Alfonso Hernández Ortiz | “Es la economía, estúpido”: la lección que la clase política aún no ha entendido

Mientras la clase política discute candidaturas, el país enfrenta una crisis económica que amenaza con detonar una nueva ola de conflictividad social si no se estabiliza primero el Estado.

A comienzos de la década de los noventa, en plena campaña presidencial estadounidense, el equipo de Bill Clinton repetía una frase que con el tiempo se convertiría en una de las máximas más citadas de la estrategia política moderna: It’s the economy, stupid. No era una provocación dirigida al adversario ni una consigna electoral pensada para los votantes. Era un recordatorio interno para no perder de vista lo esencial: detrás de cualquier disputa política siempre existe una variable que termina ordenando el resto del tablero. En aquel momento esa variable era la economía. Tres décadas después, esa misma lógica parece describir con sorprendente precisión el momento que atraviesa Venezuela.

En los últimos meses el país ha comenzado a mostrar algunas señales que muchos interpretan como una tímida apertura política. La liberación de algunos presos políticos ha sido recibida con esperanza por amplios sectores de la sociedad después de años de persecución sistemática contra dirigentes opositores, activistas sociales y ciudadanos que simplemente se atrevieron a protestar. Sin embargo, esa liberación parcial no debe ocultar una realidad más compleja. Todavía hay venezolanos encarcelados, otros permanecen bajo arresto domiciliario y muchos continúan sometidos a restricciones que limitan severamente su libertad de expresión.

Al mismo tiempo se observa un fenómeno que durante mucho tiempo parecía improbable. Partidos políticos que fueron intervenidos judicialmente, despojados de sus siglas o forzados al exilio comienzan lentamente a reorganizarse. En algunas ciudades se han retomado reuniones políticas, dirigentes recorren comunidades y pequeños actos públicos vuelven a aparecer en el paisaje político del país. Después de años de asfixia institucional, algunos actores intentan recuperar su papel como intermediarios entre la ciudadanía y el poder.

Pero esa incipiente reactivación política también ha generado una lectura equivocada del momento histórico. En distintos sectores de la oposición comienzan a circular nombres y aspiraciones para futuras alcaldías, gobernaciones e incluso para una eventual carrera presidencial, como si el problema venezolano fuese simplemente convocar nuevas elecciones.

La realidad del país es bastante más compleja.

La salida de Nicolás Maduro del poder no significó una transformación estructural del sistema político venezolano. El andamiaje institucional que sostuvo al régimen durante veintisiete años permanece prácticamente intacto. Las instituciones continúan controladas por los mismos actores y el funcionamiento del aparato estatal sigue respondiendo a la misma lógica política que moldeó el poder en Venezuela durante todo ese período.

Si el mandatario fue considerado un usurpador tras las elecciones de 2024, entonces buena parte del entramado institucional que lo acompañó también arrastra un serio problema de legitimidad democrática, comenzando por su propio gabinete ministerial y por figuras como Delcy Rodríguez. Sin embargo, comprender el momento actual exige reconocer una realidad incómoda. La permanencia de ese equilibrio de poder no se explica por su legitimidad interna sino por el nuevo contexto de tutelaje geopolítico que hoy atraviesa el país.

La prioridad inmediata no es una transición política acelerada sino la estabilización del país desde el punto de vista económico y estratégico.

En ese escenario cada actor parece estar jugando su propia partida. En Miraflores, Delcy Rodríguez se mueve como una figura política en campaña permanente. Su estrategia parece clara: mantenerse en el poder, ganar tiempo y proyectarse políticamente mientras construye una relación pragmática con Washington. En algunos sectores de la oposición ocurre algo distinto pero igualmente revelador. La conversación política comienza a girar alrededor de futuras candidaturas y posicionamientos personales.

Mientras tanto, desde Washington la narrativa es otra. La administración Trump habla con entusiasmo del petróleo, del oro y de los minerales que comienzan a fluir desde Venezuela hacia los Estados Unidos, presentándolo como un éxito estratégico dentro de su política energética y de seguridad regional.

Pero en las calles del país la realidad es completamente distinta.

La población sigue enfrentando salarios de miseria, hospitales colapsados, deterioro del sistema educativo, apagones eléctricos recurrentes y servicios públicos cada vez más precarios. En amplios sectores de la sociedad la sensación dominante no es solo la pobreza material sino también una pérdida progresiva de la dignidad.

Durante años esa frustración estuvo contenida por el miedo y por la represión sistemática de los cuerpos de seguridad del régimen. Sin embargo, la necesidad de proyectar una imagen de cierta normalidad ante Washington ha abierto una pequeña grieta en el muro represivo. Algunos sectores sociales perciben ahora que existe un margen ligeramente mayor para protestar sin enfrentar inmediatamente la cárcel o la violencia directa de los organismos de seguridad.

Ese cambio de percepción puede tener consecuencias políticas importantes.

Desde la sociología política este fenómeno ha sido ampliamente estudiado. Ted Robert Gurr lo describió en su teoría de la privación relativa como la brecha que se produce cuando las expectativas de una sociedad superan dramáticamente las condiciones reales de vida que esa sociedad puede alcanzar. Cuando esa distancia se vuelve demasiado amplia, la frustración acumulada puede transformarse en ira colectiva y eventualmente en formas de conflicto político.

Ese es el riesgo que comienza a perfilarse en Venezuela. Una sociedad empobrecida, agotada y emocionalmente desgastada que ahora percibe un pequeño margen para expresar su descontento. Si la situación económica no se atiende con rapidez, esa frustración acumulada podría convertirse en una explosión social difícil de contener.

Por esa razón la estabilización económica no es solo una prioridad técnica sino también una necesidad política urgente. Si la estrategia de Washington hacia Venezuela contempla una fase inicial de estabilización, esa estabilización debe traducirse en medidas concretas que alivien la presión económica sobre la población. Esto implica abrir canales directos para la inyección de recursos, facilitar la recuperación de la actividad productiva nacional y adoptar decisiones que permitan reconstruir la confianza económica.

Desde la perspectiva de la economía política, la recuperación venezolana pasa necesariamente por reactivar los incentivos de producción, estabilizar el sistema monetario y reconstruir las condiciones mínimas para que la economía venezolana vuelva a funcionar. Entre las medidas que inevitablemente comienzan a discutirse aparece la posibilidad de avanzar hacia una dolarización más estructural de la economía y hacia un proceso gradual de reactivación de la actividad económica nacional.

Pero la estabilización económica por sí sola no será suficiente si no viene acompañada de una reconstrucción institucional profunda.

Debe acelerarse el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral, de un nuevo Fiscal General de la República y de nuevas autoridades dentro del poder judicial. Venezuela necesita funcionarios públicos probos, con trayectorias profesionales y académicas reconocidas, capaces de devolver legitimidad a instituciones profundamente deterioradas y atrapadas dentro del aparato partidista existente, sin ningún tipo de independencia, transparencia ni credibilidad institucional ante la sociedad venezolana.

Sin embargo, dejar completamente este proceso en manos de la actual Asamblea Nacional sería repetir los mismos vicios que han caracterizado al sistema político venezolano durante décadas. Ese órgano sigue respondiendo a los intereses del aparato político que ha controlado el poder en el país y también a sectores que, habiéndose incorporado al contubernio institucional, hoy pretenden presentarse como oposición.

El ejemplo más evidente de esa lógica ocurrió recientemente con el llamado enrosque institucional que protagonizó la Asamblea Nacional al designar como Defensor del Pueblo al ex Fiscal General de la República. La decisión constituye una dicotomía política difícil de justificar. Quien durante años dirigió una institución responsable de perseguir judicialmente y encarcelar a miles de venezolanos por razones políticas es presentado ahora como garante de los derechos ciudadanos.

Convertir al perseguidor en defensor ilustra con claridad la forma en que el sistema intenta reciclar a sus propios actores.

Si el nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral, del Fiscal General y de las autoridades judiciales queda exclusivamente bajo el control de esa misma estructura institucional, el resultado difícilmente será distinto. Venezuela no estaría reconstruyendo sus instituciones, estaría apenas maquillando el mismo sistema de poder que durante veintisiete años capturó al Estado.

Porque al final, detrás de todas estas discusiones geopolíticas y estratégicas, permanece una realidad simple que no puede ignorarse.

El venezolano común sigue esperando algo mucho más básico que una disputa entre élites políticas o un debate sobre recursos energéticos.

Lo que espera es poder vivir con dignidad.

Venezuela necesita elecciones, pero antes necesita algo más elemental: recuperar su economía y reconstruir sus instituciones. Sin ese orden, cualquier proceso electoral será apenas un espejismo político.

El asunto, simple y brutalmente claro, sigue siendo la economía