Asdrubal Oliveros | La economía también se sienta (y espera)...

El primer avance y asomo de acuerdo entre el chavismo y la oposición para renovar la totalidad de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia tiene una dimensión política evidente, pero también una lectura económica que no debemos subestimar. Lo que ocurra en esa mesa durante los próximos meses puede comenzar a modificar las expectativas sobre Venezuela y, eventualmente, las decisiones de inversión. Pero para que eso suceda no bastará con nuevos acuerdos. La clave estará en su ejecución, en las garantías para su cumplimiento y en la capacidad de construir instituciones que reduzcan la enorme incertidumbre que todavía rodea al país.

Venezuela necesita inversión y capital, tanto nacional como extranjero, para recuperar su capacidad productiva. Pero el capital necesita algo más que oportunidades de negocio: necesita reglas, seguridad jurídica, instituciones confiables y mecanismos para resolver controversias. Por eso, la discusión sobre el Tribunal Supremo de Justicia tiene una consecuencia económica directa. Si el proceso termina produciendo un TSJ con mayor independencia, legitimidad y capacidad para hacer cumplir las reglas, estaríamos hablando de una mejora relevante en uno de los componentes centrales del riesgo venezolano.

Hay que evitar, sin embargo, dos extremos: minimizar lo ocurrido o asumir que un primer acuerdo significa que los problemas institucionales están resueltos. Los inversionistas van a mirar menos los comunicados y mucho más la ejecución. ¿Cómo se seleccionarán los nuevos magistrados? ¿Qué grado de independencia tendrán? ¿Qué otros acuerdos puede producir la mesa? ¿Cuál será el cronograma? Y, sobre todo, ¿qué garantías existen de que lo acordado efectivamente se cumpla? Como dice la sabiduría popular, el diablo está en los detalles.

Aquí aparece un elemento que considero fundamental: el papel de Estados Unidos como garante. Venezuela acumula demasiadas negociaciones, compromisos y acuerdos políticos que posteriormente no se ejecutaron o terminaron diluyéndose. La credibilidad, por tanto, es un activo escaso. El involucramiento estadounidense puede ayudar a construir mecanismos de cumplimiento y elevar el costo político de desconocer lo acordado. Para los inversionistas internacionales, esa garantía puede terminar siendo casi tan importante como el contenido de los propios acuerdos. Esto por supuesto tiene un riesgo asociado: los acuerdos pueden estar pensados para garantizar los intereses de Estados Unidos y no necesariamente los de Venezuela, pero dado el punto donde estamos es un riesgo que hay que correr.

La credibilidad de esta mesa se construirá paso a paso. Cada compromiso que se ejecute aumentará la confianza en el siguiente; cada incumplimiento hará exactamente lo contrario. En una economía donde la incertidumbre política e institucional ha condicionado durante años las decisiones empresariales, este proceso puede comenzar a cambiar expectativas, pero necesitará acumular evidencia de que esta vez los acuerdos tienen consecuencias reales.

Los recursos también importan

Hay otra dimensión de la negociación que puede tener consecuencias mucho más inmediatas. Venezuela mantiene importantes activos y recursos en el exterior cuyo acceso está condicionado por restricciones legales, financieras y políticas. Nuestras estimaciones indican que esos recursos podrían superar los US$10.000 millones.

Después del terremoto del 24 de junio, acceder de manera ordenada y transparente a una parte de esos fondos podría representar una diferencia importante para el país. Venezuela enfrenta necesidades extraordinarias de reconstrucción en momentos en que el Estado tiene un margen fiscal muy limitado. Si la negociación permite establecer mecanismos aceptados por las partes y respaldados internacionalmente para movilizar esos recursos, podrían financiarse proyectos de infraestructura, vivienda y recuperación de servicios públicos sin trasladar toda esa presión sobre las cuentas fiscales.

La electricidad debería ocupar un lugar prioritario. El deterioro del sistema eléctrico se ha convertido en una de las restricciones más importantes para la actividad empresarial y para la calidad de vida de los venezolanos. Recuperarlo requiere inversiones multimillonarias y sostenidas durante varios años. Los recursos que Venezuela mantiene en el exterior no van a resolver por sí solos un problema acumulado durante décadas, pero sí podrían financiar reparaciones urgentes, generación, transmisión, mantenimiento y proyectos que permitan comenzar a estabilizar el sistema.

Además, movilizar estos fondos bajo esquemas de administración transparentes, auditables y con participación de organismos internacionales podría tener un beneficio adicional: comenzar a establecer una nueva forma de manejar los recursos públicos. En un proceso de reconstrucción donde las necesidades son enormes y el dinero escaso, la transparencia no puede ser un elemento accesorio.

Conseguir dinero no resuelve la macroeconomía

Ahora bien, sería un error pensar que recuperar activos en el exterior, aumentar los ingresos petroleros o conseguir financiamiento internacional será suficiente para estabilizar Venezuela. El país necesita un plan económico integral que corrija los desequilibrios macroeconómicos que todavía condicionan cualquier recuperación sostenible.

Ese programa debe partir de un problema que hemos arrastrado durante años: el desequilibrio fiscal y su impacto sobre la política monetaria, la inflación y el tipo de cambio. Venezuela necesita ordenar sus cuentas públicas, limitar el financiamiento monetario del déficit, profundizar y transparentar el mercado cambiario, reconstruir reservas internacionales, recuperar progresivamente el crédito y crear condiciones para que el sector privado pueda invertir con horizontes más largos y contar con salarios competitivos que permitan aumentar la base de consumo y el tamaño de mercado.

Sin ese marco, existe el riesgo de conseguir recursos extraordinarios y utilizarlos simplemente para administrar los mismos desequilibrios. Podemos recibir más dólares, recuperar activos o incrementar los ingresos petroleros, pero si no cambia la arquitectura de la política económica, esos recursos terminarán comprando tiempo en lugar de construir estabilidad.

La reconstrucción física tiene que ir acompañada de una reconstrucción macroeconómica.

Y precisamente por eso hay otro tema que ojalá pueda incorporarse a la negociación: el Banco Central de Venezuela. Sería una señal extraordinariamente poderosa que las partes pudieran acordar el nombramiento de una nueva junta directiva independiente, integrada por profesionales con credenciales técnicas y verdadera autonomía frente al Ejecutivo.

Recuperar la credibilidad de la política monetaria exige reconstruir la institucionalidad del BCV, fortalecer su autonomía, recuperar la calidad y oportunidad de las estadísticas económicas y establecer límites claros al financiamiento monetario del gasto público. No se trata simplemente de cambiar nombres. Se trata de recuperar una institución fundamental para cualquier programa serio de estabilización.

Un Tribunal Supremo más independiente puede contribuir a recuperar la seguridad jurídica. Un Banco Central independiente puede comenzar a reconstruir la credibilidad de la política monetaria. Un programa económico coherente puede corregir los desequilibrios. Y el acceso transparente a los recursos venezolanos en el exterior puede ayudar a financiar la reconstrucción. Son piezas distintas, pero forman parte del mismo problema.

La economía espera

En el corto plazo, no esperaría que este primer acuerdo produzca por sí mismo un cambio sustancial en la actividad económica. Su efecto inicial será principalmente sobre las expectativas. Empresas e inversionistas observarán cómo evoluciona la mesa, qué nuevos acuerdos aparecen y, sobre todo, si los primeros compromisos efectivamente se cumplen.

Si eso ocurre, si Estados Unidos logra ejercer un papel efectivo como garante y si comienzan a habilitarse recursos externos para la reconstrucción, la percepción de riesgo podría reducirse gradualmente. Algunas empresas podrían comenzar a ejecutar inversiones que hoy mantienen en espera y nuevos inversionistas podrían empezar a mirar Venezuela con una perspectiva diferente. Pero ese proceso será gradual porque reconstruir confianza toma mucho más tiempo que destruirla.

En el mediano plazo, las consecuencias pueden ser bastante mayores. Venezuela necesita capital privado, pero también necesita reconstruir bienes públicos, corregir sus desequilibrios macroeconómicos y recuperar instituciones. Una economía no vuelve a crecer sostenidamente solamente porque aumenten los ingresos petroleros o entren más dólares. Necesita electricidad, infraestructura, justicia, estabilidad monetaria, financiamiento y reglas que permitan transformar esos recursos en inversión productiva.

Por eso creo que lo ocurrido debe observarse con atención, pero también con prudencia. La señal positiva no es únicamente que chavismo y oposición hayan alcanzado un acuerdo. La verdadera prueba comienza ahora: cumplirlo, avanzar hacia nuevos consensos y construir garantías suficientemente creíbles para que venezolanos, empresas e inversionistas comiencen a tomar decisiones con un horizonte más largo.

La política está sentada en la mesa negociando. La economía, por ahora, también se sienta. Pero espera. Espera acuerdos, instituciones, garantías y un programa económico que permita creer que esta vez los cambios pueden ser sostenibles.