OVP denuncia muerte de tres reclusos y exige investigar posibles omisiones en cárceles venezolanas
OVP denuncia tres muertes en cárceles venezolanas y exige investigar posibles omisiones en la atención médica. Tres reclusos murieron en centros penitenciarios de Carabobo, Miranda y Lara, según denunció el OVP. El Observatorio Venezolano de Prisiones exige respuestas a Fiscalía, Defensoría y jueces por muertes bajo custodia estatal
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este martes la muerte de tres personas que permanecían bajo custodia del Estado en centros penitenciarios de Carabobo, Miranda y Lara, y exigió investigar si existieron omisiones que retrasaron su atención médica.
La organización identificó a las víctimas como Anthony José Portillo Gómez, Víctor José Salgado y Adrián Felipe, quienes se encontraban recluidos en el Centro Penitenciario de Carabobo, conocido como Tocuyito; el Internado Judicial Rodeo IV, en Miranda; y el Centro Penitenciario Fénix Lara, respectivamente.
Portillo Gómez falleció el pasado 20 de julio en el Hospital Central Dr. Enrique Tejera, luego de presentar complicaciones asociadas con un cuadro neurológico y una enfermedad arterial hipertensiva.
Por su parte, Salgado, recluido en Rodeo IV, murió en el Hospital Dr. Domingo Luciani por causas relacionadas con su estado de salud.
El tercer caso corresponde a Adrián Felipe, quien permanecía privado de libertad en Fénix Lara y falleció tras presentar deshidratación severa, hipotensión arterial y síndrome diarreico agudo, según los reportes médicos citados por el OVP.
La organización cuestionó la actuación de las autoridades penitenciarias y planteó interrogantes sobre la atención sanitaria que reciben los privados de libertad.
¿Qué mecanismos están activando las instituciones venezolanas para impedir que una persona enferme, se deteriore y finalmente muera mientras permanece bajo responsabilidad del gobierno?”, cuestionó el OVP.
El organismo sostuvo que ante enfermedades graves, deshidratación, hipertensión descontrolada o cuadros infecciosos persistentes, la respuesta de las autoridades debe ser preventiva y no limitarse a trasladar al detenido cuando su condición ya se encuentra en estado crítico.
En ese sentido, el OVP pidió al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo realizar inspecciones en los centros penitenciarios para determinar si se está garantizando el derecho a la salud de los reclusos.
La organización también solicitó establecer si hubo retrasos en la atención médica, omisiones dentro de los centros de reclusión o demoras en los traslados a centros hospitalarios que pudieran haber agravado las condiciones de los fallecidos.
Asimismo, cuestionó el papel de los jueces de ejecución y señaló que el Poder Judicial debe ejercer un control efectivo sobre las condiciones en las que cumplen sus medidas las personas privadas de libertad.
El OVP instó a la Defensoría del Pueblo a asumir una función activa de supervisión, a los fiscales especializados en derechos humanos a investigar posibles responsabilidades y a los jueces de ejecución a verificar las condiciones del sistema penitenciario.
La organización advirtió que las instituciones tienen la obligación de actuar antes de que el deterioro de la salud de una persona bajo custodia termine en una muerte que pudo haberse evitado.