Antonio Bermúdez | El Salario Mínimo Vital: más allá del número, un acto de justicia social frente al contexto económico actual

El 30 de abril la Presidenta Delcy Rodríguez anunció un incremento del “ingreso mínimo integral” situándolo en un referente de 240 dólares mensuales. Este anuncio ha reavivado el debate sobre el concepto constitucional del salario en Venezuela. Ante las críticas inmediatas de sectores de la oposición y ciertos analistas económicos, es imperativo detenerse a analizar qué debemos entender por “salario mínimo vital” a la luz del artículo 91 de nuestra Carta Magna, contextualizado en la agresión permanente que ha sufrido el país.

El artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es taxativo: “Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”. La doctrina jurídica ha sido clara al señalar que este precepto crea una obligación de resultado para el Estado. No se trata de un número arbitrario, sino de un monto que debe guardar relación directa con el costo de la canasta básica. Sin embargo, cometeríamos un error garrafal si reducimos el análisis a una simple ecuación matemática entre ingreso nominal y costo de bienes, ignorando el contexto de guerra económica criminal al que ha estado sometida Venezuela desde hace 11 años.

Para comprender la política de ingresos de la Revolución Bolivariana, es necesario entender que el salario, en el marco del Socialismo Bolivariano, es una conquista social integral. Quienes pretenden confundir al pueblo argumentando que el “salario mínimo” sigue siendo ínfimo en dólares oficiales, omiten adrede la naturaleza de la protección laboral venezolana. En Venezuela, el salario no es sólo el sueldo base. La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) en su artículo 104 establece que se entiende como salario toda “remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación o método de cálculo” que recibe el trabajador o trabajadora, e “incluye comisiones, primas, gratificaciones, sobresueldos, recargos por alimentación, vivienda, beneficios sociales”, y un largo etcétera; es decir, TODO es salario, no sólo el salario “base”.

Aquí radica el avance revolucionario que debemos defender: el “Ingreso Mínimo Vital” es la suma del salario base más los bonos protectores (como el bono contra la Guerra Económica, bono de alimentación, bono de vivienda, entre otros). Es falso, malintencionado y antojadizo aislar el salario base cuando el Estado ha creado un sistema de bonificaciones indexadas para blindar el ingreso familiar frente a la especulación.

Es inaceptable que la prensa internacional o los apologistas del imperio ignoren que Venezuela ha sido víctima de más de 900 medidas coercitivas unilaterales. Estas sanciones no solo secuestraron nuestros activos en el exterior, sino que fueron diseñadas específicamente para asfixiar nuestra capacidad de importar alimentos y medicinas, presionando así a la baja el salario real. Sin embargo, lejos de rendirse, el Presidente Nicolás Maduro, y hoy la Presidenta Delcy Rodríguez, diseñaron mecanismos inteligentes para “dolarizar” el ingreso sin dolarizar la economía, otorgando bonos que protegen al pueblo de la devaluación inducida.

Por supuesto, reconocemos que el bloqueo ha asfixiado la economía real. Las cifras oficiales muestran que la canasta alimentaria supera los 600 dólares. Sabemos que el camino es cuesta arriba. Sin embargo, mientras las economías capitalistas responden a los embates inflacionarios con despidos masivos y congelamiento salarial, la Revolución Bolivariana responde con la movilización, estabilidad laboral y aumento del ingreso.

El llamado de la Presidenta Delcy Rodríguez ha sido a la corresponsabilidad: el Estado pone los mecanismos de protección (bonos, Cestaticket, estabilidad laboral, control de precios), las leyes garantizan la irrenunciabilidad de los derechos (Artículo 89 constitucional), pero corresponde también a la clase trabajadora y al empresariado nacional patriota defender la producción nacional para hacer bajar los costos.

Criticar a Delcy Rodríguez por no “resolver” la crisis económica en medio de una guerra híbrida es tan ingenuo como pretender que un cirujano opere con las manos atadas. El gobierno está utilizando la única herramienta posible en una guerra financiera: la ingeniería social para focalizar los ingresos en los más vulnerables.

Si bien los fatídicos hechos del 3 de enero han abierto una ventana de diálogo y flexibilización de sanciones, el daño estructural causado por el propio imperialismo al ingreso venezolano, está hecho. La economía tardará en recuperar la capacidad de generar un salario de 700 u 800 dólares necesario para cubrir la canasta básica familiar.

En conclusión, entender el “salario mínimo vital” hoy en Venezuela exige abandonar los paradigmas del manual económico occidental. Es entender el bloqueo, es entender la bonificación como mecanismo de defensa y es reivindicar la voluntad de la Presidenta Delcy Rodríguez de no dejar morir a su pueblo. El ingreso de 240 dólares no es la meta, pero es un paso firme en la escalada que, sin duda, la Presidenta decretará tan pronto cese, de manera definitiva, la persecución financiera internacional, y Venezuela pueda disponer libremente de sus legítimos recursos secuestrados en el extranjero, asumir el control de sus activos y manejar soberanamente el dinero proveniente de la venta de su petróleo. Defender estos anuncios es defender la vida. Nosotros venceremos!