Alfonso Hernández Ortiz | La gran ficción de la transición venezolana

Mientras se habla de cambio, el poder se reorganiza para mantenerse

En las últimas semanas, el Congreso de Estados Unidos ha solicitado al secretario de Estado, Marco Rubio, la presentación de un plan claro para Venezuela. No una declaración general ni una fórmula retórica, sino una hoja de ruta concreta, con etapas definidas, tiempos verificables y objetivos precisos. La exigencia no es menor. Revela que incluso dentro del propio sistema estadounidense comienza a reconocerse que, hasta ahora, existe una narrativa política, pero no un plan estructurado.

Rubio ha planteado que el proceso venezolano se desarrollaría en tres fases: estabilización, recuperación y transición. La formulación es ordenada, incluso tranquilizadora en apariencia. Sin embargo, han pasado meses desde ese planteamiento y el país sigue sin saber en cuál de esas fases se encuentra realmente. Esta ambigüedad no es un problema de comunicación, es una indefinición política de fondo. Los procesos históricos no se sostienen sobre palabras, se sostienen sobre hechos. Y los hechos no permiten afirmar que Venezuela esté transitando una transformación estructural.

Lo que se observa, más bien, es un proceso de estabilización administrada. La salida de Nicolás Maduro del poder visible no implicó una ruptura del sistema, sino una reconfiguración interna. El poder no desapareció, se reorganizó. El núcleo permanece intacto. Figuras como Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Nicolás Maduro Guerra continúan siendo parte del entramado real de poder. Incluso cuando se producen cambios visibles, lo que emerge no es una sustitución del sistema, sino un reacomodo interno. No hay ruptura. Hay redistribución.

Y es precisamente allí donde se instala la contradicción central del proceso.

No se trata de actores ambiguos. Se trata de figuras formalmente señaladas por autoridades estadounidenses, incluso por el propio Marco Rubio, por su presunta vinculación con estructuras criminales asociadas al denominado Cartel de los Soles. Sobre algunos de estos nombres pesan acusaciones graves e incluso recompensas millonarias por información que conduzca a su captura. Sin embargo, permanecen en Venezuela, en libertad, con poder, con capacidad de decisión y con control sobre estructuras del Estado.

Este no es un detalle menor. Es el núcleo del problema.

Porque entonces la pregunta deja de ser incómoda y pasa a ser estructural: ¿cómo se explica que actores que han sido señalados por el propio gobierno de Estados Unidos como parte de entramados criminales sean, al mismo tiempo, tolerados e incluso asumidos como interlocutores en la práctica política?

No estamos frente a una incoherencia. Estamos frente a una definición.

¿Se trata de una política de principios o de una política de intereses? ¿Estamos ante una transición real o ante una administración del poder existente bajo una nueva narrativa?

Desde la tradición del realismo político, como lo planteaba Morgenthau, esta tensión no es accidental. Los Estados no actúan guiados por imperativos morales, sino por cálculos de poder. Y en ese cálculo, la estabilidad puede imponerse sobre la justicia, el control sobre la legitimidad.

Pero asumir eso tiene consecuencias.

Porque cuando quienes son definidos como criminales en el discurso pasan a ser funcionales en la práctica, lo que se erosiona no es solo la narrativa de transición. Se erosiona la credibilidad del proceso en su conjunto.

Esa misma lógica se extiende a otros ámbitos. La liberación parcial de presos políticos, aunque relevante, no altera la estructura mientras cientos de personas permanezcan detenidas. El discurso sobre elecciones carece de sustento institucional, no existe un nuevo árbitro electoral, no hay garantías reales ni cambios verificables en la arquitectura del poder. Y aquí conviene ser claro: sin un Consejo Nacional Electoral renovado, con rectores independientes, sin subordinación a ningún poder político, y con solvencia moral, profesional y académica, no hay posibilidad de construir condiciones mínimas de confianza. Sin instituciones creíbles, la elección deja de ser una herramienta de cambio y se convierte en un mecanismo de legitimación.

En el plano económico, la contradicción adquiere otra dimensión. Mientras se normaliza el flujo petrolero hacia Estados Unidos, la economía interna continúa deteriorada, con inflación persistente, salarios insuficientes y servicios públicos colapsados. El colapso del sistema eléctrico, en particular, no es coyuntural, es estructural, y condiciona la vida cotidiana del país. Esto evidencia que la estabilización en curso prioriza intereses estratégicos, particularmente energéticos, antes que la recuperación efectiva de las condiciones de vida.

En este contexto, el papel de la oposición adquiere una relevancia determinante. La reunión entre María Corina Machado y Rubio confirma la existencia de interlocución directa sobre el futuro del país. Sin embargo, esa interlocución no se ha traducido en claridad hacia la sociedad. Se habla de transición, de elecciones, de retorno. Pero el país sigue sin una explicación coherente del proceso. Hay múltiples discursos, pero no hay dirección.

Y allí aparece nuevamente el problema de fondo.

Como ha señalado Duverger, los partidos existen para articular demandas sociales, canalizar el conflicto y convertirlo en decisiones políticas. En términos de Sartori, cuando esa función se debilita, emerge una crisis de representación. Eso es precisamente lo que comienza a observarse en Venezuela: una política que no logra traducir el malestar social en conducción efectiva.

Por ello, la oposición no puede limitarse a esperar condiciones. Debe contribuir a construirlas, organizar presión social, articular demandas concretas y asumir un rol activo en la conducción del proceso. De lo contrario, termina actuando como un actor subordinado dentro de una dinámica que no controla.

El análisis exige, además, una mirada prospectiva. Los procesos políticos no se desarrollan de forma lineal, sino a través de escenarios posibles. Como plantean Godet y Gabiña, el futuro no se predice, se construye a partir de decisiones presentes.

El primero, hoy dominante, es el de una estabilización dirigida, en el que el sistema se adapta sin transformarse y asegura su continuidad.

El segundo es el de una recuperación económica parcial, con aperturas selectivas que pueden generar mejoras puntuales sin democratización efectiva.

El tercero es el de una transición condicionada, que permanece como expectativa sin cronograma definido.

El cuarto, siempre latente, es el de una ruptura no controlada, producto de la acumulación de tensiones sociales sin canales institucionales de expresión.

Este es, en definitiva, el mapa real del proceso venezolano, no el que se declara sino el que se configura a partir de los hechos, lo que hace inevitable una pregunta que sigue sin respuesta: ¿cuál es el plan?

Porque un país puede soportar una crisis prolongada. Lo que no puede sostener indefinidamente es la incertidumbre sobre su propio rumbo.

Y cuando la política no conduce, la historia lo hace por su cuenta.

Alfonso Hernández Ortiz
Politólogo, abogado, Doctor en Derecho y Ciencias Sociales