Alfonso Hernández Ortiz | Perú: un presidente para un país dividido
Al cierre de este artículo, Perú continúa contando votos. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez permanecen separados por una diferencia tan estrecha que cada nueva actualización del escrutinio parece capaz de alterar el desenlace final. Los equipos jurídicos preparan impugnaciones, los candidatos llaman a la calma mientras movilizan a sus simpatizantes y millones de peruanos observan con incertidumbre una elección que se resiste a producir un ganador indiscutible. La escena resulta tan extraordinaria como simbólica. Antes de conocerse oficialmente al próximo presidente, el debate sobre la legitimidad de la victoria ya forma parte de la conversación nacional.
La imagen es reveladora. En teoría, las elecciones existen para resolver conflictos políticos. Sin embargo, en el Perú contemporáneo parecen producir el efecto contrario. No cierran las diferencias, las prolongan. No generan consensos, los hacen más difíciles. No despejan las dudas, las trasladan al día siguiente de la votación. Por eso, a mi juicio, la pregunta más importante de esta elección no es quién ocupará el Palacio de Gobierno el próximo 28 de julio. La verdadera pregunta es si quien resulte vencedor tendrá la legitimidad política suficiente para gobernar un país que parece haber perdido la capacidad de construir acuerdos básicos sobre su propio futuro.
La diferencia entre ambos candidatos es tan reducida que cualquier resultado dejará inevitablemente a casi la mitad del país sintiéndose derrotada. En términos jurídicos, quien gane tendrá toda la legitimidad que otorgan las reglas democráticas. En términos políticos, la situación es mucho más compleja. Robert Dahl sostenía que la estabilidad democrática depende no solamente de elecciones libres y competitivas, sino también de la confianza de los ciudadanos en las instituciones y de la disposición de quienes pierden a aceptar las reglas del juego. Cuando esa confianza comienza a erosionarse, las elecciones dejan de funcionar como mecanismos de resolución de conflictos y pasan a convertirse en una extensión del conflicto mismo.
Eso es precisamente lo que parece estar ocurriendo en Perú.
Muchos observadores interpretan esta elección como una simple confrontación entre derecha e izquierda. Me parece una explicación insuficiente. Las raíces de la polarización peruana son mucho más profundas y anteceden ampliamente a los propios candidatos. Existe una fractura histórica entre Lima y las regiones, entre la costa y la sierra, entre quienes se beneficiaron relativamente del crecimiento económico de las últimas décadas y quienes continúan sintiendo que nunca participaron plenamente de sus beneficios. Existe un Perú moderno, urbano y conectado a los mercados internacionales, pero también existe un Perú rural, andino y popular que durante décadas ha observado cómo las principales decisiones nacionales continúan tomándose lejos de su realidad cotidiana.
Esa división no es nueva. Tiene raíces que se remontan a la propia construcción de la República. El centralismo limeño heredado del período virreinal, la histórica distancia entre las élites criollas y el Perú indígena, las desigualdades territoriales acumuladas durante generaciones y la incapacidad de sucesivos gobiernos para construir un proyecto nacional verdaderamente integrador han dejado huellas profundas. La violencia política de las décadas de 1980 y 1990, el trauma provocado por Sendero Luminoso, la posterior consolidación del fujimorismo y las tensiones que todavía genera su legado forman parte de una misma historia nacional marcada por la dificultad de reconciliar estabilidad, representación y cohesión social.
La paradoja peruana resulta particularmente interesante para quienes observamos la política latinoamericana. Durante años, Perú fue presentado como uno de los casos de mayor éxito económico de la región. Mientras otros países atravesaban crisis recurrentes, el país logró mantener estabilidad macroeconómica, atraer inversiones y consolidar un crecimiento sostenido. Sin embargo, mientras la economía avanzaba, la representación política se deterioraba. Mientras mejoraban algunos indicadores económicos, disminuía la confianza en los partidos, en el Congreso y en las instituciones. Mientras crecían las cifras, se debilitaba el vínculo entre gobernantes y gobernados.
El resultado está hoy a la vista.
Perú se ha convertido en una democracia que cambia presidentes con más facilidad de la que construye consensos.
Pedro Pablo Kuczynski renunció. Martín Vizcarra fue destituido. Manuel Merino apenas permaneció unos días en el cargo. Pedro Castillo terminó destituido y encarcelado. Dina Boluarte gobernó bajo una permanente crisis de legitimidad. José Jerí tampoco logró estabilizar el sistema. Hoy José María Balcázar ocupa interinamente la presidencia mientras el país espera conocer el nombre de su próximo mandatario. Cuando tantos presidentes terminan atrapados por la misma dinámica, el problema deja de ser individual. El problema está en el sistema.
La candidatura de Keiko Fujimori expresa una parte de esa realidad. Para amplios sectores empresariales, financieros y para buena parte de las clases medias urbanas representa estabilidad, experiencia política y continuidad económica. Pero para millones de peruanos continúa simbolizando un legado asociado al autoritarismo, al centralismo y a una forma de ejercer el poder que sigue dividiendo profundamente a la sociedad. El apellido Fujimori continúa siendo una de las referencias más influyentes y controvertidas de la política peruana.
Roberto Sánchez representa la otra cara de esa fractura. Su candidatura conecta con sectores que reclaman una mayor inclusión política, una presencia más activa del Estado y una nueva relación entre el poder central y las regiones históricamente relegadas. Sin embargo, su participación en el gobierno de Pedro Castillo genera dudas entre quienes consideran que aquella experiencia terminó profundizando la crisis institucional. Para unos representa cambio. Para otros representa incertidumbre.
Por eso el resultado es tan estrecho. No estamos frente a una elección donde una mayoría nacional se identifica claramente con un proyecto de país. Estamos frente a una sociedad que vota desde experiencias históricas distintas, prioridades económicas diferentes y percepciones opuestas sobre el futuro. Una parte teme perder estabilidad. Otra teme seguir siendo ignorada. Una vota pensando en la inversión y el crecimiento económico. Otra vota pensando en la representación, la inclusión y la presencia efectiva del Estado. Una mira hacia adelante preocupada por la seguridad y la economía. La otra mira hacia atrás preguntándose por qué el desarrollo nunca llegó plenamente a sus comunidades.
Y el problema es que ninguna de esas preocupaciones es ilegítima.
Allí radica precisamente la complejidad de la política peruana.
Giovanni Sartori advertía que las democracias necesitan mucho más que elecciones periódicas. Necesitan partidos sólidos, instituciones capaces de producir acuerdos y mecanismos que transformen la diversidad social en gobernabilidad. Perú parece haber perdido buena parte de esa capacidad. La fragmentación partidista, la debilidad de las organizaciones políticas y la tensión permanente entre el Ejecutivo y el Congreso han terminado creando un sistema donde resulta más fácil ganar una elección que construir una mayoría estable para gobernar.
Por eso me atrevo a formular una hipótesis incómoda. Independientemente de quién resulte vencedor, el próximo presidente enfrentará enormes dificultades para completar su mandato con estabilidad. No porque carezca de capacidad personal ni porque Perú esté condenado al fracaso. Ocurrirá porque las condiciones estructurales que han producido la crisis permanecen intactas. La fragmentación política, la debilidad de los partidos, la desconfianza institucional, la tensión permanente entre el Ejecutivo y el Congreso y la profunda fractura social que atraviesa al país seguirán presentes mucho después de que se proclame un ganador.
Una victoria de Keiko Fujimori probablemente enviaría señales de tranquilidad a los mercados y a sectores que privilegian la estabilidad económica, pero también encontraría resistencia en amplias regiones donde el fujimorismo sigue siendo percibido con enorme desconfianza. Una victoria de Roberto Sánchez podría despertar expectativas entre sectores populares, rurales y periféricos que reclaman una mayor inclusión dentro del proyecto nacional, pero enfrentaría la inmediata preocupación de actores económicos, mediáticos y parlamentarios respecto al rumbo institucional del país. En ambos escenarios, la gobernabilidad seguirá siendo el verdadero campo de batalla.
Lo que ocurre en Perú merece además una reflexión que trasciende sus fronteras. América Latina atraviesa una etapa de redefinición política donde las alternancias entre izquierda y derecha continúan produciéndose con relativa normalidad, pero donde los problemas de representación, legitimidad y confianza institucional parecen profundizarse. La discusión ideológica conserva importancia, pero resulta cada vez más evidente que el desafío central de nuestras democracias no consiste únicamente en elegir gobiernos. Consiste en construir instituciones capaces de representar sociedades crecientemente fragmentadas y producir acuerdos duraderos en contextos de polarización.
Quizás por ello la elección peruana trasciende la coyuntura electoral. Perú se ha convertido en un espejo donde América Latina puede observar algunos de sus propios desafíos. La distancia entre gobernantes y ciudadanos, la erosión de la confianza institucional, la debilidad de los sistemas de partidos y la creciente dificultad para construir consensos son problemas que ya no pertenecen exclusivamente a la política peruana.
Al final, más importante que conocer el nombre del próximo presidente será determinar si Perú todavía conserva la capacidad de reconstruir un proyecto nacional compartido. Ningún gobierno podrá estabilizar al país si continúa existiendo una brecha creciente entre Lima y las regiones, entre quienes se sienten representados por el sistema y quienes consideran que el sistema les ha dado la espalda. Ninguna victoria electoral resolverá por sí sola fracturas que llevan décadas acumulándose.
El próximo presidente tendrá banda presidencial, reconocimiento internacional y todas las atribuciones constitucionales del cargo. Lo que todavía no sabemos es si tendrá algo mucho más importante: la capacidad de representar a un país que parece haber dejado de reconocerse a sí mismo. Porque cuando una democracia cambia presidentes con mayor facilidad de la que construye acuerdos, el problema ya no está en las urnas. El problema está en la nación. Y esa es una lección que no debería pasar desapercibida ni para el Perú ni para América Latina.
Alfonso Hernández Ortiz
Politólogo - Abogado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales
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