Nacho Montes de Oca | Non, monsieur Trump

Las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá avanzaban con dificultad, pero avanzaban. Hasta que Trump convirtió las normas lingüísticas de Quebec en una disputa comercial; Canadá respondió que la protección del francés y la cultura no eran negociables. En ese momento, la negociación quedó rota.

Lo que está en juego no es poco: el comercio bilateral supera los US$1,2 billones anuales. Estados Unidos es el principal socio comercial de Canadá, mientras Canadá es el segundo socio comercial de Estados Unidos y su principal mercado de exportación.

Canadá sostiene con Estados Unidos un intercambio diario de 2.600 millones de dólares bajo el T-MEC, con un sector automotriz que depende de cadenas de suministro cruzadas altamente integradas. El sector energético es el más estratégico: Canadá provee el 60% del petróleo crudo importado por EEUU, además de la mayoría de su gas natural y electricidad. Para Ottawa la dependencia es aún mayor: cerca de tres de cada cuatro dólares que Canadá exporta tienen como destino el mercado estadounidense.

Durante décadas esa interdependencia convivió con una relación política y militar extraordinariamente estrecha. Ambos países son miembros fundadores de la OTAN desde 1949 y comparten desde 1958 NORAD, el sistema conjunto de alerta y defensa aeroespacial que protege a ambos estados desde la Guerra Fría y el único comando militar binacional del mundo.

Canadá, sin conflicto propios durante siglos, acompañó a Estados Unidos en casi todos sus grandes despliegues del último siglo: la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la intervención en la Guerra Civil rusa, las guerras de Corea, del Golfo de 1991, Afganistán y en misiones conjuntas en Somalia, los Balcanes, Kosovo, Timor Oriental, Libia, la lucha contra ISIS y, más recientemente, la crisis del mar Rojo. Llegó a definir a Estados Unidos como su principal aliado y socio de defensa.

Ese vínculo empezó a cambiar con el regreso de Trump a la Casa Blanca. Lo que inicialmente parecía una disputa por aranceles terminó incorporando cuestiones mucho más sensibles: la soberanía canadiense, la identidad de Quebec e incluso la posibilidad de que Canadá dejara de existir como país independiente.

El último gran conflicto militar entre ambos países pertenece a otra época: la Guerra de 1812, cuando Estados Unidos intentó invadir la entonces colonia británica de Canadá y las fuerzas británicas y canadienses rechazaron el ataque. La guerra terminó en 1814 sin cambios territoriales y fue también la última gran guerra librada en territorio canadiense. Su desenlace dio paso a una larga etapa de cooperación que llevó la relación de la rivalidad a una de las asociaciones económicas, militares y estratégicas más profundas del mundo.

Trump terminó de dinamitar esa lógica con una idea repetida durante su presidencia: que Canadá debería convertirse en parte de los Estados Unidos. No fue una frase aislada. Ya en 2025, cuando aún gobernaba Justin Trudeau, Trump firmó los primeros aranceles del 25% a las importaciones canadienses invocando una emergencia nacional por inmigración y narcotráfico, y el propio Trudeau llegó a advertir que la amenaza de absorción era real y estaba relacionada con el acceso estadounidense a los recursos naturales de Canadá. Trudeau renunció pocas semanas después, tras casi una década en el poder, y el 14 de marzo de 2025 asumió Mark Carney, exgobernador de los bancos centrales de Canadá y de Inglaterra, con la promesa de plantarse frente a Washington.

Ese giro tuvo, además, un efecto electoral directo. A comienzos de 2025 los conservadores de Pierre Poilievre afines a MAGA aventajaban a los liberales por hasta 25 puntos en las encuestas y presagiaban una victoria de la oposición. Pero la seguidilla de aranceles y las amenazas de anexión de Trump —renovadas incluso el día de la votación— corrieron el eje de la campaña: dejó de discutirse el costo de vida y pasó a discutirse la soberanía.

Carney llamó a elecciones apenas asumió, y el 28 de abril de 2025 los liberales dieron vuelta el resultado con casi 44% de los votos, su mejor cosecha desde 1980, mientras Poilievre perdía su propia banca en el Parlamento. Fue, en los hechos, la primera elección nacional decidida más por la reacción a un presidente extranjero que por la agenda doméstica.

Desde su asunción, Carney no lo tuvo fácil. Los aranceles escalaron en oleadas sucesivas: al 25% inicial le siguieron gravámenes del 25% a los automóviles y del 50% al acero y al aluminio. En agosto de 2026, una nueva ronda de aranceles del 50% alcanzó unos US$20.000 millones de productos canadienses, alrededor del 5% de las exportaciones de Canadá a Estados Unidos, además de otros gravámenes sectoriales.

Canadá respondió con represalias por unos 30.000 millones de dólares canadienses sobre productos estadounidenses. Washington acusó a Ottawa de discriminar autos, bebidas alcohólicas y productos lácteos estadounidenses; Carney acusó a Trump de usar la integración económica como un arma. No era la primera vez que Trump reescribía las reglas comerciales con sus vecinos: ya en su primer mandato había forzado la renegociación del viejo TLCAN hasta convertirlo en el actual T-MEC.

Ese poder, sin embargo, encontró un límite dentro de Estados Unidos. En febrero de 2026 la Corte Suprema falló, por 6 votos a 3, que la ley de emergencia que Trump venía invocando para justificar buena parte de sus aranceles —la IEEPA— no lo autorizaba a imponerlos, porque esa facultad pertenece constitucionalmente al Congreso. La Casa Blanca debió entonces recurrir a otras vías legales, como las secciones 232 y 301 de la legislación comercial, para sostener la presión sobre Canadá y el resto del mundo. El episodio mostró que la ofensiva arancelaria de Trump, aun siendo agresiva, convive con contrapesos institucionales que también forman parte de esta historia.

El otro limite, más lento, pero potencialmente más categórico, podría llegar por las urnas estadounidenses. La aprobación de Trump cayó a 35% hacia agosto de 2026 según el monitoreo de The Economist —su peor nivel en ambos mandatos—, y su manejo de la economía y la inflación recibe una calificación igual de baja.

Un informe de la Reserva Federal de Nueva York estimó que cerca del 90% del costo de los aranceles termina cayendo sobre las empresas y los consumidores locales, no sobre los exportadores extranjeros. La herramienta utilizada para presionar a Canadá termina trasladando buena parte de ese costo a los propios estadounidenses.

El costo de vida se convirtió así en el eje de la campaña hacia las elecciones legislativas de noviembre de 2026, en las que los demócratas aspiran a recuperar el control del Congreso, y hasta seis republicanos desafiaron a Trump en la Cámara de Representantes para votar por eliminar los aranceles a Canadá.

El caso más visible es Michigan, un estado clave que Trump ganó en 2024 y cuya industria automotriz depende en gran medida de las cadenas de suministro canadienses: los propios fabricantes advirtieron que los aranceles encarecieron su producción, y el propio Trump debió viajar al estado en julio de 2026 para defender una política que, según dirigentes republicanos locales, podría costarle votos en noviembre.

La resistencia, además, no fue solo institucional ni se acota a los gobiernos. En las provincias canadienses surgió el movimiento "Compre canadiense", que llevó a varios gobiernos a retirar el alcohol estadounidense de los comercios estatales y a los consumidores a evitar productos de EEUU de forma deliberada.

El impacto fue medible: entre enero y septiembre de 2025 las exportaciones estadounidenses de bourbon y whisky a Canadá cayeron 60%, las de vodka 71% y las de ginebra 76%, según datos de la industria estadounidense de bebidas destiladas (DISCUS). Los viajes de canadienses hacia Estados Unidos también se derrumbaron, al punto de contribuir a que el turismo receptivo estadounidense encadenara nueve meses consecutivos de caída hacia comienzos de 2026, de acuerdo con cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos. La resistencia bajó así de los despachos oficiales a las decisiones cotidianas de consumo: la disputa dejó de ser un asunto exclusivo de gobiernos.

El siguiente frente apareció dentro de la propia Canadá. El separatismo no nació con Trump: Quebec tiene una larga tradición independentista que en 1995 llegó a un referéndum que el país entero recuerda por su margen mínimo —50,58% por el No frente a 49,42% por el Sí—, y que dejó una herida abierta después de que los intentos de darle a la provincia un estatus especial dentro de la Constitución, los acuerdos de Meech Lake (1987) y Charlottetown (1992), fracasaran. La defensa del principio francófono es también un mensaje de unidad política interna.

Alberta, por su parte, arrastra su propio rechazo al poder federal: en 2019-2020 surgió con fuerza el movimiento Wexit, que llegó a plantear la separación de Alberta y Saskatchewan, y en 2020 apareció una organización que promovía directamente que Alberta se incorporara a Estados Unidos.

En 2026 el asunto adquirió una dimensión distinta. Dirigentes del movimiento separatista Alberta Prosperity Project se reunieron en Washington con funcionarios de la administración Trump para discutir el futuro de una eventual Alberta independiente, mientras juntaban firmas para forzar un referéndum. La premier Danielle Smith terminó convocando una consulta para el 19 de octubre de 2026 en la que, entre otras preguntas, se someterá a votación si Alberta debe seguir explorando un camino hacia la separación.

El apoyo a la independencia ronda el 30% en Alberta según encuestas recientes —cuatro puntos más que en 2021—, y en Quebec una medición reciente ubicó ese apoyo en el 33%, aunque en ambas provincias la mayoría sigue prefiriendo seguir dentro de Canadá. Nada de esto demuestra que la política exterior de EEUU apoye el separatismo ni que Washington controle esos movimientos, pero sí que una eventual fractura territorial canadiense comenzó a incorporar un actor externo de peso: el movimiento MAGA y sus vínculos con sectores separatistas, en un debate que históricamente había sido interno.

Y entonces apareció Quebec. Canadá es oficialmente bilingüe, pero el francés tiene su centro demográfico y cultural en esa provincia, que concentra el 87,6% de los francófonos del país, el 21,8% de la población canadiense y cerca del 19,8% del PBI de Canadá —9,1 millones de habitantes con un ingreso per cápita de unos US$54.300—. Casi 8 de los 41 millones de canadienses tienen el francés como primera lengua, y existen además comunidades francófonas relevantes en Nuevo Brunswick, Ontario, Manitoba y las provincias atlánticas.

Las normas lingüísticas de la provincia obedecen a esa realidad: la Carta de la Lengua Francesa establece al francés como lengua oficial y común, y regula su uso en el trabajo, los negocios y el comercio. No se trata, por tanto, de una medida improvisada para perjudicar a las empresas estadounidenses.

El conflicto comenzó cuando Washington convirtió esas reglas en una cuestión comercial. Trump cuestionó las exigencias lingüísticas de Quebec y las trató como una barrera para las empresas estadounidenses. Estados Unidos comercia sin contratiempos con Francia, donde el francés también es lengua oficial y existen normas que regulan su uso en la actividad económica, sin convertirlas en una disputa comparable.

La contradicción es difícil de ignorar: acepta las reglas culturales de Francia, pero usa su poder económico para cuestionar las de Quebec. Y cuando esa presión se combina con los aranceles, las amenazas de anexión y los contactos de separatistas occidentales con funcionarios estadounidenses, el conflicto deja de parecer exclusivamente comercial.

Eso también se refleja en el nuevo puente Gordie Howe, que une Windsor, en Ontario, con Detroit, en Míchigan. Trump exigió a Canadá el 50% de la propiedad y los beneficios de esa obra, valuada en 4.400 millones de dólares y costeada enteramente por los canadienses, bajo la amenaza de bloquear su apertura comercial. Al fracasar las negociaciones, Canadá la inauguró en solitario en julio de 2026.

El estilo negociador de Trump provocó así un cambio histórico. Durante más de dos siglos, Estados Unidos y Canadá pasaron de hacerse la guerra a construir una frontera prácticamente desmilitarizada, una economía integrada y una defensa continental compartida. A diferencia de sus antecesores, Trump usa ahora la principal ventaja estadounidense —su enorme poder económico— para presionar a un vecino cuya economía depende profundamente de ese mercado.

Los aranceles dejan entonces de ser solamente un arma comercial y se convierten en un instrumento de presión política sobre la identidad, la soberanía y hasta la integridad territorial de otro país. Por primera vez en generaciones, Ottawa tiene motivos para preguntarse si su principal aliado quiere negociar con Canadá o someterlo.

Este conflicto no pasa desapercibido en terceros países. La idea de imponer condiciones que van más allá de lo comercial se repite en otros frentes: el cuestionamiento a las políticas culturales europeas y el apoyo a partidos antieuropeístas, la injerencia en procesos políticos internos como en Brasil, el respaldo al chavismo en Venezuela, o el castigo con la quita de visados a funcionarios chilenos que negociaron un cable de datos con China. Por eso, más allá del monto comercial en juego, hay un trasfondo en el que Canadá funciona como caso testigo: su respuesta se observa con atención para calibrar hasta dónde puede aplicarse un freno a este tipo de presiones.

Considerando los roces generados por Groenlandia, por la unidad de la OTAN, por las Islas Mauricio, por el apoyo a Taiwán y Corea del Sur y tantos otros que surgieron desde enero de 2025 y que antes no existían, el desenlace de esta disputa se torna aún más interesante y relevante.

Llegado a este punto cabe preguntarse si el conflicto real es el idioma francés canadiense o si el conflicto es Trump.

Porque detrás de los aranceles, Quebec, Alberta, el estado 51 y hasta el puente Gordie Howe aparece una cuestión mucho más profunda: qué tipo de relación puede tener Estados Unidos con sus aliados cuando utiliza su formidable poder económico no solo para negociar, sino para presionar sobre su política, su identidad y su soberanía.

Ese es el verdadero tamaño de la apuesta canadiense. Y también la razón por la que el desenlace será observado mucho más allá de América del Norte.

Como escribió Antoine de Saint-Exupéry en El Principito: “L'essentiel est invisible pour les yeux”.
“Lo esencial es invisible a los ojos.”

¿Alguien puede imponer la obligación de traducir esa idea al inglés?