Venezuela necesita $20 millardos y un administrador distinto a Delcy

El doblete sísmico registrado el pasado miércoles 24 de junio no sólo generó la pérdida de millares de vidas humanas y destruyó centenares de edificaciones, sino que sacudió los mapas de proyección económica en Venezuela que venía delineando el gobierno de Donald Trump tras la caída de Nicolás Maduro en la histórica incursión militar registrada el 3 de enero.

Los terremotos alteraron por completo el rumbo de una nación que proyectaba tener signos de estabilización financiera luego de meses convulsos que derivaron en la entrega, por parte del gobierno interino de Delcy Rodríguez, de las operaciones mineras y petroleras venezolanas a Washington.

Las evaluaciones iniciales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cifran los daños económicos directos entre 4.700 y 8.700 millones de dólares, aproximadamente el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) venezolano. Sin embargo, el impacto total, al incluir las variables indirectas y la infraestructura lineal, podría triplicar estos montos. Ante este escenario, la viabilidad de levantar los sectores destruidos depende de decisiones fiscales profundas y de una reestructuración política que trascienda las pugnas institucionales vigentes.

Estimaciones de la firma Ecoanalítica elevan el costo de la recuperación integral de la infraestructura pública, viviendas y servicios esenciales a cerca de 20.000 millones de dólares. A la par del perjuicio financiero, el inventario humano resulta alarmante. Se registran temporalmente 2295 fallecidos, 11.000 heridos y más de 50.000 ciudadanos desaparecidos, además de miles de infraestructuras colapsadas en regiones clave como La Guaira, Miranda, Carabobo, Aragua y el Distrito Capital.

El primer obstáculo

El primer obstáculo radica en el origen de los fondos para costear las obras. Pedro Palma, expresidente de la Academia de Ciencias Económicas de Venezuela, manifiesta su profunda preocupación por el entorno actual.

“Yo veo la situación que actualmente está atravesando el país como algo muy preocupante”, expone el economista, detallando que las expectativas de inversión extranjera y expansión que se cifraban a inicios de año cambiaron de forma radical. “Esta devastación sísmica nos agarra en un momento donde tenemos un gobierno prácticamente fallido, con muy pocos recursos, donde no se habían materializado todavía las inversiones importantes, debido a que no están dadas las condiciones para que esa inversión comience a materializarse”, puntualiza.

El debate macroeconómico se centra en el peligro latente del financiamiento del gasto público deficitario por parte del Banco Central de Venezuela (BCV). Históricamente, el recurso de emitir dinero sin respaldo para cubrir el déficit fiscal crónico derivó en inflaciones galopantes. Si bien las proyecciones previas al desastre estimaban una desaceleración inflacionaria notable para el cierre de año, el nuevo panorama amenaza con revertir cualquier avance. “Durante los cinco primeros meses del año, de acuerdo a los datos del Banco Central, hemos tenido una inflación del orden del 100%. La inflación anualizada de mayo a mayo es una cifra de tres dígitos medios, por lo tanto una inflación descomunalmente alta”, aclara Palma. Añade que, de recurrirse a la expansión monetaria desproporcionada, "estaríamos hablando de un agravamiento de las presiones inflacionarias al punto de que podríamos nuevamente caer en una situación de inflación galopante o hiperinflacionaria"

Esta inyección masiva de bolívares dispararía presiones en el mercado cambiario, incentivando salidas de capitales y pulverizando las mermadas reservas internacionales, advierte.

Al no existir una preferencia del público por mantener activos líquidos en la moneda nacional, se dificultaría aún más la obtención de divisas para importar maquinarias y bienes de capital vitales. La reactivación petrolera, apalancada por las licencias otorgadas a transnacionales como Chevron y operadoras europeas, seguía siendo un proceso incipiente antes del desastre. 

“Si bien había ciertos indicadores de aumento de la producción de petróleo debido a las licencias dadas a Chevron y a otras compañías europeas, todavía no se había materializado esa expectativa de crecimiento económico y de inversiones que se aspiraban en el futuro inmediato de Venezuela”, sostiene Palma, quien calcula por su parte que el impacto del movimiento telúrico implica pérdidas patrimoniales que rondan entre el 9% y el 10% del PIB.

El experto en finanzas recuerda que el país continúa aislado de los mercados financieros globales y carece de acceso directo al crédito internacional ordinario. La resolución de esta encrucijada requiere revaluar el esquema de sanciones de Washington sobre Caracas, un paso imperativo para destrabar el auxilio de entes multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. 

“Se hace impostergable que Venezuela se incorpore o tenga acceso a un financiamiento importante en moneda fuerte” recalca Pedro Palma. En sus estimaciones, el papel de Estados Unidos es crucial en la dinámica de protectorado fáctico que se configuró recientemente. “Sería crítico, crucial, clave, el papel que tiene que jugar Estados Unidos. Tendría que jugar un papel para destrabar todas estas dificultades de Venezuela para acceder a moneda fuerte, tan requerida para financiar la recuperación de la economía", explica y agrega que este cuadro forzará la postergación indefinida de cualquier intento de reestructurar la deuda pública externa vigente.

El tutelaje debe ser real

La efectividad operativa de la actual administración para dar respuesta a la crisis es objeto de severos cuestionamientos. Guillermo Arcay Finley, economista con Master en Administración Pública de la Universidad de Harvard, cuestiona con severidad la gestión gubernamental en el terreno de los hechos. 

“La desastrosa respuesta chavista al terremoto demostró que USA no puede confiar en ellos para ejecutar eficazmente una lista de órdenes a distancia. Una tutela exitosa requerirá un rol de USA mucho mayor en terreno y una marcha mucho más acelerada”, sentencia Arcay Finley. El especialista añade un diagnóstico realista sobre el panorama interno. 

“Este terremoto nos agarra como país en una situación bastante precaria no vamos a poder reconstruir esta destrucción. No tenemos la capacidad logística ni financiera. Es un momento para pedir ayuda: donaciones financieras y de logística”, afirma.

En esa misma línea, la firma de análisis político Eurasia Group, advierte sobre las repercusiones institucionales del manejo de la emergencia, poniendo el foco sobre las figuras de la administración oficialista.

“La respuesta, hasta ahora poco convincente, de Delcy Rodríguez ante los dos terremotos está generando frustración popular, lo que probablemente la debilitará y aumentará la presión sobre Estados Unidos y las autoridades interinas para que avancen hacia la celebración de nuevas elecciones", expone la consultora internacional en sus informes.

Según esta perspectiva, la catástrofe pudiera forzar una reorientación drástica de la agenda nacional. “El terremoto modificará las prioridades económicas, priorizando la recuperación de la infraestructura básica sobre una mayor liberalización económica, incluso si la dirección general de la política económica y la normalización en Estados Unidos se mantienen intactas”, señala la firma, coincidiendo en que la emergencia congelará las negociaciones con los acreedores externos e impondrá una actitud más agresiva de las autoridades, aunque la intervención de entes internacionales podría catalizar acuerdos futuros.

Una propuesta concreta 

El dilema de fondo trasciende la captación de capitales y se adentra en la confianza y legitimidad de las estructuras encargadas de administrarlos, de acuerdo con Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica, quien en un artículo de opinión destaca que las crisis de esta envergadura obligan a redefinir el destino histórico de las naciones. 

“El país necesita una reconstrucción a escala nacional, pero las autoridades enfrentan una profunda falta de legitimidad política y una limitada capacidad operativa. Esa combinación es especialmente peligrosa. Sin legitimidad, será difícil movilizar cooperación internacional de gran escala. De hecho, las primeras señales de la cooperación financiera internacional han sido también muy preocupantes. Sin confianza, será difícil atraer inversión privada. Sin transparencia, será difícil evitar que la ayuda se fragmente, se politice o se desperdicie. Sin inclusión, será imposible convertir la reconstrucción en un proyecto nacional”, advierte.

En palabras de Grisanti, Venezuela necesita un gran pacto nacional para la reconstrucción, no como una consigna retórica, sino como una arquitectura institucional concreta. “Un pacto que incluya a todos los actores que hacen vida en el territorio nacional: autoridades nacionales, gobernaciones, alcaldías, oposición, Fuerza Armada, sector privado, trabajadores, universidades, iglesias, organizaciones sociales, comunidades afectadas y organismos multilaterales”. 

Desde su óptica, este acuerdo también debe incorporar a la diáspora venezolana, que hoy representa una de las mayores reservas de talento, recursos, conocimiento técnico y vínculos internacionales con las que cuenta el país.

Al contrastar referentes internacionales, menciona cómo Chile en 2010 resguardó sus equilibrios macroeconómicos, Japón en 2011 aplicó altas capacidades técnicas y Nepal en 2015 centralizó con éxito la ayuda internacional por medio de una agencia especializada. En la acera opuesta sitúa a Haití como el reflejo de la peor salida institucional. Tras el sismo de 2010, la dispersión de la ayuda y la ausencia de una autoridad legítima profundizaron la precariedad del Estado haitiano. "Es posible que el terremoto de ayer sea la principal causa del Estado fallido que Haití presenta hoy", puntualiza Grisanti.

La propuesta concreta de Grisanti pasa por instituir una autoridad nacional para la reconstrucción de carácter transitorio y autónomo.

El organismo tendría las asignaciones expresas de consolidar el padrón de daños, canalizar la asistencia internacional, estructurar el desarrollo urbano y someter los recursos a rigurosas auditorías internacionales. La meta de este esfuerzo, en su opinión, no debería limitarse a restaurar los cimientos de la precariedad previa, y tendrían que abrir la ventana para una modernización urbana bajo estándares antisísmicos, rescate del sector sanitario y fortalecimiento de los servicios públicos esenciales.

El dinero y cómo manejarlo

“Los 20 000 millones de dólares estimados para la recuperación no deben verse únicamente como un costo. Bien administrados, pueden convertirse en el mayor programa de inversión pública y privada de las últimas décadas. Pueden generar empleo, reactivar sectores productivos, reconstruir confianza y acelerar la modernización de la economía. Pero mal administrados, pueden convertirse en otra fuente de frustración, corrupción, desigualdad y pérdida de legitimidad”, señala.

Por eso, para Grisanti, la pregunta económica más importante no es solamente cuánto dinero hará falta sino es quién decidirá cómo se invierte, bajo qué reglas, con qué controles y con qué visión de país, pues la reconstrucción será el principal programa económico de Venezuela durante los próximos años, y si se maneja con opacidad y exclusión, profundizará la crisis, pero si se maneja con transparencia, inclusión y sentido nacional, puede abrir una nueva etapa.

La comunidad internacional también tendrá un papel fundamental, destaca. “Venezuela no podrá enfrentar sola esta emergencia. Será indispensable movilizar asistencia humanitaria, créditos de rápido desembolso, cooperación técnica, apoyo de organismos multilaterales, donaciones, seguros, inversión privada y mecanismos financieros especiales. Pero esa cooperación exigirá garantías. Ningún organismo internacional, ningún gobierno aliado, ningún inversionista serio y ninguna diáspora movilizará recursos de gran escala si no existe una estructura confiable, incluyente y técnicamente sólida para administrarlos”.