Defensa Pública inicia en Zulia revisión de 11 mil casos de retrasos en audiencias preliminares y juicios
Este proceso abarca algunos estados del país, sin embargo pretende extenderse por todo el territorio nacional. “Una persona aunque haya cometido un delito tiene derecho a que el Estado venezolano le dé una respuesta” dijo Daniel Ramírez, defensor público general. Se encuentran en investigación todos los casos desde la Fase de Proceso hasta la Fase de Juicio
El defensor público general, Daniel Ramírez Herrera, informó desde el Circuito Judicial Penal del Zulia, ubicado en el casco central de Maracaibo, sobre el Plan de Defensa y Justicia Penitenciaria en Fase de Proceso, donde junto con el TSJ, el Ministerio Público y de Penitenciaría, evalúan los casos de retardos procesales.
Desde las afueras del Palacio de Justicia, y acompañado de la presidente del Circuito Penal, magistrada Leivys Azuaje, precisó que están instalando en Yaracuy, Lara y Falcón, “este plan en la Fase de Proceso, que implica la Fase Intermedia y Fase de Juicio”.
“Nos estamos constituyendo en los Circuitos Judiciales del país, haciendo una revisión de todos los expedientes de estos privados de libertad que se encuentran en esta fase, para verificar los motivos por los cuales no se ha realizado una audiencia preliminar, que en algunos casos tienen uno, dos y tres años; y hacer las gestiones necesarias y esta persona pueda celebrar su audiencia”, dijo.
Igualmente estarán verificando la Fase de Juicio, donde algunos privados y privadas de libertad que ya tienen tiempo detenido, incluso con más de tres años, y aún no han logrado constituir el tribunal, ni que vayan los testigos que ha solicitado por el Ministerio Público, así como los expertos y la propia víctima.
El Defensor Público General aseguró que “la idea es lograr que estás causas, que vinimos manejando en un sistema centrado de la Defensa Pública, podamos revisarla con el expediente físico y hacer la solicitud ante la Presidenta de la Sala de Casación Penal, magistrada Elsa Gómez, impulsando el Plan a Nivel Nacional”.
“Estamos revisando indistintamente del delito, porque una persona aunque haya cometido un delito tiene derecho a que el Estado venezolano le de una respuesta, bien sea con una sentencia condenatoria o absolutoria, sea un delito menos grave o grave, tiene derecho a una respuesta del órgano jurisdiccional”, acotó.
Ramírez Herrera destacó que “la Defensa Pública maneja más de un 70% de estos privados de libertad, estamos hablando cercano 38 mil privados de libertad, actualmente estamos revisando solo fase de Juicio, más de 11 mil privados de libertad a nivel nacional”.
Durante el año 2024, la Defensa Pública obtuvo importantes resultados pues trabajó articuladamente con el TSJ, la Sala de Casación Penal, el Ministerio Público, Servicio Penitenciario, Interior y Justicia, y dieron respuestas a los privados de libertad que estaban en Fase de Ejecución, tramitando distintas solicitudes ante estos ministerios, como antecedentes penales, evaluaciones psicosociales y registros de Sipol, para más de cuatro mil privados de libertad.