OVP denuncia la muerte de dos reclusos en la cárcel Fénix Lara por presunta falta de atención médica
Los internos fallecieron tras presentar tuberculosis y un cuadro de deshidratación y diarrea. La organización responsabiliza al Estado por las condiciones del sistema penitenciario. El OVP alertó sobre deficiencias sanitarias y violaciones a los derechos humanos
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este jueves la muerte de dos personas privadas de libertad que se encontraban recluidas en el Centro Penitenciario Fénix Lara, y atribuyó ambos fallecimientos a la falta de atención médica y al deterioro de las condiciones dentro del sistema penitenciario venezolano.
Los reclusos fueron identificados como José Antonio Rodríguez Ruiz, quien falleció a causa de tuberculosis, y Alfredo José Febres, quien murió luego de presentar un cuadro de deshidratación y diarrea, de acuerdo con la organización.
A través de un pronunciamiento, el OVP sostuvo que las personas bajo custodia del Estado dependen completamente de las autoridades para recibir atención médica, medicamentos y traslados hospitalarios cuando su estado de salud se agrava.
"Quien está privado de libertad no decide cuándo acudir a un médico, no puede adquirir sus medicamentos ni trasladarse a un hospital cuando su estado de salud se deteriora", señaló la organización en una publicación difundida en redes sociales.
El observatorio afirmó que enfermedades como la tuberculosis, la deshidratación o la diarrea no deberían ocasionar fallecimientos cuando existe acceso oportuno a tratamientos y servicios de salud adecuados.
Asimismo, denunció que las cárceles venezolanas continúan enfrentando problemas como la escasez de agua potable, alimentación deficiente, falta de medicamentos y ausencia de atención médica permanente, condiciones que, a su juicio, vulneran los derechos fundamentales de la población penitenciaria.
El OVP también recordó que las Reglas Mandela, adoptadas por las Naciones Unidas, establecen que las personas privadas de libertad deben recibir un nivel de atención sanitaria equivalente al disponible para el resto de la población.
La organización concluyó que cada muerte ocurrida bajo custodia del Estado constituye una presunta violación de derechos humanos y reiteró su llamado a garantizar condiciones dignas de reclusión y acceso oportuno a la atención médica para la población penitenciaria.