José Ignacio Moreno León | Venezuela: La Mesa de Negociación, el cronograma y el mandato de sensatez

La instalación de la mesa de negociación entre representantes del oficialismo y sectores de la oposición venezolana abre una posibilidad que, hasta hace poco, parecía políticamente improbable: que las partes enfrentadas durante años acepten finalmente que ninguna puede resolver por sí sola la tragedia venezolana. Pero conviene decirlo desde el principio: sentarse a negociar no es todavía un logro político. Es apenas una oportunidad. Y las oportunidades, en política, se pierden cuando se confunden con resultados.

La primera ronda de conversaciones ha producido tres elementos que merecen especial atención: la decisión de negociar, la definición de una agenda y el establecimiento de un cronograma. Los tres son importantes, pero ninguno garantiza por sí mismo que Venezuela avance hacia una solución democrática. El verdadero desafío comienza ahora. Negociar no significa capitular Hay quienes temen que cualquier negociación con el régimen implique una claudicación de los principios democráticos. Otros, por el contrario, parecen asumir que el simple hecho de sentarse en una mesa es suficiente para justificar concesiones. Ambas posiciones son equivocadas.

Negociar es precisamente intentar alcanzar objetivos políticos mediante acuerdos, sin renunciar a los principios fundamentales que justifican la negociación. Venezuela necesita una negociación política, pero no una negociación para administrar indefinidamente el autoritarismo. Necesita acuerdos que permitan recuperar la República, no arreglos destinados a repartir cuotas de poder entre las élites. Por eso la mesa debe tener objetivos concretos: reconstrucción institucional, garantías políticas, liberación de presos políticos, retorno seguro de los exiliados, independencia de los poderes públicos, recuperación de las libertades ciudadanas y un sistema electoral que permita a los venezolanos elegir libremente. No se trata de exigirlo todo de una vez. Se trata de saber hacia dónde se quiere llegar. El cronograma es la primera prueba El establecimiento de un cronograma constituye uno de los elementos más importantes de esta primera etapa. ¿Por qué? Porque Venezuela conoce demasiado bien la historia de las negociaciones sin fecha de vencimiento. Ha conocido diálogos utilizados para ganar tiempo, dividir a la oposición, desmovilizar a la sociedad y reducir la presión internacional. Por eso esta vez el cronograma no puede ser un simple calendario de reuniones. Cada fecha debe corresponder a un compromiso. Cada compromiso debe tener mecanismos de verificación. Y cada incumplimiento debe producir consecuencias políticas. De lo contrario, estaremos nuevamente ante una mesa destinada a administrar la frustración.

El país no necesita otra fotografía de dirigentes alrededor de una mesa. Necesita resultados. La sensatez como estrategia política Hay una palabra que debe recuperar protagonismo en la política venezolana: sensatez. Sensatez no significa debilidad. Significa entender la correlación de fuerzas, reconocer las dificultades de una transición y actuar con inteligencia para conseguir lo posible sin abandonar lo esencial. La política democrática exige capacidad para distinguir entre principios y estrategias. El objetivo no puede ser simplemente derrotar al adversario. El objetivo debe ser reconstruir un país en el que quienes hoy son adversarios puedan coexistir mañana bajo reglas democráticas. Eso exige una visión de Estado.

Pero la sensatez también tiene límites. No puede utilizarse como argumento para justificar la impunidad. La reconciliación nacional no significa borrar la memoria ni desconocer las responsabilidades individuales por violaciones de derechos humanos. Reconciliación no es impunidad. Justicia no es venganza. Y transición no puede significar simplemente cambiar los nombres de quienes ocupan el poder.

El papel de Estados Unidos

La participación de Estados Unidos agrega una dimensión decisiva al proceso. Washington tiene capacidad de presión, influencia económica y diplomática y, sobre todo, capacidad para contribuir a que los acuerdos sean creíbles y verificables. Pero su papel como tutor y agente protagónico, debe ser el de acompañante y garante, no el de sustituto de la voluntad política de los venezolanos. La democracia venezolana no puede ser diseñada desde Washington, Caracas, Madrid o cualquier otra capital. Debe ser recuperada por los venezolanos, sin complejos  populistas ni resabios patrioteros, porque sería ingenuo desconocer que una transición de esta magnitud, dada la notable importancia de Venezuela por sus reservas energéticas y mineras y ubicación geográfica,  requiere respaldo internacional, en el contexto de las nuevas realidades geopolíticas que como lo señaló Marcos Rubio en febrero durante la Múnich Security Conference 2026, se requiere que Occidente recupere soberanía, orden y defensa frente a las amenazas estructurales que afectan las democracias, lo que implica reforzar el Estado-Nación, promover alianzas estratégicas y realismo frente a realidades abstractas. Y en ese terreno Estados Unidos puede desempeñar un papel fundamental: ayudar a garantizar que los compromisos sean respetados y que ninguna de las partes pueda utilizar la negociación para ganar tiempo indefinidamente.

Los presos políticos no pueden ser una nota al pie Hay además un tema que debería ocupar un lugar central en cualquier negociación seria: los presos políticos y los venezolanos perseguidos por razones políticas. No puede hablarse de reconciliación nacional mientras existan ciudadanos privados de libertad por razones políticas, familias separadas, venezolanos en el exilio y personas perseguidas por expresar sus opiniones. La libertad de los presos políticos no debería ser presentada como una concesión del poder. Es una obligación democrática. Y las garantías para quienes regresen al país tampoco pueden quedar en declaraciones generales. Deben existir mecanismos concretos que permitan a los venezolanos exiliados regresar sin temor a ser nuevamente perseguidos.

La economía tampoco puede esperar Otro error sería reducir la negociación exclusivamente al terreno electoral. Venezuela no solamente necesita elecciones. Necesita reconstruir el Estado. Necesita recuperar servicios públicos, infraestructura, educación, salud, seguridad y empleo. Necesita atraer inversiones, recuperar la confianza y reconstruir su aparato productivo. Y para eso hay una condición indispensable: seguridad jurídica. No habrá recuperación económica sostenible sin respeto a la propiedad privada, independencia judicial, reglas claras, transparencia administrativa y estabilidad institucional. La democracia política y la recuperación económica no son dos agendas diferentes. Son partes de una misma reconstrucción nacional.

El verdadero peligro

El principal riesgo de esta mesa no es que fracase inmediatamente. El verdadero peligro es que tenga éxito en algo distinto de aquello que Venezuela necesita. Que produzca un acuerdo para administrar la crisis. Que genere una especie de estabilidad política sin democracia plena. Que permita aliviar las presiones internacionales sin producir una transformación institucional. Que sustituya la confrontación abierta por una convivencia de élites mientras la mayoría de los venezolanos continúa esperando. Eso sería una falsa solución.

Venezuela no necesita simplemente pasar de la confrontación a la coexistencia. Necesita pasar del autoritarismo a la democracia, de la arbitrariedad al Estado de derecho y de la destrucción institucional a la reconstrucción republicana. Una oportunidad que no puede desperdiciarse La mesa tiene una oportunidad histórica. Pero la oportunidad no pertenece a los dirigentes que están sentados alrededor de ella. Pertenece a los millones de venezolanos que durante años han sufrido las consecuencias de una crisis que no provocaron y que no merecen seguir padeciendo. Por eso los negociadores tienen una responsabilidad que trasciende sus partidos y sus intereses particulares. Deben comprender que Venezuela no necesita vencedores y vencidos. Necesita una República. Una República en la que el poder tenga límites, las instituciones funcionen, los ciudadanos sean libres, la justicia sea independiente y el voto vuelva a tener capacidad real para decidir quién gobierna.

La mesa debe negociar. La oposición debe actuar con inteligencia. El oficialismo debe entender que ningún modelo político puede sostenerse indefinidamente contra la voluntad de una sociedad. Y Estados Unidos y la comunidad internacional deben contribuir a que los compromisos sean verificables y cumplidos. Pero, sobre todo, los venezolanos deben exigir resultados. La paciencia del país no es infinita. El cronograma será la primera prueba. El cumplimiento de los acuerdos será la segunda.

Y la verdadera prueba final será comprobar si esta mesa consiguió abrir el camino hacia una transición democrática o simplemente encontró una nueva forma de administrar la crisis. Después de tantos años, Venezuela no necesita otra promesa. Necesita hechos.