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OVP denuncia muerte de un recluso bajo custodia del Estado en Guárico

El Observatorio recordó que en la cárcel 26 de Julio se han registrado otras muertes de personas privadas de libertad. Ante la reiteración de estos hechos, la ONG solicitó que se realicen investigaciones independientes para establecer las circunstancias de la muerte. Asimismo, instó al Ministerio para el Servicio Penitenciario, al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo a esclarecer lo ocurrido y establecer si hubo omisiones en la atención médica que debía recibir el detenido.

José Gregorio Díaz, de 59 años, falleció tras sufrir un paro respiratorio mientras permanecía recluido en el Centro de Reclusión Procesal 26 de Julio, ubicado en el estado Guárico, informó este miércoles 14 de octubre el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

La organización no gubernamental expresó preocupación por las circunstancias de la muerte, debido a que en ese recinto se han denunciado recientemente brotes de fiebre, vómitos y diarrea, así como una presunta falta de personal sanitario para atender a la población penitenciaria.

Según el OVP, estas dificultades se suman a denuncias recurrentes sobre deficiencias en la alimentación, problemas de salubridad y presuntos castigos físicos dentro de las instalaciones.

La organización advirtió que conocer el diagnóstico preliminar no es suficiente para esclarecer el fallecimiento. En ese sentido, consideró necesario determinar si Díaz presentó síntomas antes de sufrir el paro respiratorio, si recibió atención médica a tiempo y qué medidas adoptaron las autoridades para resguardar su vida.

El Observatorio recordó que en la cárcel 26 de Julio se han registrado otras muertes de personas privadas de libertad. Entre los antecedentes mencionó el caso de Carlos Eduardo Padilla, cuyo fallecimiento fue denunciado por la organización en agosto.

Ante la reiteración de estos hechos, la ONG solicitó que se realicen investigaciones independientes para establecer las circunstancias de la muerte de Díaz y determinar si existieron responsabilidades institucionales.

Asimismo, instó al Ministerio para el Servicio Penitenciario, al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo a esclarecer lo ocurrido y establecer si hubo omisiones en la atención médica que debía recibir el detenido.

Hasta la información difundida por el OVP, no se habían precisado públicamente otros detalles sobre las circunstancias previas al paro respiratorio ni sobre las actuaciones de las autoridades penitenciarias.

 

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