¿Apenas 8 años de cárcel para el principal saqueador de la crisis eléctrica?

El juez instructor español, Ismael Moreno, determinó en julio de 2023 el procesamiento de doce personas y cuatro empresas por delitos que habrían comenzado en 2009, en el contexto de una severa crisis energética en Venezuela.

De acuerdo con información publicada por Europa Press, el tribunal imputó a los investigados cargos por corrupción internacional, falsificación de documentos mercantiles y blanqueo de capitales. En ese periodo, Venezuela enfrentaba restricciones y declaró una “emergencia eléctrica”, lo que llevó a la administración de ese país a impulsar la construcción de la central termoeléctrica ‘Planta El Sitio’ en el estado de Miranda, diseñada para abastecer la demanda de Caracas y su área metropolitana, que reúne a unos 4,5 millones de habitantes.

La Audiencia Nacional fijó el inicio del juicio para el 19 de octubre, cuando se examinarán las supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato para levantar la citada planta a la empresa española Duro Felguera.

Según consignó Europa Press, el proceso incluirá en el banquillo al expresidente de la compañía, Juan Carlos Torres, así como a los exviceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado. Las sesiones continuarán los días 20, 21 y 22 de octubre en la sede del tribunal ubicada en la calle García Gutiérrez, programadas a partir de las 10:00 horas.

Penas irrisorias

En el escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de nueve años y medio de prisión, además de una multa de 160 millones de euros para Juan Carlos Torres, al señalarlo por un delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales y otro continuado de falsedad documental mercantil. Una pena que representa muy poco en relación con los delitos ejecutados. 

La Fiscalía también pide que Duro Felguera sea sancionada con una multa de la misma cantidad y quede inhabilitada durante dos años para contratar con el sector público, recibir subvenciones, ayudas públicas, beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social. Según el Ministerio Público, estos hechos constituyen un delito de corrupción internacional.

Para Nervis Villalobos, exviceministro venezolano, quizás el más grandes saqueador de las arcas públicas en Venezuela por negocios relacionados con la crisis eléctrica, el Ministerio Público pide apenas ocho años y nueve meses de cárcel, acompañados de una multa de 3,6 millones de euros, que no son nada si se compara con los centenares de millones de dólares que se habría emolsillado, al atribuirle tres delitos continuados de falsedad documental y uno de blanqueo de capitales.

Pero eso no es todo. Por los mismos cargos, la Fiscalía Anticorrupción propone una condena de tres meses de prisión y una multa de 1,625 millones de euros para Ochoa Alvarado. Además, otros acusados comparecerán en el proceso, entre ellos las esposas de Villalobos y Alvarado —María Consuelo Pardí y Milagros Coromoto Torres—, así como el exCEO de Duro Felguera, Ángel Antonio del Valle.

Los sobornos de Nervis

Según relató Europa Press, la investigación judicial determinó que “como una de las soluciones para paliar dicha emergencia, se decidió por la administración venezolana la construcción de la central termoeléctrica ‘Planta El Sitio’”. El entonces ministro de Energía Eléctrica, Rafael Ramírez, impulsó la designación de Duro Felguera como ejecutor del proyecto, por lo que —según la instrucción judicial— la empresa habría acordado hacer varias entregas de dinero a funcionarios públicos venezolanos para asegurar la adjudicación.

El relato instructor describe que Duro Felguera, bajo la denominación UTE Termocentro, formalizó “una serie de contratos con entidades y personas venezolanas que tenían por objeto encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos”, favoreciendo así los intereses de la compañía española. La investigación detalla que, como parte de ese supuesto esquema, se transfirieron al menos 105 millones de dólares a Nervis Villalobos a través de “sociedades interpuestas”, para que utilizara su capacidad de influencia en la administración venezolana en beneficio de Duro Felguera.

Conforme detalló Europa Press, el magistrado instructor sostiene que el presunto trato de favor obtenido mediante sobornos permitió a la empresa asturiana obtener la adjudicación del proyecto Termocentro, cuyo valor ascendía a 1.500 millones de dólares.

La causa penal afecta a varios responsables tanto de la empresa como del gobierno venezolano durante los años en los que se desarrolló el proceso de adjudicación y construcción de la central. El procedimiento judicial también involucra contratos, transferencias y documentos cuya finalidad, según la Fiscalía, radicaba en disfrazar el origen y destino de las sumas entregadas, así como legitimar la obtención del contrato público.

El juicio programado por la Audiencia Nacional está previsto para una secuencia de cuatro días, y su desarrollo podría arrojar luz sobre las dinámicas de corrupción asociadas a grandes contratos internacionales. Europa Press reportó que la instrucción detalla la participación de distintas personas físicas y jurídicas en la ejecución de las actividades imputadas, identificando los movimientos financieros y la relación de los fondos con beneficios empresariales en el sector energético.

En definitiva, el proceso se centra en la presunta entrega de millones de dólares a funcionarios venezolanos a cambio de influir en la adjudicación del contrato para la construcción de una central termoeléctrica destinada a mitigar la crisis eléctrica en Venezuela, implicando tanto al núcleo directivo de Duro Felguera como a altos cargos venezolanos y sus allegados, de acuerdo con la documentación judicial recogida por Europa Press.