Ataques contra narcolanchas han dejado al menos 57 muertos en mar Caribe y Pacífico oriental
En lo que las autoridades estadounidenses describen como una ofensiva contra el tráfico de drogas, al menos 13 ataques habrían dejado 57 muertos en el mar Caribe y en el Pacífico oriental. Más allá de difundir videos de explosiones y de anunciar las acciones públicamente, la administración ha ofrecido escasa información sobre las identidades de las víctimas y sobre las pruebas que sustentan las imputaciones
Estados Unidos ha intensificado una campaña militar contra lo que su gobierno califica de “narcoterroristas”, una operación que, según reportó Axios, se ha extendido más allá de Venezuela y que este mes anotó su jornada más mortífera hasta la fecha.
En lo que las autoridades estadounidenses describen como una ofensiva contra el tráfico de drogas, al menos 13 ataques habrían dejado 57 muertos en el mar Caribe y en el Pacífico oriental. Más allá de difundir videos de explosiones y de anunciar las acciones públicamente, la administración ha ofrecido escasa información sobre las identidades de las víctimas y sobre las pruebas que sustentan las imputaciones.
La Casa Blanca ha defendido los bombardeos alegando que las embarcaciones atacadas transportaban droga con destino a Estados Unidos. No obstante, la escalada ha generado recelos incluso entre legisladores republicanos, pues la campaña no cuenta con una autorización explícita del Congreso. El presidente Donald Trump aseguró no necesitarla y su administración sostiene que EE. UU. está en un “conflicto armado” con ciertos cárteles.
La acción estadounidense ha ido acompañada por un despliegue militar significativo en la región, con buques, aviones espía, cazas, bombarderos, drones e infantes de marina, un movimiento que algunos analistas interpretan como presión destinada a propiciar un cambio de régimen en Caracas y que no descarta la posibilidad de operaciones terrestres.
La escalada se intensificó en agosto, cuando Washington elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro por cargos de narcotráfico, y suspendió las conversaciones diplomáticas con el gobierno venezolano para centrarse en la campaña de presión.
Cronología de la campaña
El 2 de septiembre, el Pentágono anunció lo que definió como "un ataque de precisión contra una embarcación de narcotráfico operada por una organización narcoterrorista designada”, acto que Axios y funcionarios relacionaron con el inicio abierto de la ofensiva. El presidente Trump publicó un video que, según él, mostraba el impacto contra una lancha rápida en aguas internacionales y afirmó que 11 miembros del Tren de Aragua —un grupo señalado por las autoridades como un cártel con base en Venezuela— habían muerto.
Entre mediados de septiembre y el 14 de octubre se registraron al menos cuatro ataques más. El 15 de septiembre el presidente publicó en Truth Social que un segundo ataque había acabado con tres personas que "transportaban narcóticos ilegales”. Pocos días después difundió otro video de un ataque frente a costas venezolanas que, según su versión, dejó tres muertos vinculados a una "Organización Terrorista Designada”. El 3 de octubre se produjo un nuevo ataque con cuatro fallecidos, y el 14 de octubre Trump afirmó que un quinto ataque había causado seis muertos, cifra que elevó el total conocido a 27.
El 15 de octubre, el presidente anunció además que había autorizado operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, posibilidad que amplió el alcance de la campaña más allá de los golpes navales y aéreos. Al día siguiente, la renuncia inesperada del almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur (Southcom), generó especulaciones sobre desacuerdos internos: según informes, Holsey habría mostrado reservas sobre la legalidad y el manejo de las operaciones.
El 16 de octubre se divulgó la noticia de un ataque contra un presunto submarino narcotraficante en el Caribe; en ese ataque murieron dos personas y hubo sobrevivientes. Las autoridades optaron por repatriar a los supervivientes —de Ecuador y Colombia— para evitar litigios sobre su estatus legal.
El 17 de octubre, se informó de otro ataque dirigido, según fuentes oficiales, contra una embarcación vinculada al Ejército de Liberación Nacional (ELN), que dejó tres muertos y que elevó el recuento a 32 fallecidos.
A partir del 21 de octubre comenzaron a registrarse operaciones en el Pacífico oriental. Un ataque frente a las costas de Colombia dejó dos muertos y, al día siguiente, otro más provocó tres decesos, según reportes publicados en redes por funcionarios pro gubernamentales estadounidenses.
El 24 de octubre se hizo pública una décima acción que, según las autoridades, mató a seis personas en el Caribe en una embarcación atribuida al Tren de Aragua. En la misma narrativa pública, un presentador y exmilitar llamó a tratar a quienes trafican drogas "como a Al-Qaeda”: "De día o de noche, mapearemos tus redes, rastrearemos a tu gente, te perseguiremos y te mataremos”, escribió.
El 27 de octubre marcó el día más letal de la campaña: ataques contra cuatro presuntas embarcaciones en el Pacífico oriental causaron 14 muertes y dejaron al menos un superviviente, según las comunicaciones oficiales difundidas ese día.
A pesar de la secuencia de operaciones y de los materiales audiovisuales divulgados por la Casa Blanca y por figuras afines, persisten interrogantes sobre la transparencia y la legalidad de la campaña: qué evidencia concreta vincula a las personas atacadas con organizaciones terroristas o cárteles, qué protocolos jurídicos y de inteligencia sustentan las decisiones de fuego, y cómo se determina la responsabilidad en casos con civiles potencialmente implicados.
La falta de rendición de cuentas formal ante el Congreso y las dudas manifestadas por miembros del propio partido del presidente han abierto un debate sobre los límites del uso de la fuerza en alta mar y sobre las implicaciones geopolíticas de una estrategia que combina presión militar directa con medidas destinadas a acelerar la destitución del gobierno venezolano.
Axios, que firma el reporte original, subraya la ausencia de explicaciones detalladas sobre víctimas y pruebas por parte del gobierno estadounidense, un vacío que alimenta críticas y preguntas que hasta ahora no han recibido respuesta pública.