Carlos J. Sarmiento Sosa | Renegociación de la deuda venezolana: responsabilidad y transparencia.

La anunciada renegociación de la deuda pública externa de Venezuela enfrenta una verdad incómoda pero inevitable: cuánto se debe, qué se debe, a quién se debe y en qué condiciones. Sin un inventario creíble de obligaciones, sin estadísticas macroeconómicas actualizadas y sin una estructura jurídica a toda prueba, cualquier acuerdo carente de esas condiciones corre el riesgo de nacer débil, litigioso y financieramente inviable.

La urgencia de un proceso serio

El inicio del proceso de reestructuración sitúa al país ante una oportunidad excepcional como es la necesidad de recuperar su prestigio y credibilidad institucional ante el mundo financiero mundial; y conlleva una condición primordial: evitar que la urgencia sustituya la responsabilidad. En este sentido, la Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) ha sido clara al señalar que la reestructuración debe inscribirse en un programa formal de recuperación, crecimiento, estabilización y reformas institucionales, con apoyo de organismos multilaterales y coordinación efectiva entre instituciones.

Esa advertencia es decisiva porque una negociación aislada del contexto económico e institucional difícilmente producirá resultados sostenibles, como lo han señalado reconocidos economistas en distintos análisis, estudios y pronunciamientos cuyas opiniones deben ser tomadas en consideración, pues recogen resultados de la experiencia comparada, que ha confirmado que las reestructuraciones exitosas no se improvisan. Requieren diagnóstico técnico, trazabilidad del universo acreedor, definición clara de la elegibilidad de los pasivos y reglas contractuales capaces de resistir impugnaciones de acreedores disidentes, que siempre las habrá. En otras palabras, el acuerdo no puede construirse sobre zonas grises.

Transparencia como obligación

La transparencia no es un gesto político, sino una condición de legitimidad y de eficacia en un país cuya gobernabilidad se ha caracterizado por una ausencia de seguridad jurídica, ilegitimidad y corrupción. Por ello, en el caso de la renegociación de su deuda externa, Venezuela necesita actualizar y validar sus cuentas nacionales y fiscales para delimitar la verdadera carga financiera y evitar que una reestructuración comprometa la recuperación futura del país, lo que implica la trazabilidad de los instrumentos que conforman la deuda y la identificación de los beneficiarios finales que se encuentran en la cadena de estructuras financieras opacas, lo que solo puede lograrse mediante procedimientos de revisión y fiscalización realizados por entes independientes de indudable credibilidad. Una reestructuración sin auditoría podría resultar estructuralmente impugnable al dejar abierto un riesgo regulatorio y operativo que puede conducir todo el proceso de reestructuración a largos y lentos procesos judiciales en distintos países.

El riesgo jurídico

En efecto, una renegociación mal diseñada, sin seriedad y sin transparencia, podría resultar jurídicamente vulnerable y, por tanto, ineficiente. La ANCE ha advertido de que la solidez jurídica del proceso será clave para evitar cuestionamientos sobre la fundamentación y la legitimidad de las deudas a reestructurar, así como para reducir la probabilidad de litigios futuros; y, en el caso venezolano, convergen obligaciones soberanas, compromisos de empresas estatales, deudas bilaterales, acreencias multilaterales y laudos arbitrales en distintas jurisdicciones.

Si el proceso se limita a una porción del universo acreedor, o si excluye pasivos relevantes sin una justificación jurídica suficiente, o si se incluye deuda ilegítima, el acuerdo puede quedar expuesto a impugnaciones por divulgación insuficiente, discriminación entre clases de acreedores o fallas en la determinación de prioridades. La consecuencia sería conocida: menor participación, más litigios, peor acceso a mercados y mayor costo país.

El papel del FMI

La participación del FMI no debe verse como un adorno técnico ni como una sumisión de la ya menguada soberanía nacional, sino como una pieza de credibilidad. Por ello, su intervención es una condición necesaria para asegurar la sostenibilidad y reforzar la confianza de los acreedores. Además, el restablecimiento de una relación funcional con el Fondo permitiría disponer de un marco técnico para el análisis de la sostenibilidad de la deuda y para la validación de la estrategia macroeconómica.

Ese respaldo es particularmente importante cuando la información oficial se ha caracterizado por la política como mentira de Estado y por la falta absoluta de mediciones objetivas. Sin validación externa, la negociación quedará demasiado expuesta a la sospecha de que se intenta resolver la crisis financiera sin previamente validar el monto de la deuda externa.

Una deuda, varios escenarios

La renegociación de la deuda venezolana tiene tres escenarios dentro de los cuales los actores deben mantener una coordinación de sus papeles: el financiero, el jurídico y el institucional. Si se atiende solo al primero, el acuerdo puede parecer viable pero resultar insostenible; si se descuida el segundo, puede ser impugnado; y si se posterga el tercero, carecerá de legitimidad social y estatal.

Por otra parte, una reestructuración de esta magnitud no puede depender de acuerdos parciales o de decisiones opacas o carentes de transparencia; necesita una narrativa de Estado que combine disciplina técnica, responsabilidad pública y reconocimiento de las limitaciones reales del país. Esa es la única manera de transformar una emergencia financiera en una solución estable y a largo plazo.

En conclusión, Venezuela no necesita únicamente reordenar su deuda: determinar cuánto se adeuda y la legitimidad de la acreencia. Eso exige transparencia en las cifras, responsabilidad en la negociación y rigor en el diseño jurídico del proceso. Analítica lo resume en estas frases:

“En una democracia, la transparencia genera confianza; el secreto, por el contrario, alimenta sospechas sobre los verdaderos costos y compromisos que se están adquiriendo”.

La verdadera prueba no será firmar un acuerdo rápido, sino lograr uno que pueda sostenerse ante los acreedores, ante los tribunales y ante la comunidad internacional. No hay que olvidar los efectos de “el mejor refinanciamiento del mundo” del presidente Jaime Lusinchi en 1984, que alivió la presión inmediata, pero terminaron dejando a Venezuela con una carga pesada, menor margen fiscal y mayor vulnerabilidad económica, mientras la economía siguió deteriorándose, las reservas internacionales cayeron en picada y el ajuste se volcó sobre la población, con inflación alta y mayor pobreza en los años siguientes, caldo de cultivo para el mesianismo de un frustrado golpista que luego se convertiría en presidente.

La oportunidad existe, pero es limitada. Y en este terreno, la celeridad podría favorecer a los acreedores más audaces, mientras la transparencia siga siendo el único escudo serio que puede utilizar el deudor, lo que hace recordar las palabras atribuidas a Napoléon Bonaparte: “Vísteme despacio, que tengo prisa”.