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Asesinan a dos testigos del caso “Narcosobrinos”

Al menos dos de los informantes de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) vinculados al caso por narcotráfico de Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores fueron asesinados después del arresto de los sobrinos del presidente Nicolás Maduro, revelan documentos de la corte y personas familiarizadas con la situación.

Un trabajo investigativo publicado por el diario El Nuevo Herald revela que el informante identificado por las autoridades como CW-1, quien aparece sentado en una silla de ruedas frente a los sobrinos en una foto suministrado por la DEA, fue ejecutado pocos días después del arresto.

“Alrededor del 4 de diciembre del 2015 fui notificado que CW-1 había sido asesinado”, declaró el agente especial Sandalio González, perteneciente a la División de Operaciones Especiales de la Agencia, en un documento de la corte. Pero CW-1 no fue el único en ser ejecutado.

“Han matado a dos”, dijo una de las fuentes que habló bajo condición de anonimato. “Al de Honduras, [CW-1] lo mandaron a matar desde Venezuela”.

El segundo ya se encontraba en el país sudamericano y era un colaborador que participó en la periferia de la operación encubierta que condujo al arresto de los sobrinos.

Las órdenes fueron emitidas por los proveedores de droga de los sobrinos en Venezuela, dijo la fuente.

Campo y Flores, quienes fueron criados como hijos por Maduro y su esposa Cilia Flores, fueron arrestados el 10 de noviembre en Haití y actualmente enfrentan cargos en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York de conspirar para importar 800 kilogramos de alta pureza a Estados Unidos.

Evidencias

Gran parte de la evidencia contra los jóvenes fue recaudada en reuniones previas con informantes de la DEA, que incluían a CW-1, un narcotraficante que operaba en Honduras y que venía colaborando con la agencia antidroga con la esperanza de alcanzar un acuerdo extrajudicial para reducir los cargos presentados en su contra en Estados Unidos.

Testigo clave

CW-1, que había quedado postrado en una silla de ruedas por un accidente que había sufrido previamente, fue quien informó a la DEA a inicios de octubre del 2015 que había sido contactado por dos venezolanos que estaban interesados en participar en una operación de drogas.

Los venezolanos tenían previsto viajar a Honduras para participar en una reunión en la que coordinarían los detalles de la operación que involucraba el envío desde Venezuela a Honduras de un avión cargado de droga con planes de vuelo de apariencia legítima.

“CW-1 posteriormente reportó que se había reunido con los acusados y otros en San Pedro Sula, Honduras, para discutir el envío de cientos de kilogramos de cocaína desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, de Maiquetía, al aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez, en Honduras”, declara uno de los documentos presentados por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York.

En una reunión sostenida posteriormente por los sobrinos en Caracas con potenciales socios que en realidad eran colaboradores de la DEA, los acusados admitieron que ellos anticipaban pagarle a CW-1 alrededor de $900 mil para facilitar la recepción de la droga en Honduras.

El caso contra los sobrinos incluye declaraciones de los acusados de sus planes de enviar a Estados Unidos múltiples cargamentos de droga de alta pureza suministrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las FARC son los principales proveedores de droga del denominado Cartel de los Soles, organización criminal conformada por altos funcionarios y oficiales del chavismo que controla las operaciones de droga en Venezuela.

Grabaciones

“A finales de octubre del 2015, Campo les dijo a dos fuentes durante una reunión grabada: ‘Estamos en guerra con Estados Unidos’. Y durante reuniones grabadas en Venezuela, Honduras y Haití, los acusados discutieron transportar múltiples cargas de cocaína en aviones privados, con el entendimiento inequívoco de que los narcóticos terminarían en este país, en conexión con transacciones que ellos esperaban generarían millones de dólares en recaudos”, indica otro de los documentos de la corte.

 

 

 

 

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