Espacio Público contabiliza 13 violaciones a la libertad de expresión durante mayo
La organización Espacio Público informó que durante mayo documentó siete casos que derivaron en 13 violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela, siendo la censura y la intimidación las prácticas más recurrentes.
Según el balance presentado por la ONG, cinco de las violaciones registradas correspondieron a actos de censura y cuatro a situaciones de intimidación, concentrando cerca del 70 % de las incidencias reportadas durante el mes. Entre las principales víctimas figuran periodistas, reporteros, medios de comunicación y plataformas digitales.
La organización señaló además que cuatro de los siete casos ocurrieron en entornos digitales, la cifra más alta registrada en lo que va de año. Entre los presuntos responsables identificó a cuerpos de seguridad del Estado, instituciones públicas, operadores privados, atacantes informáticos y funcionarios gubernamentales.
Espacio Público indicó que entre enero y mayo de 2026 contabilizó 45 casos relacionados con restricciones a la libertad de expresión, que derivaron en 104 violaciones a este derecho y 29 detenciones.
Uno de los hechos más graves denunciados por la organización fue la muerte bajo custodia de Víctor Hugo Quero Navas, cuyo fallecimiento fue informado oficialmente casi un año después de haber ocurrido. Según la ONG, el caso plantea interrogantes sobre la actuación de las autoridades y la transparencia en el manejo de información relacionada con personas detenidas.
Asimismo, la organización cuestionó la falta de acceso a información detallada sobre la aplicación de la Ley de Amnistía aprobada en febrero de 2026. Espacio Público aseguró que las autoridades solo han divulgado cifras generales sobre los beneficiarios de la medida, sin ofrecer datos desagregados sobre excarcelaciones, solicitudes rechazadas o centros de detención involucrados.
El informe también recoge varios incidentes de hostigamiento contra trabajadores de la prensa en distintos estados del país. Entre ellos, denuncias de periodistas que habrían sido intimidados por funcionarios de seguridad mientras realizaban coberturas informativas en Caracas, Miranda y Monagas.
La organización sostuvo que las limitaciones al trabajo periodístico afectan no solo a los comunicadores, sino también al derecho de los ciudadanos a recibir información sobre asuntos de interés público.
En el documento, Espacio Público reiteró su preocupación por el cierre de medios de comunicación en el país y recordó que el 27 de mayo se cumplieron 19 años del cese de transmisiones de Radio Caracas Televisión (RCTV), hecho que considera un punto de inflexión en el deterioro de las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela.
Finalmente, la ONG exhortó a las autoridades a garantizar el libre ejercicio del periodismo, cesar las prácticas de intimidación contra comunicadores y promover mayores niveles de transparencia en la gestión pública.
