OVP reporta la muerte de tres privadas de libertad en la Cárcel 26 de Julio
El Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia un brote de diarreas, fiebre y vómitos en el Centro 26 de Julio. La falta de atención médica agrava la situación de los reclusos, quienes enfrentan una crisis de salud sin respuesta institucional
La cárcel 26 de Julio, ubicada en el estado Guárico, se encuentra en el epicentro de una crisis sanitaria. Un brote de diarreas, fiebre y vómitos ha afectado a los reclusos, quienes desde hace una semana padecen estos síntomas sin recibir la atención médica necesaria. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) alertó sobre la situación, evidenciando la falta de personal médico en el recinto.
Los reclusos, en un contexto de contagio acelerado, se ven obligados a depender de sus propios recursos para intentar recuperarse. El OVP señala que la respuesta asistencial sanitaria es prácticamente inexistente, lo que pone en riesgo la salud de los internos. La situación se hace aún más alarmante dado que la directiva de la prisión ha mostrado una “actitud de total indiferencia” ante las reiteradas solicitudes de atención por parte de los presos y sus familiares.
La organización responsabiliza directamente a la directiva del penal por la salud e integridad de los reclusos, enfatizando que “garantizar la atención médica no es una concesión ni un privilegio”, sino un deber del Estado. Negar el acceso a la salud, advierte el OVP, es una clara violación de los derechos humanos.
El OVP también ha documentado incidentes trágicos recientes, como la muerte de un interno en San Juan de los Morros por falta de atención médica. En septiembre, tres mujeres privadas de libertad, incluida Eleiner Sánchez, exdirectora de la cárcel 26 de Julio, perdieron la vida bajo circunstancias similares.
Las normas internacionales, como las Reglas Mandela, que Venezuela ha suscrito, establecen que las personas privadas de libertad deben gozar de los mismos derechos y estándares de atención sanitaria que la comunidad en general. El OVP recalca que el Estado no solo debe custodiar físicamente a los reclusos, sino que también debe proteger su vida, y privarlos de atención médica oportuna es un acto de trato cruel, inhumano y degradante que debe cesar de inmediato.
En un contexto donde el periodismo venezolano enfrenta un entorno hostil, con instrumentos legales que limitan la libertad de expresión, la denuncia del OVP resuena como un llamado urgente a la acción y a la responsabilidad estatal en el cuidado de la salud de los reclusos.