El diario plural del Zulia

Alcalá: “En dos delitos están incursos los Cpbez que atacaron en Versión Final”

En dos delitos están involucrados los funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez)”, señalados de la persecución contra el presidente editor del diario Versión Final, Carlos Alaimo, el pasado miércoles, cuando fue tiroteada su camioneta en el rotativo.

Así lo expuso el exdirector de Polimaracaibo, José Luis Alcalá Rhode.

En ese hecho, un directivo de la Casa D’ Italia, Édgar Dávila, resultó herido de bala en el antebrazo derecho. Ese día, la persecución se inició en la esquina de la calle 72 con Delicias, prosiguió cerca del estadio “Alejandro Borges” y terminó en el diario, cuando los funcionarios penetraron allí, luego de balear a Dávila, para amenazar de muerte al personal.

El abogado Alcalá Rhode precisó que los oficiales podrían ser acusados por lesiones y uso indebido de arma de fuego, contemplados en el Código Penal.

Además, detalló que a ellos se le puede abrir un proceso administrativo, mediante la Oficina de Control de la Actuación Policial (OCAP, antes Asuntos Internos), con base en el Estatuto de la Función Pública.

Indicó que a los oficiales debe suspenderlos de sus cargos, sin goce de sueldo, además de retirarles su arma de reglamento.

Afirmó Alcalá que los funcionarios “violaron los protocolos establecidos en este tipo de situaciones”, y se refirió al “manual del uso progresivo de la fuerza, que regula la actuación de los oficiales de policía”.

“Debe existir siempre la proporcionalidad, y unos pasos previos para que los funcionarios puedan desenfundar y usar el armamento. Este no lo podían usar (en el caso del miércoles), porque ninguna de las personas que tripulaban el vehículo utilizó, ni portaba armas de fuego”, puntualizó.

En ese momento, los oficiales no podían utilizar las armas de fuego, como argumento de una defensa personal o en todo caso de una alteración del orden público”, esbozó Alcalá.

El exdirector de Polimaracaibo señaló que ante la situación planteada, mediante la cual los oficiales violaron la Ley Orgánica del Servicio de Policía, el Código Penal, la Ley del Estatuto de la Función Pública y la Constitución, ellos “deben ser destituidos, el Ministerio Público, procesarlos, acusarlos, y los tribunales, penarlos.

“No cumplieron con el protocolo cuando entraron a la sede porque estaban personas distintas a las que perseguían”.

Lea también
Comentarios
Cargando...