ONU señala a 12 funcionarios del Gobierno venezolano por presuntas violaciones de DD. HH.
El señalamiento ocurre después de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y la posterior llegada de Delcy Rodríguez. Entre los nombres mencionados figura Diosdado Cabello, actual ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, quien ha ocupado diversos cargos durante los gobiernos oficialistas. Completan los 12 funcionarios señalados Iván Rafael Hernández, director de la principal empresa estatal de comunicaciones, y Tarek William Saab, exfiscal general.
Al menos 12 funcionarios que actualmente ocupan cargos políticos en el Gobierno interino de Venezuela fueron señalados en informes previos por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas como presuntos responsables de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Según un documento de la misión, estas personas fueron identificadas anteriormente por su presunta participación en hechos que incluyen "cometer, ordenar, facilitar o contribuir" a la comisión de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. El organismo utiliza la permanencia de varios de ellos en posiciones de poder como un elemento para advertir sobre la continuidad de estructuras estatales vinculadas con la represión.
El señalamiento ocurre después de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y la posterior llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia interina. De acuerdo con el documento, varios funcionarios conservaron sus posiciones o asumieron nuevas responsabilidades dentro de la estructura gubernamental.
Entre los nombres mencionados figura Diosdado Cabello, actual ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, quien ha ocupado diversos cargos durante los gobiernos oficialistas. También aparece Gustavo Enrique González, ministro de Defensa desde marzo y antiguo director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
La lista incluye además a José Miguel Domínguez, conocido como «Miguelito», director de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana; Vladimir Padrino, ministro de Agricultura y antiguo titular de Defensa; y Ronny Fernando González, comisario general del SEBIN.
El documento también menciona al ministro de Alimentación, Carlos Leal; a Carmen Teresa Meléndez, alcaldesa del municipio Libertador; a Cruz Torrealba, alcaldesa de Aragua; a Alexander Granko, quien continúa en posiciones de alto nivel dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar; y a Fabio Enrique Zavarse, rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad.
Completan los 12 funcionarios señalados Iván Rafael Hernández, director de la principal empresa estatal de comunicaciones, y Tarek William Saab, exfiscal general.
La misión dedica además un apartado separado a otras seis personas que, aunque no forman parte del grupo de 12 señalado directamente, ocuparon anteriormente puestos de alta responsabilidad en instituciones identificadas por el organismo como vinculadas con la represión y continúan en las estructuras superiores del poder.
Entre ellas se encuentra la propia presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien anteriormente fue vicepresidenta y, según recuerda el documento, estuvo vinculada a la supervisión de actividades relacionadas con el SEBIN. También aparece su hermano Jorge Rodríguez, quien continúa al frente de la Asamblea Nacional, así como Alexis Rodríguez Cabello, actual director del SEBIN, y Julio José García Zerpa, ministro del Sistema Penitenciario.
La identificación de estos funcionarios no constituye por sí misma una condena judicial. La Misión de Determinación de los Hechos ha documentado y atribuido responsabilidades en informes anteriores, mientras que la permanencia de varios de los señalados en puestos de poder plantea interrogantes sobre la continuidad institucional y las garantías para una eventual rendición de cuentas por las violaciones denunciadas.