Noel Álvarez | AMNISTÍA ELECTORAL: SOLUCIÓN EXCEPCIONAL PARA UNA CRISIS COMPLEJA

El escenario político venezolano actual se encuentra en un punto de profunda complejidad institucional que exige soluciones extraordinarias y de alto nivel. A lo largo de los últimos años, los procesos electorales en nuestro país han estado marcados por una alarmante y progresiva abstención, motivada por la falta de garantías claras para los actores políticos. Diversas organizaciones políticas con arraigo social legítimo optaron por no participar en contiendas como las de los años 2018 y 2020 ante la evidente ausencia de condiciones competitivas equitativas. Esta postura de resistencia pacífica y de principios constitucionales, lejos de ser evaluada bajo una óptica democrática, trajo como consecuencia una oleada de sanciones administrativas severas.

Entre las consecuencias más graves de este proceso se encuentra la cancelación de las facultades de postulación para un importante grupo de partidos, argumentando el desuso de la tarjeta o la falta de renovación. Sin embargo, estas medidas adolecen de un vicio de nulidad absoluta a la luz del artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones. Dicho estamento establece taxativamente que ninguna revocatoria o cancelación de inscripción podrá acordarse sin la previa citación formal de la organización afectada. La norma obliga al ente rector a otorgar un lapso de treinta días para ejercer el derecho a la defensa, presentar pruebas y exponer alegatos ante las autoridades.

Al omitirse este procedimiento obligatorio y ejecutar cancelaciones exprés sin notificación ni citación previa, el organismo electoral actuó completamente al margen de la legalidad vigente. De esta forma, se transformó un trámite estrictamente administrativo en una inhabilitación política arbitraria que vicia el proceso en su origen y debilita la confianza ciudadana. La realidad jurídica de la nación se encuentra severamente trastocada por hechos públicos que configuran una flagrante ruptura del hilo constitucional establecido en nuestra Carta Magna. El país experimenta la imposición de figuras políticas fácticas que ejercen un protectorado sobre el territorio.

La Constitución es sumamente clara al señalar que, ante la separación del cargo por parte del Ejecutivo durante noventa días, prorrogables por un período idéntico, debe procederse de inmediato, en estricto derecho declarar la ausencia absoluta del funcionario y convocar a un nuevo proceso de elecciones presidenciales libres. Al no cumplirse con este mandato sagrado de la ley fundamental, se genera un peligroso vacío de legitimidad que arropa a todo el entramado legal de la república. Existe un principio elemental de coherencia jurídica: si la Constitución no goza de plena vigencia y respeto por parte del poder, las leyes derivadas tampoco pueden aplicarse de forma rígida.

Las instituciones no pueden pretender usar el peso de los reglamentos electorales para asfixiar a los partidos disidentes, mientras ignoran las normas que rigen la Jefatura del Estado. Ante esta evidente asimetría, el debate político actual debe elevarse hacia la búsqueda de fórmulas de consenso que permitan reinstitucionalizar el país de manera pacífica. Es en este contexto de crisis institucional donde cobra una fuerza incuestionable la propuesta de decretar una amnistía electoral amplia y sin exclusiones para todos los sectores. Esta medida excepcional no debe entenderse como un favor político o una concesión gubernamental, sino como una necesidad histórica.

Una amnistía integral implicaría la suspensión inmediata de todas las inhabilitaciones administrativas que pesan sobre los líderes de la oposición civil en la actualidad. Asimismo, conllevaría la restitución automática de las tarjetas y símbolos de los partidos políticos que fueron injustamente despojados de sus derechos de participación. La reactivación plena de las organizaciones partidistas es el único camino seguro para canalizar el descontento popular y alejar al país de rutas de confrontación violenta. En recientes discusiones de trabajo sostenidas de primera mano con autoridades del Poder Electoral, hemos planteado con absoluta firmeza la urgencia de transitar esta vía.

Aunque los debates técnicos suelen ser duros debido a las posturas encontradas, es evidente que el país requiere un árbitro electoral que actúe con sentido de Estado. El restablecimiento de las facultades de postulación para los partidos inhabilitados representaría la primera señal inequívoca de una voluntad real de cambio y apertura democrática. Los procesos de transición en el mundo demuestran que las salidas electorales exitosas requieren necesariamente del reconocimiento mutuo entre las fuerzas que compiten por el apoyo popular. Negar el derecho a la participación política a través de tecnicismos o decisiones unilaterales solo profundiza la desconfianza de la sociedad civil en las instituciones.

Una elección donde las principales fuerzas organizadas de la nación no puedan inscribir a sus candidatos carece de toda validez tanto interna como internacional. La reconstrucción nacional de Venezuela pasa obligatoriamente por un proceso inclusivo donde la ciudadanía pueda elegir libremente entre las diferentes visiones de país existentes. Para que las próximas elecciones representen una verdadera solución y no un nuevo foco de inestabilidad, la amnistía electoral debe convertirse en un punto prioritario de la agenda pública. Es imperativo que la sociedad civil, los gremios productivos y la dirigencia política unifiquen criterios en torno a esta exigencia de justicia.

No se puede construir una alternativa democrática sólida manteniendo las estructuras de exclusión que han incordiado la vida pública nacional durante las últimas décadas. La lealtad a los principios constitucionales nos obliga a mantener la presión institucional hasta lograr que cada sigla y cada líder recupere su legítimo espacio. Finalmente, sostengo con plena convicción que el rescate del voto como herramienta de cambio social depende directamente de la transparencia y la equidad con que se diseñe el nuevo cronograma. Los activos más valiosos de nuestra propuesta siguen siendo la coherencia doctrinaria, el apego estricto a las leyes y la descentralización.

La historia nos enseña que las medidas de fuerza y las inhabilitaciones políticas suelen tener una vigencia efímera ante el avance indetenible de la voluntad popular. Mantener la ruta civil, exigir el respeto a la Carta Magna y promover una amnistía electoral justa son las únicas garantías para transitar hacia la libertad. El capital político más valioso y duradero que puede poseer una dirigencia alternativa es su credibilidad pública ante los ciudadanos. Sostener con hidalguía la palabra empeñada ante los compañeros y resistir con carácter las tentaciones del camino corto siguen siendo las banderas para trascender positivamente en la memoria colectiva de una gran nación.