Denuncian presuntas irregularidades en procedimientos judiciales en Nueva Esparta
De acuerdo con la denuncia recibida por este medio, por parte del equipo de juristas defensores de las víctimas, El Ministerio Público habría imputado a los ciudadanos sin contar con los elementos suficientes,. los profesionales del derecho denunciaron que las audiencias han sido diferidas de manera reiterada con el supuesto objetivo de mantener abiertas las negociaciones económicas.
El pasado 20 de junio de 2025, efectivos militares adscritos al Comando Rural de la Guardia Nacional Bolivariana de Boca de Río, realizaron un procedimiento en las instalaciones de la procesadora de pescado El Gran Jukian, C.A., tras recibir una denuncia telefónica anónima.
En el operativo resultaron detenidas tres personas identificadas como Maryzandy Ferrer, Marcos Delgado y Antony Leandro, quienes fueron presentados ante el Tribunal de Control N°1 del estado Nueva Esparta por los representantes de la Fiscalía 12° del Ministerio Público y la Fiscalía 87 Nacional.
A los detenidos se les imputaron los delitos de contrabando agravado, pesca ilícita, ejecución de actividades no permitidas y asociación para delinquir, bajo la causa MP-1094493-2025, tramitada en los expedientes OP04-P-2025-000773 y OP04-P-2025-000735.
Posteriormente, fueron arrestadas otras dos personas por los mismos cargos, también a partir de una denuncia anónima, aunque en una causa separada.
De acuerdo con la denuncia recibida por este medio, por parte del equipo de juristas defensores de las víctimas, el Ministerio Público habría imputado a los ciudadanos sin contar con los elementos suficientes, con el fin de exigir altas sumas de dinero.
Según los señalamientos hechos por la defensa legal, este mecanismo se atribuye a la presunta actuación de la Directora de Ambiente, Gladis Díaz, en conjunto con el fiscal Rubén Medina (Fiscal 87 Nacional), con quien supuestamente mantiene vínculos personales.
En las tres causas mencionadas, a decir de los abogados, se habrían solicitado "hasta 100.000 dólares para no presentar acto conclusivo, pese a la falta de pruebas sólidas. Al no cumplirse con la totalidad del pago exigido, los acusados fueron formalmente imputados".
Asimismo, los profesionales del derecho denunciaron que las audiencias han sido diferidas de manera reiterada con el supuesto objetivo de mantener abiertas las negociaciones económicas. Aunque la defensa ha solicitado la acumulación de causas —al tratarse de los mismos hechos—, esta medida no fue promovida durante la fase de investigación, lo que habría facilitado la prolongación del proceso.
Los denunciantes señalan además que la Directora de Ambiente cuenta con respaldo de la Directora General Karin García, lo que le permitiría continuar estas prácticas. En consecuencia, los ciudadanos afectados, descritos como "trabajadores honestos", permanecen privados de libertad y sin posibilidades de cancelar el monto exigido por el fiscal con competencia ambiental.