Informe alerta que 26 grupos criminales operan en la zona minera de Venezuela
SOS Orinoco y Fundación para el Debido Proceso identificaron 26 grupos armados en Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. ELN y disidencias de las FARC tendrían presencia en 16 de los 21 municipios de la región analizada. Las organizaciones denuncian una pérdida progresiva del control institucional, vinculada con minería ilegal, corrupción y economías ilícitas
Al menos 26 grupos armados organizados (GAO) operan en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, territorios donde se concentra buena parte de la actividad minera del sur de Venezuela, según un informe elaborado por SOS Orinoco y la Fundación para el Debido Proceso.
La investigación, que analiza información correspondiente al período 2022-2026, identifica al estado Bolívar como el principal foco de actividad criminal. De acuerdo con el documento, grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC mantienen presencia en zonas estratégicas dedicadas a la extracción de oro.
Las organizaciones advierten que estos grupos no se limitarían a las actividades mineras ilegales, sino que ejercerían funciones de control económico y social sobre comunidades ubicadas en los territorios donde operan.
El informe señala que existe un presunto esquema de “gobernanza criminal híbrida”, caracterizado por distintos niveles de tolerancia, coexistencia y presunta colaboración entre actores estatales y organizaciones armadas.
Minería, extorsión y trata de personas
Según el estudio, la extracción ilegal de oro constituye la principal fuente de ingresos de los grupos armados, aunque sus actividades se habrían diversificado hacia el tráfico de drogas y armas, la extorsión y la trata de personas con fines de explotación sexual en campamentos mineros y sus alrededores.
El ELN y las disidencias de las FARC serían las organizaciones con mayor presencia territorial, al estar identificadas en 16 de los 21 municipios analizados, equivalente al 76,1 %.
La investigación también documenta presuntas alianzas entre grupos colombianos y organizaciones criminales brasileñas, entre ellas Comando Vermelho y Familia do Norte, principalmente para facilitar rutas de salida de oro y estupefacientes.
Las ONG sostienen además que la operación de estas estructuras estaría vinculada con la participación o tolerancia de funcionarios civiles y militares, particularmente en el control de combustible, insumos y rutas utilizadas para la actividad minera.
Pérdida del control institucional
SOS Orinoco y la Fundación para el Debido Proceso advierten que la situación representa una “progresiva pérdida institucional del territorio”, donde la violencia, la corrupción, las economías ilícitas y el deterioro ambiental estarían funcionando de manera interconectada.
El informe fue divulgado pocos días después del asesinato del capitán indígena Julio Rodríguez, quien, según denuncias de voceros de la comunidad, había sido secuestrado por integrantes de las disidencias de las FARC en Mapoyo, estado Bolívar.
Ante este panorama, las organizaciones consideran que recuperar el Estado de Derecho en el sur de Venezuela requiere no solo operaciones de seguridad contra los grupos armados, sino también reformas institucionales profundas que permitan recuperar el control efectivo del territorio.