Infarto en prisión: Hermes Carrero y la crisis de salud en las cárceles

Hermes Carrero, de 63 años, murió el 30 de septiembre tras sufrir un infarto dentro de su celda en el Internado Judicial de Barinas (INJUBA), según informó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Este trágico suceso ocurrió apenas cinco días después de que una Comisión Presidencial visitara el centro penitenciario para verificar su funcionamiento y las condiciones de vida de los detenidos.

La muerte de Carrero se inscribe en una preocupante tendencia. Entre el 19 y el 30 de septiembre, al menos cuatro personas de 60 años o más perdieron la vida en distintos centros de reclusión. Carmen Rodríguez, de 66 años, falleció el 19 de septiembre en el anexo femenino de Tocuyito, Carabobo, a causa de un infarto agudo al miocardio. Tomasa Sánchez, de 72 años, murió el 24 de septiembre por un paro cardiorrespiratorio en el Centro Penitenciario de Occidente I, en Táchira. A esto se suma la muerte de César López, de 68 años, el 26 de septiembre en los calabozos de la Policía del municipio Juan Germán Roscio, en Guárico.

Desde abril, el OVP ha documentado más de 60 muertes de personas privadas de libertad, lo que plantea interrogantes sobre las condiciones de salud de los fallecidos, los controles médicos que recibían y su acceso a medicamentos. La organización cuestiona si existieron síntomas que pudieron ser atendidos a tiempo.

Particularmente crítico es el cuestionamiento sobre las condiciones observadas durante la visita de la Comisión Presidencial a INJUBA. El OVP se pregunta: “¿Se revisó la situación de salud de los presos? ¿Se identificó a las personas de edad avanzada o con enfermedades crónicas?” Estas preguntas reflejan una profunda preocupación por la atención médica en un sistema que parece ignorar las necesidades de sus reclusos.

El OVP sostiene que una supervisión penitenciaria efectiva debe incluir el acceso a las áreas de reclusión, la escucha activa de los presos y la evaluación de sus condiciones de vida y necesidades médicas, especialmente para aquellos en situación de vulnerabilidad.

Además, la organización recuerda que los adultos mayores son una parte significativa de la población carcelaria en Venezuela. En una investigación sobre 7.414 personas recluidas en 157 dependencias del CICPC, se identificaron 181 mayores de 65 años, algunos de los cuales han estado en condiciones inadecuadas durante períodos prolongados.

La muerte de Carrero no es un caso aislado, sino un reflejo de una crisis más amplia que exige atención urgente y reformas en el sistema penitenciario venezolano.