Alfonso Hernández Ortiz | El Tribunal Supremo de Justicia y la reconstrucción institucional de Venezuela

En Venezuela hemos discutido durante años quién gobierna, quién gana una elección, quién controla la Asamblea Nacional y quién representa a la oposición. Mucho menos hemos hablado de una pregunta que, a mi juicio, es todavía más importante, quién controla jurídicamente a quien gobierna. Allí aparece el Tribunal Supremo de Justicia, no como un actor secundario, sino como una pieza central de cualquier democracia que aspire a ser algo más que una competencia periódica por el poder. La Constitución le reserva una función decisiva, garantizar la supremacía constitucional, resolver controversias entre poderes, proteger derechos y actuar como límite frente a los excesos del Estado. Por eso, como abogado y como politólogo, siempre he pensado que la calidad de una democracia no se mide solamente por la forma en que se elige a un presidente, sino también por la existencia de jueces capaces de decirle que no cuando cruza los límites de la ley.

Montesquieu entendió con claridad que la libertad política depende de impedir que las funciones esenciales del Estado se concentren en una sola voluntad. La separación de poderes no es una fórmula decorativa ni una simple distribución administrativa, es una garantía contra el abuso. Alexander Hamilton, al reflexionar sobre el Poder Judicial en El Federalista, insistió en que los jueces debían actuar con independencia precisamente porque su función era interpretar la Constitución frente a las decisiones de los otros poderes. Esa idea conserva una vigencia enorme para Venezuela. El TSJ no debería existir para acompañar al gobierno ni para compensar a la oposición, debería existir para que cualquier ciudadano, oficialista u opositor, pueda acudir a él con la certeza de que su causa será examinada conforme al Derecho y no según la conveniencia política del momento. La independencia judicial comienza exactamente allí, cuando el juez deja de mirar hacia el poder antes de mirar hacia la Constitución.

El problema venezolano es que durante buena parte de los últimos veintisiete años esa confianza se fue erosionando. No se trata únicamente de una sentencia, de una designación o de una reforma particular, sino de la acumulación de decisiones que terminaron instalando en una parte importante de la sociedad la percepción de que el Tribunal Supremo dejó de ser un contrapeso efectivo y pasó a formar parte de la misma arquitectura política que debía controlar. La Sala Constitucional tuvo un papel decisivo en ese proceso, especialmente cuando comenzó a resolver conflictos de enorme trascendencia política entre poderes públicos y, en la práctica, a definir los márgenes de actuación de la Asamblea Nacional y de otros órganos del Estado. Desde el derecho, esa evolución es especialmente delicada porque la justicia no vive solo de autoridad formal, vive también de legitimidad. Un tribunal puede tener competencia constitucional para decidir y, sin embargo, perder fuerza democrática si la ciudadanía siente que el resultado responde de antemano a una parcialidad. Cuando eso ocurre, la separación de poderes permanece escrita, pero empieza a desaparecer en la práctica.

Las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 llevaron esa crisis al terreno donde la legitimidad institucional se vuelve más sensible, el voto. La Sala Electoral asumió un papel decisivo en una controversia que exigía no solo una decisión, sino un nivel de transparencia capaz de convencer. Allí estuvo, en mi opinión, uno de los problemas centrales. En una elección cuestionada, la justicia electoral no puede limitarse a declarar un resultado, tiene que mostrar el recorrido probatorio que sostiene su conclusión. Actas, datos desagregados, criterios de revisión, evidencia contrastable y motivación jurídica no son detalles técnicos, son la base de la confianza. Cuando el ciudadano no puede verificar lo que el tribunal afirma, la decisión puede cerrar un expediente, pero no necesariamente cerrar la crisis de legitimidad. Y en una democracia, esa diferencia importa mucho.

Giovanni Sartori explicó que la democracia no consiste solo en mayoría, sino también en límites, reglas y estructuras capaces de impedir que quien gana convierta su victoria en dominio permanente. Esa observación sirve perfectamente para comprender por qué el TSJ debe ocupar un lugar central en cualquier transición venezolana. No basta con organizar elecciones si quien interpreta la Constitución depende políticamente de uno de los contendientes. Tampoco basta con renovar autoridades si el sistema judicial continúa funcionando como prolongación del poder. La democracia requiere alternancia, pero también requiere árbitros que sobrevivan a la alternancia. El verdadero examen institucional llegará cuando un gobierno opositor tenga que aceptar una sentencia desfavorable y cuando un sector hoy oficialista pueda acudir al mismo tribunal y sentirse protegido. Si la justicia cambia de dueño cada vez que cambia la correlación política, no hemos construido independencia, hemos sustituido una dependencia por otra.

Por eso observo con atención la discusión institucional que hoy se desarrolla en torno a la renovación del Tribunal Supremo y a los mecanismos para seleccionar nuevos magistrados. Me parece una oportunidad importante, pero también una prueba que puede definir buena parte de la credibilidad de la transición. Lo verdaderamente relevante no será cuántos nombres corresponden a cada sector ni qué bloque consigue mayor influencia en el nuevo tribunal. Si el resultado termina siendo una distribución de cuotas entre fuerzas políticas, habremos cometido el mismo error con una correlación distinta. El país necesita un proceso de selección capaz de privilegiar trayectoria, competencia profesional, integridad, independencia personal y escrutinio público. Necesita reglas conocidas, procedimientos transparentes y magistrados que no deban su permanencia a la lealtad con quienes facilitaron su nombramiento.

También debemos entender que la independencia judicial no termina el día de la designación. Un magistrado puede llegar al cargo mediante un procedimiento impecable y perder su autonomía después si su estabilidad, sus recursos o su futuro profesional dependen de agradar al poder político. La verdadera independencia exige garantías institucionales, autonomía presupuestaria, estabilidad, transparencia y una cultura jurídica en la que una sentencia contraria al Ejecutivo no convierta al juez en enemigo y una sentencia favorable tampoco lo convierta en aliado. Ese cambio cultural es probablemente más difícil que cambiar nombres, pero es también más importante. Venezuela necesita jueces que puedan equivocarse jurídicamente, como ocurre en cualquier democracia, pero no jueces que tengan que calcular políticamente el costo de decidir.

El TSJ que espero para la Venezuela que viene no debe ser chavista, opositor, de transición ni de Washington, debe ser venezolano y constitucional. Debe ser un tribunal capaz de proteger a quien hoy piensa distinto, controlar al gobierno que mañana pueda resultar popular, resolver una controversia electoral mostrando sus pruebas y recordarle a cualquier presidente que el poder tiene fronteras. Allí estará, para mí, una de las verdaderas señales de que la transición dejó de ser una promesa y empezó a convertirse en República. Porque el cambio más profundo no llegará cuando sustituyamos a quienes mandan, llegará cuando logremos que nadie pueda volver a mandar sin límites.