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Preso por un día trabajador del Ipasme por insulto contra Delcy Rodríguez

Fue aprehendido el 25 de abril por funcionarios de seguridad, presuntamente sin orden judicial, tras ser señalado por el contenido del mensaje hallado en su escritorio. La detención generó cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten sobre posibles irregularidades en el procedimiento. Al día siguiente quedó en libertad con medidas cautelares

Juan Luis Guédez, trabajador del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipasme), fue detenido y posteriormente excarcelado este 26 de abril en Valle de la Pascua, estado Guárico, luego de que en su lugar de trabajo se encontrara un escrito con la frase “fuera la mona”, según denunció la organización Espacio Público.

Tal frase sería un insulto contra la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mismo utilizado el pasado 18 de abril en Madrid, en una concentración opositora, donde participó el intérprete venezolano Carlos Baute, quien aseguró un día después que no era racista.

De acuerdo con la información difundida, Guédez fue aprehendido el 25 de abril por funcionarios de seguridad, presuntamente sin orden judicial, tras ser señalado por el contenido del mensaje hallado en su escritorio. La detención generó cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten sobre posibles irregularidades en el procedimiento.

La Fundación de Derechos Humanos Los Llanos (Fundehullan) calificó el caso como un ejemplo de “justicia a medias”, luego de que el trabajador fuera excarcelado bajo medidas cautelares al día siguiente de su detención. “Su ‘delito’ fue disentir”, señaló la organización, al tiempo que denunció que el ciudadano habría sido “coaccionado en su trabajo” antes de ser trasladado por los cuerpos de seguridad.

Asimismo, Fundehullan alertó sobre lo que considera un patrón de judicialización de la opinión en el país, cuestionando el uso de la llamada “Ley contra el Odio” en casos vinculados a manifestaciones de pensamiento. A su juicio, este tipo de actuaciones vulnera garantías constitucionales como la libertad de expresión y el debido proceso, contempladas en los artículos 57 y 49 de la Constitución.

El caso ha reavivado el debate sobre la persecución laboral y las restricciones a la libre opinión en Venezuela, especialmente en instituciones públicas, donde organizaciones civiles insisten en que expresar posturas críticas no debe ser considerado un delito.

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