Bloque Constitucional denuncia exclusión de la diáspora en la postulación al Comité de Postulaciones Judiciales
El Capítulo España del Bloque Constitucional de Venezuela ha emitido un contundente pronunciamiento para denunciar las barreras logísticas, temporales y geográficas impuestas en la reciente convocatoria para la postulación de representantes de la sociedad civil ante el Comité de Postulaciones Judiciales.
A juicio de la organización, las condiciones establecidas vulneran de forma indirecta el derecho a la participación de los millones de venezolanos que residen en el exterior.
La convocatoria, lanzada el pasado 2 de octubre de 2026 por la Comisión Preliminar con un plazo exiguo de apenas siete días, exige la entrega presencial y física de los expedientes en Caracas bajo rigurosos requisitos formales.
Para el Bloque Constitucional, esta modalidad genera un efecto discriminatorio que imposibilita de facto la participación de la diáspora. Entre las principales problemáticas señaladas figuran la insuficiencia del período otorgado para tramitar desde el extranjero documentos como apostillas y traducciones juradas, la barrera geográfica que obliga a los ciudadanos a trasladarse a Venezuela, y la imposibilidad de renovar la cédula de identidad en los consulados, un servicio reservado de forma exclusiva al SAIME dentro del territorio nacional. Asimismo, la organización advierte sobre la opacidad en los criterios de evaluación y la falta de claridad acerca de cómo se valorará la trayectoria profesional adquirida fuera del país.
Ante este escenario, la institución ha planteado un conjunto de exigencias urgentes dirigidas a corregir el proceso. Entre ellas, reclaman rechazar cualquier condición de carácter excluyente, ampliar los plazos de postulación, habilitar a las representaciones consulares para recibir los expedientes y crear un mecanismo electrónico seguro que permita la postulación digital y el seguimiento de las candidaturas.
Del mismo modo, demandan la publicación transparente de los criterios de selección y de las listas de admitidos y excluidos para garantizar el derecho ciudadano de objeción consagrado en la Constitución. El documento concluye advirtiendo que la legitimidad de la renovación de los órganos del sistema de justicia dependerá no solo de los nombres elegidos, sino de la transparencia, pluralidad e independencia de todo el procedimiento.
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Lea aquí el comunicado completo:
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