Antonio Bermúdez | Más allá del castigo: la reforma de la justicia penal que Venezuela necesita
El lanzamiento el lunes pasado, por parte de la presidenta Delcy Rodríguez, de la Gran Consulta Nacional para la reforma de la Justicia Penal abre un espacio que, bien aprovechado, podría trascender los reflejos punitivos que históricamente han dominado el debate. Desde la criminología crítica y una perspectiva sociopolítica, la invitación no puede limitarse a discutir cuántos años de cárcel añadir a tal o cual delito, sino a cuestionar el modelo mismo de justicia penal que ha fracasado en Venezuela.
La criminología de raíz crítica, que tuvo en Lolita Aniyar de Castro y Francisco Delgado, a sus figuras fundacionales a nivel latinoamericano, nos enseñó que el sistema penal no persigue el delito de manera neutral: lo construye, lo selecciona y lo castiga desigualmente. En Venezuela, esta selectividad adquiere rasgos brutales. Las cárceles del país están atiborradas de personas pobres, presos sin condena por delitos menores contra la propiedad, mientras las grandes tramas de corrupción, la delincuencia económica de cuello blanco y la violencia institucional gozan de impunidad estructural. Una reforma que no parta de reconocer esta asimetría fundacional estará condenada a administrar el caos con más encierro, más policía y más dolor inútil.
La consulta nacional ocurre en un contexto sociopolítico marcado por una crisis compleja. En ese escenario, la criminalidad callejera y la violencia armada no pueden desligarse de la ausencia de oportunidades reales, de esas que se traducen en movilidad social, de la ruptura de los lazos comunitarios y de la expansión de mercados ilícitos que funcionan como refugio ante la inversión de los valores sociales. Una política criminal que pretenda ser democrática debe desplazar el foco desde el “combate al delito” entendido como guerra contra los eslabones más débiles, hacia una estrategia de reconstrucción social, prevención primaria y reducción de daños. De lo contrario, la consulta solo servirá para legitimar un nuevo paquete de reformas de “mano dura” que, como ha demostrado América Latina toda, llenan más celdas pero no devuelven la paz a las calles.
Desde la perspectiva garantista y del realismo criminológico de izquierda, cualquier transformación seria de la justicia penal venezolana debería considerar al menos cinco ejes impostergables. Primero: un proceso masivo de descarcelación: excarcelar a quienes esperan juicio por delitos no violentos, descongestionar los centros de detención preventiva y eliminar figuras penales que criminalizan la pobreza o la protesta social. Al final, el delito es una construcción social. Segundo: redirigir la persecución penal hacia los delitos de alto impacto social cometidos desde el poder económico y político: la corrupción, la evasión fiscal, el financiamiento irregular de partidos, los delitos ambientales. Esos son los delitos que verdaderamente atentan contra el colectivo. Los demás, los que afectan directamente a una persona y a su entorno, más allá del escándalo que produzcan, según Alessandro Baratta, pudieran ser susceptibles de reparación económica. Tercero: someter la actuación policial a verdaderos controles externos, transparentes y ciudadanos que impidan ejecuciones extrajudiciales, matraqueos, sobornos, chantajes, torturas y desapariciones. Cuarto: ir verdaderamente y de una vez por todas a la justicia restaurativa, en la cual se priorice las necesidades de la víctima y la responsabilidad del infractor, en lugar de sólo aplicar un castigo, para restaurar el tejido social. Una justicia capaz de resolver conflictos comunitarios sin necesidad de activar toda la maquinaria penal. Quinto: construir un sistema de defensa pública autónoma, con recursos y formación técnica y ética, que equilibre mínimamente la desigualdad de armas frente a un Ministerio Público que hasta hoy funciona, en demasiadas ocasiones, como brazo de la razón de Estado, y no como garante de los derechos humanos y de la presunción de inocencia.
La consulta podría ser un punto de inflexión si se abre de verdad a las comunidades, a las víctimas reales, y no solo a sus “voceros autorizados”, a las organizaciones de derechos humanos y a la academia crítica. No hay reforma penal progresista que nazca de un Decreto o de una Ley; necesita deliberación plural y un diagnóstico honesto que admita que el sistema penal venezolano actual produce más violencia de la que pretende contener.
En toda esta historia, contrario a lo que se piensa, la cárcel ha sido la única institución de control total que ha cumplido el papel ´para el cual creada: ser depósito de seres humanos. Si el preso votara, seguramente la historia sería otra.
Venezuela arrastra décadas de políticas criminales reactivas, emotivas y electoralmente rentables. La oportunidad que se presenta no es técnica, sino profundamente política en sentido ético: decidir si queremos una justicia que perpetúe la guerra de todos contra todos o una que, asumiendo el conflicto como inherente a la democracia, se dedique a administrar ese conflicto con menos cárcel, más equidad y sin autoritarismo. La memoria de la criminología crítica venezolana nos lo recuerda: ningún pueblo se pacifica llenando prisiones, sino construyendo ciudadanía. La Gran Consulta Nacional será juzgada, al final, por cuánto de ese espíritu logre convertir en realidad favorable al pobre criminalizado, y le haga, por fin, verdadera justicia al corrupto y al delincuente de cuello blanco.
Antonio Bermúdez
Doctor en Derecho Procesal Penal
Criminólogo