Alfonso Hernández Ortiz | Delcy Rodríguez exige cuentas. Pero ¿a quién le toca rendirlas?

La reciente entrevista concedida por Delcy Rodríguez a la cadena NBC no fue simplemente una intervención mediática. Fue un ejercicio de supervivencia política.

Cuando la periodista preguntó si María Corina Machado podría regresar al país y participar libremente en una campaña presidencial, la incomodidad fue evidente. La respuesta no fue jurídica ni institucional. Fue moralizante. Rodríguez afirmó que Machado debía “rendir cuentas a Venezuela” por haber solicitado presión internacional, por promover sanciones y por respaldar acciones que desembocaron en la extracción quirúrgica de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

La frase clave fue esa: rendir cuentas.

Pero en política, y más aún en contextos de transición, las palabras nunca son inocentes.

Lo afirmo no solo como académico del Derecho y la Ciencia Política, sino como alguien que ha vivido de cerca la violencia y la persecución política en Venezuela. He visto amigos encarcelados, conocidos desaparecer en la opacidad del poder y estudiantes míos detenidos injustamente por pensar distinto. Esa experiencia no sustituye el análisis, pero lo vuelve más consciente. Y por eso sé que cuando el poder comienza a hablar insistentemente de rendición de cuentas, conviene preguntarse quién ha rendido cuentas hasta ahora.

En regímenes que perciben desgaste, una estrategia clásica consiste en invertir la carga moral y presentar al adversario como responsable del daño estructural acumulado. Ocurrió en Argentina tras la caída de la Junta Militar, cuando los responsables intentaron diluir responsabilidades bajo el argumento del contexto. Ocurrió en Chile durante los últimos años del régimen de Pinochet, cuando se buscó redefinir el relato antes de que la verdad judicial se impusiera. Ocurrió en Sudáfrica, cuando el poder comprendió que debía administrar la narrativa antes de enfrentar la realidad.

Cuando la correlación de fuerzas comienza a cambiar, el discurso se desplaza hacia la supuesta culpa del opositor.

Sin embargo, el planteamiento de Rodríguez enfrenta un problema estructural evidente. Mientras acusa a Machado de promover intervención extranjera, ella misma ha sostenido reuniones públicas y documentadas con altos funcionarios de Estados Unidos: el director de la Agencia Central de Inteligencia, la encargada de negocios en Caracas, el secretario de Energía y, recientemente, el jefe del Comando Sur, responsable directo de la acción militar del 3 de enero.

La retórica soberanista convive con una práctica diplomática pragmática. No es solo contradicción; es síntoma.

Si pedir presión internacional es motivo de rendición de cuentas, entonces negociar con esos mismos actores bajo condiciones de conveniencia política debería someterse al mismo estándar moral.

Políticamente es comprensible que Rodríguez critique a Machado. Necesita hablarle a su base. Necesita construir un culpable. Necesita sostener una narrativa de dignidad nacional en un contexto en el que el poder ya no controla todas las variables. Pero la realidad geopolítica es evidente. El margen de maniobra es estrecho. Se actúa bajo presión externa, bajo amenaza de aislamiento, caminando sobre una cuerda floja cuyo equilibrio depende de factores que trascienden la retórica.

Y es precisamente allí donde el discurso comienza a revelar temor.

Conviene precisar qué significa realmente rendir cuentas en un contexto de transición democrática. La justicia transicional es el conjunto de mecanismos jurídicos e institucionales que una sociedad adopta cuando decide enfrentar un pasado de violaciones sistemáticas de derechos humanos, persecución política, alteración del orden constitucional o corrupción estructural. No es venganza. No es revancha. Es reconstrucción del pacto democrático.

En Argentina se creó una comisión para documentar desapariciones y abrir procesos judiciales. En Chile se establecieron responsabilidades sobre ejecuciones y torturas. En Sudáfrica se permitió la confesión pública a cambio de beneficios procesales, pero nunca se negó el daño ni se invisibilizó a las víctimas. En ninguno de esos casos el poder saliente pudo imponer la narrativa del “borrón y cuenta nueva” sin atravesar antes un proceso de verdad.

La estabilidad no precedió a la justicia; fue consecuencia de ella.

Si de rendición de cuentas hablamos, la pregunta es inevitable. ¿Quién responde por los jóvenes asesinados en protestas? ¿Quién responde por los presos políticos? ¿Quién responde por los casos documentados de tortura? ¿Quién responde por el colapso institucional y la diáspora de más de ocho millones de venezolanos? ¿Quién responde por la alteración de resultados electorales en 2024 y la crisis de legitimidad que siguió?

La justicia transicional no depende del deseo del poder saliente. Depende de la presión social, del consenso democrático y del acompañamiento internacional. El derecho internacional ha establecido límites claros cuando se trata de violaciones graves. Reconciliación no es impunidad. Estabilidad sin justicia es provisional.

Hannah Arendt advertía que el peligro no reside únicamente en el ejercicio del poder, sino en su normalización discursiva. Cuando el lenguaje del poder intenta redefinir quién debe responder ante la historia, lo que revela no es fortaleza, sino conciencia de vulnerabilidad.

La entrevista no proyectó seguridad institucional. Proyectó preocupación política.

Un poder seguro responde con garantías electorales y competencia abierta. Un poder que intuye desgaste responde con advertencias morales y desplazamiento del foco.

He estudiado transiciones políticas comparadas y el patrón es recurrente: el poder acusa
antes de ser interrogado. Y cuando eso ocurre, es porque sabe que el ciclo histórico ha
comenzado a cerrarse.

La verdadera pregunta no es si María Corina Machado debe rendir cuentas por sus posiciones políticas. La verdadera pregunta es si quienes han ejercido el poder durante más de veintisiete años están preparados para un escenario en el que la verdad, la memoria y la justicia formen parte del nuevo contrato democrático.

Maquiavelo escribió que los príncipes temen más a la memoria que a la fuerza, porque la fuerza se ejerce en el presente, pero la memoria juzga en el futuro. Ningún poder prolongado ha logrado escapar indefinidamente a la lógica de la responsabilidad histórica.

La historia demuestra que los regímenes no caen el día que pierden el control del discurso, sino el día que pierden el control de la memoria.

Y cuando el poder comienza a hablar obsesivamente de rendición de cuentas, no es que
busque justicia. Es que empieza a temerla. Y cuando un poder teme la justicia, la transición ya ha comenzado.

Alfonso Hernández Ortiz
Politólogo · Abogado
PhD en Derecho y Ciencias Sociales