Carlos J. Sarmiento: “Fue una operación contra el Cártel de los Soles, en defensa legítima”

En entrevista con VERSIÓN FINAL, Carlos J. Sarmiento Sosa, abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, con doctorado en la misma Universidad, y coordinador del Capítulo España del Bloque Constitucional de Venezuela, grupo de opinión cuyos objetivos son la reinstitucionalización del sistema de justicia y la justicia transicional en Venezuela, con sede en Madrid, habló sobre la captura y extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte de militares estadounidenses.

-Doctor, Estados Unidos ejecutó una operación en territorio venezolano para capturar a Nicolás Maduro, identificado por Donald Trump como jefe del Cártel de los Soles. ¿Viola esto el derecho internacional o representa una acción legítima de defensa?

-La operación se enmarca en el ejercicio legítimo de la defensa propia reconocido en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Maduro dirige una estructura narco-estatal que utiliza el aparato público venezolano para traficar cocaína masivamente hacia Estados Unidos, configurando una agresión continua contra su seguridad nacional mediante el daño sistemático a miles de ciudadanos vía adicción y violencia asociada. Esta conducta trasciende el mero crimen organizado y equivale a un ataque no estatal pero estatalizado, justificando la respuesta proporcional y focalizada.

-¿Cómo encaja esto con la prohibición del uso de la fuerza en el artículo 2.4 de la Carta de la ONU?

-El artículo 2.4 prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial, pero admite una excepción clara en el marco de la legítima defensa del artículo 51 de la Carta de la ONU. La jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, en casos como Nicaragua vs. Estados Unidos (1986), ha subrayado que para invocar la defensa propia debe existir un “ataque armado” de cierta gravedad, lo que ha servido de referencia clásica para delimitar cuándo un Estado puede responder con fuerza. Tras los atentados del 11‑S, la Resolución 1368 (2001) del Consejo de Seguridad reconoció expresamente el derecho de legítima defensa frente a ataques terroristas, abriendo la puerta a aplicar esa lógica también frente a actores no estatales que actúan desde el territorio de un Estado que los protege o tolera, como en el caso de estructuras narco‑terroristas vinculadas al poder político.

-Washington alega amenaza por narcotráfico. ¿Es esto suficiente para invocar defensa?

-Absolutamente. El narcotráfico del Cártel no es delito común, sino arma estratégica: inundar un país con drogas letales equivale a agresión química indirecta, análoga al terrorismo. Doctrina reciente, como la de la ONU en materia de amenaza transnacional (Resolución 1373), y fallos estadounidenses sobre narco-terrorismo respaldan que tales redes, cuando estatales, activan el derecho de defensa. La operación fue precisa —captura quirúrgica, sin ocupación—, cumpliendo proporcionalidad e inmediatez, y preservando la soberanía al no alterar estructuras venezolanas más allá del blanco criminal.

-¿Qué dice esto del orden internacional frente al narco-Estado?

-Revela la necesidad de adaptar el derecho internacional a realidades del siglo XXI. Mecanismos multilaterales fallan ante Estados capturados por el crimen, como Venezuela, donde el Consejo de Seguridad queda paralizado. EE.UU. actuó conforme a sus obligaciones de proteger a su población, sentando precedente responsable: la comunidad internacional gana cuando se neutralizan amenazas que erosionan la paz global. Venezuela podría reclamar, pero carece de legitimidad al albergar y dirigir la agresión inicial.

-¿Recomendaría apoyo jurídico a esta acción?

-Sí, los juristas de todo el mundo debemos respaldarla como avance en la lucha contra narco-Estados. Prioriza vidas sobre formalismos vacíos, fortaleciendo un derecho internacional vivo y protector de la dignidad humana frente a abusos estatales disfrazados.