Trump logra victoria judicial para deportar sin juicio a migrantes en cualquier zona de EE.UU.
Un Tribunal de Apelaciones falló a favor del gobierno de Donald Trump para aplicar la "expulsión acelerada" en todo el territorio estadounidense. La medida faculta a los agentes de ICE a deportar sin audiencia judicial a cualquier extranjero que no demuestre dos años de residencia. Organizaciones civiles rechazaron el dictamen mayoritario al denunciar que la política viola el debido proceso y los derechos constitucionales
El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia autorizó formalmente al gobierno del presidente Donald Trump a reanudar y expandir el proceso de deportaciones aceleradas a lo largo de todo el territorio de Estados Unidos.
La resolución judicial modifica un esquema que históricamente estaba reservado de manera exclusiva para los ciudadanos indocumentados detenidos en las zonas fronterizas.
A través de una votación dividida de dos a uno, el panel de tres magistrados resolvió que la extensión de esta medida de control migratorio no constituye una violación a los derechos constitucionales de los extranjeros.
El dictamen representa un respaldo judicial clave para la agenda de la Casa Blanca, la cual busca agilizar las expulsiones del país sin necesidad de otorgar audiencias ni presentar los casos ante un juez de inmigración.
La política ejecutiva instruye al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a detener y expulsar de forma expedita a cualquier ciudadano extranjero que no logre demostrar fehacientemente una residencia continua mayor a dos años dentro de la nación.
Anteriormente, este mecanismo de retorno rápido se limitaba a las inmediaciones de la frontera sur y conllevaba la devolución a territorio mexicano en pocos días.
La opinión mayoritaria del tribunal fue redactada por el juez Justin R. Walker y respaldada por la jueza Neomi Rao, ambos funcionarios nominados durante la gestión del mandatario republicano.
El argumento central del fallo determinó que la directriz escrita de la Casa Blanca no priva a las personas de una oportunidad significativa de ser escuchadas, enfocando la legalidad en el diseño formal de la política y no en los posibles errores operativos de ejecución.
El dictamen responde directamente a una demanda civil interpuesta por la coalición Make the Road New York, cuyos representantes legales alegaban que la orden ejecutiva atentaba contra el principio del debido proceso.
En el voto disidente, el magistrado Robert L. Wilkins cuestionó la efectividad y los controles del Departamento de Seguridad Nacional, alertando que las autoridades migratorias ya han deportado por error a personas que cumplían con el tiempo mínimo de arraigo requerido.