Carlos J. Sarmiento Sosa | Entre la Constitución y el servilismo: el reto del nuevo Fiscal y la nueva Defensora del Pueblo

Sin entrar en el tema de la ilegitimidad, parece que Venezuela tiene hoy un nuevo Fiscal General y una nueva Defensora del Pueblo casi tan desconocidos para el ciudadano común como decisivos para su destino: la pregunta no es quiénes son, sino si ejercerán sus cargos como republicanos o como simples mujiquitas al servicio del poder.

Del Jefe Civil al mujiquita de turno

En la Venezuela rural que se adentraba en la era petrolera, Cipriano Castro y, sobre todo, Juan Vicente Gómez, gobernaron con mano de hierro durante casi tres décadas, apoyados en doctores que diseñaban un andamiaje jurídico impecable mientras los asuntos de poder real se resolvían “por las vías de hecho”. Aquella legalidad de monumentos jurídicos —Código de Procedimiento Civil de 1916, Ley de Armas y Explosivos, Ley de Inmigración— convivía con una práctica política donde la ley era adorno y el miedo, el verdadero reglamento de aplicación.

En ese contexto surgió la figura del Jefe Civil, primera autoridad del municipio, casi siempre un compadre de confianza, o un coronel de montoneras, encargado de riñas, borrachitos y disputas vecinales, es decir, de las “cosas menores” del orden público. Como carecía de formación jurídica, terminaba buscando luz en un personaje pintoresco: el bachiller de pueblo, hombre de memoria fácil y verbo inflado, que se erigía en consejero de ocasión sin verdadera comprensión del derecho.

Ese asesor improvisado fue capturado magistralmente por Rómulo Gallegos en Doña Bárbara: el Mujiquita, el que “maneja” las leyes no para hacer justicia, sino para barnizar con lenguaje leguleyo las decisiones de Ño Pernalete y maquillar atropellos con frases dulzonas y falsas apelaciones a la equidad. Desde entonces, cada vez que la gente docta se tropezaba con alguien que se prestaba a dar cobertura “técnica” a los abusos del poderoso de turno, no dudaba en llamarlo por su nombre literario: mujiquita.

De los mujiquitas a las mujiquitas

El tiempo borró al Jefe Civil de los códigos, pero no al mujiquita, que se recicló como asesor del compañero de partido, juez complaciente o fiscal complaciente, siempre dispuesto a vestir de latinazos de manual la arbitrariedad del caporal con poder. El rasgo común no es el cargo, sino la actitud: engolar la voz, fingir lenguaje académico, repetir locuciones latinas mal aprendidas y teatralizar un supuesto saber jurídico para impresionar a una audiencia ingenua.

Con los años, a los mujiquitas les salieron competidoras: las mujiquitas, versión femenina con similares carencias y mayor audacia, amparadas por padrinos pesados o por un cargo dentro de la administración, rápidas para posar en primera fila y más rápidas aún para desaparecer cuando cambia el viento. Su estética, con trajes negros, gafas polarizadas y verborragia que emula a Arturo Uslar Pietri pero se asemeja más a parodia infernal, expresa una cultura política donde el cargo es plataforma para exhibirse, viajar en business y justificar lo injustificable ante auditorios locales e internacionales.

Ni mujiquitas ni mujiquitas se miden por el título que ostentan, sino por el uso que hacen de la función: siempre dispuestos a producir la frase rimbombante que necesita el jefe, a configurar respuestas a la carta, a dulcificar palabras para encubrir actos ilegítimos, a convertir el derecho en utilería retórica. En tiempos de autocracias “legales”, su papel es esencial: ponerle toga y birrete al abuso, hacer que la violación de derechos pase por decisión técnica, convertir el capricho en “criterio jurídico”.

Legitimidad y desnudez del poder

La legitimidad —esa cualidad de lo que se ajusta a la ley, es lícito y justo— no se obtiene solo cumpliendo formalidades, sino respetando el sentido de la norma. El estudiante que se copia y aprueba, o el profesional que adultera sus notas para graduarse, cumple requisitos, pero jamás podrá recuperar la legitimidad perdida, por más prestigio que luego acumule.

Igual ocurre con el poder que se aprovecha de recursos del Estado, chantajea funcionarios, manipula a la Fuerza Armada, estigmatiza opositores, controla todos los poderes públicos y se apoya en un árbitro cómplice para ganar elecciones: podrá tener el cargo, los honores y las multitudes, pero será siempre ilegítimo. Por mucho que los mujiquitas le construyan discursos, ese gobernante cargará de por vida con una voz interior que le susurra, desde su propia conciencia: “Tramposo”.

La célebre fábula de Andersen lo ilustra: un rey engañado por falsos sastres, rodeado de cortesanos incapaces de decirle que está desnudo, hasta que un niño, sin intereses ni temores, grita la verdad. En política, la metáfora retrata a la perfección al gobernante rodeado de adulantes y mujiquitas que le venden éxitos inexistentes, negando verdades públicas y notorias que solo la ciudadanía —ese niño incómodo— se atreve a señalar.

Hay jueces en Berlín… y en Venezuela

La vieja anécdota prusiana —el rey obligado a respetar la sentencia de un juez que protege al molinero dueño del molino ruidoso— se recuerda con la frase “aún hay jueces en Berlín”, símbolo de que la justicia puede imponerse al capricho del soberano. La expresión ha sido retomada en América Latina cada vez que un tribunal, como la Corte Constitucional colombiana frente a la segunda reelección de Álvaro Uribe o jueces argentinos frente a reformas judiciales abusivas, se planta ante el poder.

En contraste, cuando magistrados y jueces renuncian a administrar justicia y se reducen a cumplir de mujiquitas del guardián de turno, el sistema se degrada: dejan de imaginarse como poder independiente y se asumen como brazo jurídico del Ejecutivo o del caudillo. Sin embargo, incluso en las peores dictaduras venezolanas han existido ejemplos de jueces que honran la toga, como el doctor Juan José Abreu Velázquez, juez del Crimen de Caracas, que confirmó la condena a 15 años de presidio de Eustoquio Gómez por el asesinato del entonces gobernador de Caracas, Luis Mata Illas, a sabiendas de que se enfrentaba al primo hermano del dictador Juan Vicente Gómez.

Éste, fiel a su desprecio por la justicia, facilitó la fuga de su pariente, lo rebautizó con nombre falso y lo premió con cargos militares, mientras Abreu era apresado y enviado sin fórmula de juicio al castillo de Puerto Cabello; y tras la muerte de aquel que Domingo Alberto Rangel llamara el “amo del poder”, el destino los bifurcó: Eustoquio acabó asesinado de un balazo, mientras que Abreu fue nombrado Procurador General de la Nación, en 1936, dando inicio a procesos por corrupción contra la familia del Benemérito, falleciendo años después en paz con su conciencia.

Fiscal, Defensor del Pueblo y el deber de no ser mujiquitas

La Constitución de 1999 diseñó un Poder Ciudadano con órganos llamados a proteger al ciudadano, no a maquillar al poder. El Fiscal General encabeza el Ministerio Público: le corresponde ordenar y dirigir la investigación penal, ejercer la acción penal en nombre del Estado y promover la responsabilidad de funcionarios que violen la ley, entre otras atribuciones. El Defensor del Pueblo, a su vez, debe velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos, investigar violaciones, instar a los órganos del Estado a corregirlas y acudir a instancias nacionales e internacionales para proteger a las víctimas.

Hoy esos cargos están en manos de figuras designadas por una ilegítima Asamblea Nacional controlada por el oficialismo en medio de una  reconfiguración de un Poder Ciudadano. El riesgo es evidente: que la aparente renovación se limite a un cambio de nombres para que nuevos mujiquitas, con traje y discurso pulcro, continúen justificando la persecución penal selectiva, la criminalización de la disidencia y la inacción ante violaciones de derechos humanos. El nuevo Fiscal, como Fiscal General temporal de dudosa legitimidad, ha hecho “mutis por el foro” ante la pública y denunciada violación sistemática de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática.

Para no comportarse como mujiquitas, el nuevo Fiscal y la nueva Defensora del Pueblo deben asumir, al menos, cuatro compromisos básicos, pues su verdadera independencia aún está por probarse. Primero, entender que su lealtad no es con el gobierno ni con el partido, sino con la Constitución, las víctimas y la verdad, aunque eso implique incomodar al poder.

Segundo, ejercer sus atribuciones sin esperar “señales” del Ejecutivo, rompiendo con la patología descrita por Calamandrei: la del juez o funcionario que no sólo se doblega ante presiones, sino que se las imagina y se anticipa complaciendo al superior.

Tercero, rechazar la tentación de convertir el Ministerio Público y la Defensoría en escudos retóricos de procesos electorales, violaciones de derechos humanos o campañas de criminalización, como ya ha ocurrido en la historia reciente con la aplicación de la amnistía condicionada.

Y cuarto, recordar que, en cualquier sistema, los nombres pasan y lo que queda es el lugar en el que la historia los inscribe: al lado de los Eustoquio Gómez y sus mujiquitas, o del lado de los muy escasos jueces de Berlín que han honrado, en silencio y sin escoltas, la dignidad de la toga.