Daniel garcia Arellano | La renuncia total para desmantelar el Fraude y la ilegitimidad
La crisis de legitimidad institucional que atraviesa Venezuela no representa un evento coyuntural ni un exabrupto reciente de la dinámica política nacional. Por el contrario, es el resultado previsible de un proceso sistemático y deliberado de degradación democrática perpetrado durante décadas.
A lo largo de los últimos años, los procesos electorales en el país han estado marcados por denuncias fehacientes de ventajismo oficialista, ausencia de condiciones de equidad, supresión de auditorías independientes y una abierta manipulación del sistema automatizado de votación. Todo este entramado consolidó un ecosistema donde el ejercicio del voto fue despojado progresivamente de su condición soberana, convirtiéndose en un mero trámite administrativo tutelado por el régimen de turno.
Sin embargo, el punto de inflexión definitivo e irreversible de este modelo se evidenció en la jornada de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Aquel día, la determinación cívica de los ciudadanos venezolanos, articulada bajo el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, logró lo que el régimen juzgaba imposible: la recopilación, digitalización y sistematización de las actas de votación en la casi totalidad de las mesas del país. La contundencia de estas pruebas demostró, de manera irrefutable, una victoria abrumadora de la alternativa democrática.
Ante la evidencia matemática y social, el Consejo Nacional Electoral se vio incapaz de presentar los respaldos legales y desagregados que sustentaran el supuesto triunfo de Nicolás Maduro. Esta opacidad, sumada a los informes técnicos e investigaciones de inteligencia internacional —incluyendo pronunciamientos de altos voceros del gobierno de Estados Unidos que confirmaron la manipulación y alteración de los sistemas de transmisión electrónica—, terminó por derribar la última fachada de legalidad que le quedaba al sistema.
El resultado del 28J operó como el gran detonante que expuso la verdadera naturaleza del poder en Venezuela. Si la cumbre del Poder Ejecutivo carece de origen legítimo por sustentarse en la opacidad electoral, el efecto dominó sobre el resto de las instancias del Estado es inmediato e ineludible. Quienes actualmente ostentan los cargos de gobernadores, alcaldes, concejales legislativos regionales, concejales municipales y diputados a la Asamblea Nacional carecen de legitimidad de origen. Todos ellos son productos directos o colaterales de un diseño comicial amañado y viciado.
En el mapa político actual, la presencia de autoridades genuinamente opositoras en el ejercicio de la función pública es prácticamente inexistente o marginal. La abrumadora mayoría de quienes ocupan los despachos regionales y locales pertenecen al partido de gobierno o a sectores aliados que han cohabitado con el poder. Resulta profundamente incongruente y contradictorio pretender llevar a cabo un proceso de transición pacífica y refundación democrática mientras las estructuras territoriales del país continúan bajo el mando de funcionarios cuya investidura emana de la misma maquinaria fraudulenta.
Esta situación se agrava al constatar el grado de descomposición ética y administrativa que arropa a las instituciones. La vocación de servicio público y la sensibilidad social han sido sustituidas por el sometimiento a dinámicas corporativas y redes de corrupción. En las gobernaciones y alcaldías, la gestión diaria no responde a la solución de las dramáticas carencias en los servicios básicos o la salud de las comunidades, sino al mantenimiento de privilegios burocráticos y al saqueo descarado de los pocos recursos financieros que aún administra el Estado. Es lo que popularmente se conoce como el acto de "raspar la olla" en la fase terminal de un proyecto político agotado. Los funcionarios se han convertido en custodios de intereses particulares y mafiosos, provocando un distanciamiento abismal entre la ciudadanía y la clase política gobernante.
Asimismo, es menester comprender el alcance global de este fenómeno. Venezuela se convirtió en el laboratorio y centro de exportación de un modelo de manipulación electoral y social que buscaba erosionar las democracias tradicionales e imponer agendas autocráticas en la región. Por ello, la depuración de estas prácticas ilegales en suelo venezolano no es solo un deber patriótico, sino un imperativo para la estabilidad democrática de todo el hemisferio.
Plantearle al país y a las autoridades actuales la exigencia de su renuncia inmediata puede sonar, a primera vista, como una propuesta irreal o efímera ante la naturaleza autoritaria del régimen. Sin embargo, este planteamiento posee una fuerza moral insoslayable. Exigir la renuncia de gobernadores, alcaldes, legisladores y concejales es colocar una línea clara de demarcación ética. Ponemos a prueba la reserva moral que pudiera quedarle a cada individuo que ejerce el poder público. Si a alguno de estos ciudadanos le queda un ápice de dignidad, honestidad familiar o compromiso ético, debe poner su cargo a la orden para facilitar una transición ordenada y restituir la soberanía al pueblo venezolano.
Un país no puede reconstruirse sobre los cimientos de la estafa política. La permanencia de autoridades ilegítimas representa un obstáculo insalvable para cualquier plan de desarrollo, gobernabilidad o justicia. La creación de un nuevo Consejo Nacional Electoral y la reestructuración completa de las instituciones solo serán efectivas si van acompañadas por la salida de quienes personifican la usurpación en cada rincón de la geografía nacional. La renuncia generalizada no es una concesión; es la única respuesta ética coherente frente al clamor de una nación que ya decidió su destino.