Carlos J. Sarmiento Sosa | De la advertencia real al reproche de Bruselas: el Estado de Derecho español bajo examen

El reciente Informe sobre el Estado de Derecho 2026, publicado por la Comisión Europea el pasado 17 de julio, no hace sino confirmar, con el peso institucional de Bruselas, una preocupación que desde hace tiempo vengo siguiendo con atención en estas columnas: el deterioro progresivo de la confianza pública en la justicia española y el hostigamiento político a la que se ve sometida su independencia. Lo que en febrero de 2024 era una advertencia solemne del rey Felipe VI a la nueva promoción de jueces, y lo que en febrero de 2026 motivó una misión del Parlamento Europeo para constatar sobre el terreno la situación del Poder Judicial, aparece hoy corroborado, línea por línea, en el examen anual que la Comisión practica a cada Estado miembro.

El informe comunitario es explícito en un punto que toca directamente las palabras del Jefe del Estado español a los nuevos jueces de la 72ª promoción reunidos en Barcelona: el respeto de los poderes públicos hacia las resoluciones judiciales y hacia la propia institución que las dicta. Bruselas recuerda a los poderes ejecutivo y legislativo que deben abstenerse de manifestaciones capaces de erosionar tanto la independencia judicial como la confianza ciudadana en la justicia, y da cuenta de que esa erosión se ha agravado en el último año.

No se trata de una apreciación aislada: la Comisión recoge expresamente la inquietud manifestada por el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial y las asociaciones judiciales ante las críticas recurrentes de responsables gubernamentales hacia las decisiones de los tribunales. Es, en sustancia, el mismo fenómeno que el Rey calificó como una amenaza a la esencia del Estado de Derecho cuando exhortó a los nuevos jueces a actuar con integridad, sin ceder a impulsos ajenos a la función jurisdiccional, y que el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, resumió en su reclamo de que se dejara a la justicia actuar sin injerencias externas.

El informe de Bruselas no se limita al terreno simbólico de las declaraciones políticas. Alerta también de riesgos persistentes de corrupción en dos ámbitos sensibles —la contratación pública y la financiación de los partidos— y concluye, sin ambages, que la aplicación práctica de la normativa vigente no ha mejorado, pese a iniciativas como el Plan Estatal Anticorrupción y el proyecto de Ley de Integridad Pública. Bruselas insiste, una vez más, en la necesidad de reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial para que sean los propios jueces quienes elijan a la mayoría de sus vocales, siguiendo el estándar que la Comisión de Venecia fijó ya en su Informe CDL-AD(2010)004 y que el Consejo General de la Abogacía Española ha hecho suyo ante ese mismo órgano consultivo del Consejo de Europa.

Reprocha, además, que continúe pendiente el refuerzo de la independencia del Fiscal General del Estado —cuya vinculación orgánica con el Ejecutivo ha sido cuestionada tanto por el Consejo de Europa como por la propia Comisión de Venecia— y reclama desbloquear la legislación sobre grupos de presión, que el Gobierno, con déficit de mayoría parlamentaria, no ha logrado sacar adelante.

Estas conclusiones no llegan de improviso. Ya en febrero de 2026, la misión del Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Interiores del Parlamento Europeo había recorrido España para verificar, precisamente, los efectos del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial —en funciones desde 2018 por falta de acuerdo político para su renovación— sobre el nombramiento de magistrados y el funcionamiento de los tribunales superiores.

Aquella misión constató in situ el colapso al que se enfrentaba la Sala Primera del Tribunal Supremo, obligada a instar acuerdos transaccionales ante más de 4.500 asuntos pendientes, y la sobrecarga de la Audiencia Nacional, cuya Sala de Gobierno había advertido reiteradamente de un riesgo cierto de colapso en el conocimiento de causas de corrupción, terrorismo y delincuencia organizada; y el Consejo General de la Abogacía Española, por su parte, había sumado a este cuadro su propia alerta sobre el deterioro de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, advirtiendo que unas retribuciones insuficientes en las macrocausas comprometen la igualdad de armas y el acceso efectivo a la defensa.

El hilo que une estos tres momentos —la palabra del monarca, la misión parlamentaria europea y el informe de la Comisión— no es casual, y su lectura conjunta resulta reveladora. Cuando el rey afirmó ante los nuevos jueces que sin una Justicia independiente no existe verdaderamente una comunidad política democrática, no pronunciaba una fórmula protocolar, sino que anticipaba, con la autoridad moderadora que le confiere el artículo 56 de la Constitución de 1978, un diagnóstico que Bruselas confirmaría poco después con el lenguaje más áspero pero no menos contundente, de sus informes técnicos.

La coincidencia entre la advertencia regia, el escrutinio parlamentario europeo y el examen anual de la Comisión debería bastar para que los poderes ejecutivo y legislativo españoles aceptaran que la reforma pendiente del Consejo General del Poder Judicial, el fortalecimiento de la autonomía del Ministerio Fiscal y la contención de las descalificaciones públicas contra la Judicatura no son concesiones a una oposición política, sino obligaciones que España asumió como miembro de la Unión Europea y como Estado que se proclama de Derecho.

Queda por ver si la respuesta articulada de jueces, fiscales y abogados que reclaman soluciones concretas —y que tanto la misión LIBE como el propio Informe de 2026 recogen con atención— logrará transformar esta supervisión europea en una verdadera oportunidad de fortalecimiento institucional, o si, por el contrario, España seguirá acumulando año tras año las mismas recomendaciones sin traducirlas en reformas efectivas.

La respuesta a esa pregunta dirá mucho sobre la verdadera salud de la separación de poderes en un país que aspira a seguir siendo, como recordó el propio Felipe VI a los nuevos jueces, un Estado de Derecho en el pleno sentido europeo del término.