Alfonso Hernández Ortiz | Venezuela: El país que espera permiso

El próximo 3 de julio se cumplirán seis meses desde la salida de Nicolás Maduro del poder. Seis meses después, Venezuela sigue sin elecciones presidenciales, sigue sin un cronograma electoral claro y sigue sin conocer cuándo concluirá la actual etapa de transición. Se habló de estabilización. Se habló de reconstrucción institucional. Se habló de normalización democrática. Se habló del inicio de una nueva etapa para el país. Sin embargo, mientras transcurren los días, el venezolano común continúa esperando una respuesta sencilla que nadie parece dispuesto a ofrecer: ¿cuándo volverán los venezolanos a decidir su destino mediante el voto?

Durante años se nos dijo que el problema de Venezuela tenía nombre y apellido: Nicolás Maduro. Se afirmaba que una vez desaparecido ese obstáculo comenzaría la recuperación democrática, regresarían las instituciones y los venezolanos volverían a las urnas. Han pasado seis meses y nada de eso ha ocurrido. Por eso la discusión ya no puede centrarse en el pasado. La pregunta de hoy es mucho más incómoda. Si Maduro ya no está, ¿quién decide que todavía no haya elecciones? Porque la política venezolana cambió. Antes la pregunta era quién impedía votar. Hoy la pregunta es quién decide cuándo se podrá votar. Maduro cayó hace seis meses. Lo que todavía no aparece es la soberanía.

A mi juicio, allí se encuentra la verdadera transformación política de la Venezuela actual. Durante años el poder se sostuvo sobre la coerción. El control de las instituciones, de los tribunales, de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas constituía el principal soporte de la permanencia de Maduro. El instrumento fundamental era la fuerza. Hoy la situación es distinta. La política cambió de mecanismo. Antes el poder descansaba sobre el miedo. Hoy parece descansar sobre la espera. Venezuela pasó de ser un país gobernado por la coerción a convertirse en un país gobernado por la espera. Y precisamente por eso la discusión central ya no consiste en determinar quién ocupa Miraflores. La discusión central consiste en determinar dónde reside realmente el poder que decide el futuro de Venezuela.

Es allí donde aparece lo que he denominado el síndrome del doble espejo. Delcy Rodríguez y María Corina Machado representan proyectos y objetivos distintos. Una intenta conservar espacio político dentro del esquema actual. La otra aspira a llegar al poder mediante elecciones. Pero ambas parecen compartir una misma condición: esperan. Delcy espera que el tiempo fortalezca su posición. María Corina espera que llegue el momento electoral que le permita competir. Las separan sus objetivos, pero las une la espera. Ninguna parece tener la capacidad de definir por sí sola cuándo se abrirá el camino electoral. Allí radica la principal contradicción de la política venezolana actual. Durante meses se ha hablado de candidatos, partidos, alianzas y estrategias, pero muy pocos se atreven a discutir quién posee realmente la capacidad de abrir o cerrar el proceso de transición.

La contradicción se vuelve aún más evidente cuando observamos el comportamiento de buena parte de la oposición. Se organizan marchas. Se convocan concentraciones. Se pronuncian discursos exigiendo elecciones. Se denuncia a quienes ejercen funciones de gobierno. Sin embargo, si se considera que Delcy Rodríguez no posee autonomía suficiente para convocar elecciones por sí sola, ¿por qué las exigencias continúan dirigiéndose exclusivamente hacia Miraflores? Si la tesis es que las decisiones fundamentales dependen hoy de Washington, entonces resulta incoherente actuar como si todo dependiera de Caracas. A mi juicio, allí se encuentra la gran contradicción política del momento. Se reconoce la existencia de un centro de poder, pero se evita exigirle responsabilidades. Se admite una influencia decisiva, pero se evita confrontarla. Las marchas se convocan contra Miraflores.

Los discursos se pronuncian contra Miraflores. Las consignas apuntan contra Miraflores. Pero muy pocos se atreven a exigir públicamente a Donald Trump, a Marco Rubio, a la administración estadounidense o a la propia Embajada de Estados Unidos en Caracas una definición clara sobre el calendario político venezolano. Es más cómodo exigirle al capataz que exigirle al propietario de la hacienda. Y por eso la política venezolana corre el riesgo de convertirse en una representación donde se discute con los administradores mientras las decisiones fundamentales se atribuyen a otros actores.

De esta realidad emergen tres grandes corrientes políticas.

La primera es la de los tutelados. Son aquellos que han aceptado que el futuro político de Venezuela depende fundamentalmente de decisiones externas y que, por tanto, la estrategia correcta consiste en esperar. Esperar una señal. Esperar una autorización. Esperar el momento oportuno. Delcy Rodríguez y María Corina Machado representan posiciones distintas dentro de esa lógica. Una espera para mantenerse. La otra espera para llegar. Las separan sus intereses, pero las une la dependencia de una decisión que no controlan.

La segunda corriente es la de los anexionistas, los promotores del llamado Estado 51. Ya no hablan de soberanía nacional. Hablan de conveniencia. Consideran que la estabilidad económica, la seguridad y el crecimiento justifican una subordinación permanente a Washington. Algunos incluso promueven abiertamente la idea de que el futuro venezolano debe construirse bajo una relación de dependencia política cada vez más estrecha con Estados Unidos.

Más allá de la viabilidad de esa propuesta, revela una visión profundamente distinta de la nación venezolana. La historia ofrece ejemplos que invitan a la reflexión. Puerto Rico mantiene desde hace más de un siglo una relación política especial con Estados Unidos y, sin embargo, el debate sobre identidad, representación y soberanía continúa abierto. La prosperidad económica puede resolver muchos problemas, pero no necesariamente responde a la pregunta de quién decide el destino de un pueblo.

Los promotores del Estado 51 parecen convencidos de que el problema de Venezuela no es la falta de democracia sino la existencia misma de una soberanía nacional que consideran agotada. Yo no comparto esa visión. Una nación puede cometer errores, atravesar crisis e incluso fracasar temporalmente en sus instituciones. Lo que no debería hacer es renunciar voluntariamente a la posibilidad de corregirse a sí misma. Porque una nación puede ceder parte de su soberanía. Lo que no puede hacer es fingir que no lo está haciendo.

Frente a esas dos corrientes surge una tercera posición: los soberanistas. Con ellos me identifico abiertamente. No porque crea en el aislamiento internacional ni porque desconozca la realidad geopolítica del siglo XXI. Me identifico con ellos porque sigo creyendo que los venezolanos tenemos el derecho y la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos. No combatí una tutela para sustituirla por otra. No creo que la solución sea cambiar de amo. Ser soberanista hoy significa defender el derecho de Venezuela a elegir libremente a sus gobernantes, reconstruir sus instituciones y decidir su destino sin depender de autorizaciones externas. Significa creer que los venezolanos somos capaces de corregir nuestros errores sin renunciar a nuestra condición de República.

Los soberanistas no proponemos regresar al pasado ni desconocer el papel de la comunidad internacional. Proponemos algo mucho más simple y mucho más democrático: elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales; restitución plena de las garantías constitucionales; reconstrucción institucional; fortalecimiento de la independencia de los poderes públicos; y recuperación progresiva de la capacidad de decisión nacional. No creemos en la tutela permanente. No creemos en el Estado 51. Creemos en Venezuela.

Todas las democracias atraviesan crisis profundas. Todas experimentan fracturas políticas, sociales e institucionales. La diferencia entre las democracias que sobreviven y las que fracasan consiste en su capacidad para aprender de sus errores y reconstruir sus instituciones.

Venezuela necesita rescatar sus instituciones. Necesita reconstruir la confianza en el sistema electoral, en la justicia, en el Parlamento y en el conjunto de los poderes públicos. Necesita revisar el papel de las Fuerzas Armadas dentro de una democracia constitucional. Durante décadas se nos enseñó que las Fuerzas Armadas existían para garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República.

Hoy resulta inevitable preguntarse qué significado tiene esa misión en un país donde una parte importante de la dirigencia considera que las decisiones fundamentales se toman fuera de sus fronteras. Quien se declara soberanista no puede conformarse con celebrar la independencia cada 5 de julio mientras acepta que las decisiones fundamentales sobre el país se adopten fuera de Venezuela.

Los venezolanos solemos sentir orgullo cuando hablamos del Salto Ángel, de Los Roques, del Relámpago del Catatumbo, del Puente General Rafael Urdaneta, de nuestra música, de la gaita, de nuestras tradiciones y de algo tan sencillo como una arepa compartida en cualquier rincón del mundo. Sin embargo, el verdadero patriotismo no consiste únicamente en admirar nuestros paisajes o celebrar nuestras costumbres. El verdadero patriotismo consiste en asumir la responsabilidad de preservar la República.

Ninguna nación se construye únicamente sobre petróleo, oro o recursos naturales. Tampoco sobre la esperanza de que otros resuelvan nuestros problemas. Las naciones se construyen cuando sus ciudadanos creen que vale la pena defenderlas. Cuando consideran que su historia merece continuidad. Cuando entienden que la soberanía no es una consigna política sino una responsabilidad colectiva.

No deja de ser simbólico que esta reflexión se produzca cuando se aproxima el 5 de julio, fecha en la que conmemoramos nuestra independencia. Hace más de dos siglos, Miranda, Bolívar, Sucre, Urdaneta, Páez y tantos otros asumieron enormes sacrificios para construir una República libre y soberana. Aquella generación no luchó para sustituir una dependencia por otra. No desafió al Imperio español para terminar subordinada voluntariamente a un poder distinto. Luchó para que los venezolanos pudieran decidir por sí mismos el destino de Venezuela.

Por eso la pregunta que debemos hacernos hoy no es únicamente cuándo habrá elecciones.
La pregunta es mucho más profunda.

Más de dos siglos después de la firma del Acta de Independencia, ¿seguimos creyendo que los venezolanos tenemos el derecho y la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos?

Porque si la respuesta es sí, entonces la tarea es evidente: rescatar las instituciones, reconstruir la confianza pública y devolver la decisión política al único lugar donde legítimamente debe residir.

Al pueblo venezolano.

Hace más de dos siglos la generación de 1811 tuvo que responder una pregunta fundamental: ¿quién debe decidir el destino de Venezuela?

Más de doscientos años después seguimos discutiendo exactamente lo mismo.

Y quizás esa sea la verdadera discusión de nuestro tiempo.
No quién gobierna Venezuela.

No quién administrará la transición.

No quién ocupará Miraflores.

La verdadera discusión consiste en determinar si seguimos siendo una República de ciudadanos o si nos resignamos a convertirnos en un país que espera permiso.