquinas del tiempo" para torturar a venezolanos
En su último informe, la Misión señaló que después de la captura del entonces presidente Nicolás Maduro se produjo una disminución significativa de las detenciones prolongadas. Sin embargo, el organismo sostuvo que estos cambios no estuvieron acompañados de reformas estructurales. El organismo documentó además nuevos casos de tortura y malos tratos contra personas detenidas por motivos políticos.
Un paso. Luego otro. Y finalmente, el sonido del hierro cerrándose a sus espaldas. Así comienza el confinamiento para un preso que es llevado hasta una celda donde el espacio, la luz y hasta el tiempo parecen tener otras dimensiones. La puerta se cierra y, con ella, queda del otro lado buena parte de la vida que conocía.
El aire parece más pesado y el silencio, interrumpido de vez en cuando por pasos y golpes de otras puertas, se convierte en su única compañía. Afuera continúa la vida; adentro, comienza una espera sin más referencia que el paso de las horas.
Aunque esta descripción parte de un ejercicio interpretativo, es una realidad contrastada en el último informe de la ONU sobre la represión, las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que según el organismo siguen intactas en Venezuela.
En su último informe, la Misión señaló que después de la captura del entonces presidente Nicolás Maduro se produjo una disminución significativa de las detenciones prolongadas y las desapariciones forzadas. Además, las autoridades liberaron a cientos de personas detenidas por motivos políticos y permitieron un margen mayor para las protestas, reuniones públicas y actividades de la sociedad civil.
Sin embargo, el organismo sostuvo que estos cambios no estuvieron acompañados de reformas estructurales. Las leyes utilizadas para criminalizar la disidencia continúan vigentes, mientras los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad conservan estructuras y prácticas similares a las existentes antes del 3 de enero.
La Misión también alertó que los colectivos, grupos civiles armados progubernamentales señalados durante años por su participación en actos de violencia e intimidación, no han sido desarmados ni desmantelados. Según la investigación, estos grupos mantienen distintos niveles de coordinación con organismos estatales y fuerzas de seguridad.
“Al menos 19 funcionarios previamente identificados por la Misión por su participación en graves violaciones continúan ocupando, o han sido reasignados a, puestos clave”, señaló el documento. El organismo agregó que la impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos en el pasado continúa.
“La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles”, afirmó Sofía Macher, presidenta de la Misión.
El organismo documentó además nuevos casos de tortura y malos tratos contra personas detenidas por motivos políticos. En el centro penitenciario El Rodeo I registró prácticas como la intubación forzada y el confinamiento prolongado en una cisterna subterránea conocida como la “máquina del tiempo”.
En Fuerte Guaicaipuro, una instalación militar, la Misión investigó casos de personas recluidas en celdas similares a fosas excavadas bajo el nivel del suelo, además de situaciones de exposición al frío, privación de alimentos y otras prácticas degradantes.
En total, la Misión investigó 64 nuevos casos de tortura ocurridos después del 3 de enero, lo que, según sus conclusiones, evidencia que estas prácticas continúan produciéndose.
El informe también advierte sobre las condiciones de detención de cientos de personas, quienes tendrían acceso limitado a agua potable, alimentación, medicamentos y atención médica. La Misión relacionó varios casos de muertes bajo custodia con la falta de atención médica adecuada y malos tratos.
Entre el 1 de septiembre de 2025 y el 29 de julio de 2026, organizaciones de la sociedad civil registraron al menos 214 detenciones arbitrarias por motivos políticos. El 94 % ocurrió antes de finales de 2025. Después del 3 de enero, la Misión identificó un patrón de arrestos arbitrarios de corta duración dirigidos a intimidar a activistas opositores, periodistas y otros integrantes de la sociedad civil.
Aunque las excarcelaciones redujeron el número de presos políticos, las organizaciones no gubernamentales estiman que todavía permanecen detenidas entre 379 y 500 personas. La Misión destacó que la falta de información oficial y verificable impide establecer con precisión cuántos presos han sido liberados y cuál es la situación jurídica de quienes continúan encarcelados.
“Instamos a las autoridades estatales a adoptar medidas decisivas hacia la rendición de cuentas y a establecer un marco de justicia transicional centrado en las víctimas”, declaró María Eloisa Quintero, integrante de la Misión.
La experta también pidió a Venezuela revertir su retirada del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y cooperar con la CPI y otros mecanismos internacionales de derechos humanos.
Colectivos y aparato represivo
En un documento complementario, la Misión examinó específicamente el papel de los colectivos y concluyó que estos grupos constituyen un componente central del aparato represivo y de un sistema de control social y gobernanza local.
Según la investigación, existen evidencias de relaciones prolongadas entre los colectivos y organismos estatales que incluyen respaldo político, financiamiento, apoyo logístico, coordinación operativa y protección institucional.
La Misión afirmó tener motivos razonables para considerar que el Gobierno suministró regularmente a estos grupos armas de fuego, municiones, motocicletas, teléfonos móviles y equipos de radio, lo que habría facilitado su participación en actividades represivas.
El organismo señaló además que los colectivos han realizado labores de vigilancia e inteligencia, identificado a personas buscadas por las fuerzas de seguridad y participado en la represión de manifestaciones y en la persecución de opositores reales o percibidos.
La investigación concluyó que, cuando estos grupos ejercen funciones de autoridad pública previstas en la legislación venezolana o actúan bajo instrucciones, dirección o control de organismos estatales, sus actuaciones pueden ser atribuidas al Estado.
Los informes serán presentados ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el próximo 18 de septiembre de 2026. La Misión fue creada en 2019 para investigar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela desde 2014 y su mandato se mantiene vigente hasta octubre de 2026.