Provea sobre libertad plena de la jueza Afiuni: "El cierre no repara 16 años de persecución"
La organización de derechos humanos cuestionó que el cierre del expediente de la jueza Afiuni no compense los años de persecución y pidió garantizar su atención médica
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) cuestionó el cierre definitivo del proceso judicial contra la jueza María Lourdes Afiuni, al considerar que la decisión no compensa los años de persecución que enfrentó desde su detención en 2009.
A través de un comunicado publicado este viernes, la organización sostuvo que Afiuni perdió 16 años de su vida como consecuencia de una condena que, según Provea, carecía de sustento legal y calificó su caso como uno de los episodios de persecución judicial más documentados en Venezuela.
La jueza fue detenida en 2009 después de conceder medidas cautelares al empresario Eligio Cedeño, quien había sido privado de libertad de manera arbitraria, de acuerdo con organismos de derechos humanos.
Posteriormente, Afiuni recibió una condena de cinco años de prisión por el delito de "corrupción propia", pese a que la fiscal encargada del caso dejó constancia en el expediente de que no existió una contraprestación económica, elemento requerido por la legislación venezolana para configurar ese delito, según recordó Provea.
Durante el proceso, la funcionaria también denunció haber sido víctima de torturas físicas y psicológicas mientras permaneció bajo custodia. Pese a que la sentencia establecía una pena de cinco años, las consecuencias judiciales del caso se prolongaron durante más de una década.
El denominado "efecto Afiuni"
Provea señaló que la persecución contra la jueza tuvo repercusiones dentro del sistema judicial venezolano, al generar temor entre magistrados y funcionarios que debían tomar decisiones en casos considerados políticamente sensibles.
Ese fenómeno, conocido como "efecto Afiuni", se refiere al temor de otros jueces de adoptar decisiones que puedan contrariar al poder político y terminar enfrentando consecuencias similares.
Alertan sobre su estado de salud
La situación de Afiuni también genera preocupación por razones médicas. Su familia informó semanas atrás que los especialistas detectaron tres lesiones tumorales, por lo que requiere atención médica.
Ante este escenario, Provea pidió que sean eliminadas las restricciones que todavía puedan derivarse del proceso judicial, con el propósito de garantizar que la jueza pueda acceder a la atención sanitaria que necesita.
La organización recordó además que la única hija de Afiuni vive en Estados Unidos desde hace más de una década y señaló que el cierre del expediente podría permitir el reencuentro familiar.
"Con el expediente cerrado, ese acceso debe ser efectivo y sin trabas administrativas", sostuvo Provea.
Para la organización, el fin del proceso judicial no equivale a una reparación por los 16 años transcurridos ni determina responsabilidades por las irregularidades denunciadas durante el caso.
"El cierre no repara dieciséis años de persecución ni identifica a un solo responsable. Ningún juez en Venezuela debe volver a ser perseguido por aplicar la ley", concluyó Provea.