Alcalá Rhode cuestiona aumento de multas de tránsito en Maracaibo
"Ni el alcalde ni Polimaracaibo pueden usurpar competencias nacionales", afirmó el abogado José Luis Alcalá Rhode, quien sostuvo que fijar sanciones de hasta 150 dólares mediante ordenanzas municipales sería inconstitucional y contrario a la Ley de Transporte Terrestre
El abogado José Luis Alcalá Rhode, exsecretario de Gobierno del estado Zulia, excomisionado de Seguridad y excomandante de la Policía Municipal de Maracaibo, aseguró que la Alcaldía de Maracaibo, el Concejo Municipal y Polimaracaibo no tienen competencia para fijar o incrementar las multas por infracciones de tránsito por encima de lo establecido en la Ley de Transporte Terrestre.
El jurista advirtió que la propuesta de imponer multas de hasta 150 dólares mediante ordenanzas o resoluciones municipales representa una usurpación de competencias del Poder Público Nacional, al considerar que vulnera la Constitución y la jerarquía de las leyes.
"Estamos ante una clara violación a los principios de legalidad y reserva legal. La Ley de Transporte Terrestre y su reglamento son los que establecen cuáles son las infracciones y los montos de las multas. Ninguna alcaldía o cámara municipal tiene facultad para modificar esas cuantías. Se está cayendo en una anarquía institucional", afirmó.
Alcalá Rhode fundamentó su posición en los artículos 137, 141 y 156 de la Constitución, que establecen el principio de legalidad, el sometimiento de la Administración Pública al ordenamiento jurídico y la competencia exclusiva del Poder Público Nacional para legislar sobre sanciones y multas.
Asimismo, recordó que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha señalado que tanto las infracciones como las sanciones deben estar previstas en una ley formal, e indicó que en ocasiones anteriores el máximo tribunal ha ordenado la devolución de recursos cobrados por municipios sin respaldo legal.
El excomisionado también sostuvo que no cualquier funcionario policial está facultado para imponer multas de tránsito, ya que debe estar homologado por el órgano rector nacional. Además, señaló que los equipos para controlar la velocidad, como radares y cinemómetros, deben contar con certificación oficial de Sencamer.
Otro de los puntos cuestionados fue la propuesta de otorgar un incentivo equivalente al 10 % del valor de cada multa al funcionario que la imponga, una medida que, a su juicio, podría incentivar prácticas irregulares y afectar la imagen institucional de Polimaracaibo.
En materia de ordenamiento urbano, Alcalá Rhode también criticó los cobros en divisas realizados por estacionamientos privados en centros comerciales de Maracaibo, al considerar que muchos de ellos no cumplen con la obligación de contar con pólizas de responsabilidad civil para responder por daños o robos a los vehículos.
Finalmente, exhortó a la Alcaldía de Maracaibo a concentrar los esfuerzos de Polimaracaibo en el control del tránsito durante los cortes eléctricos, el ordenamiento del sector motorizado y la eliminación del uso indebido de sirenas y luces policiales en vehículos particulares.
"Apoyo la modernización de la policía y el control del tráfico, pero siempre dentro del marco de la Constitución y las leyes. No se puede buscar liquidez económica a costa del bolsillo del ciudadano mediante vías al margen del Derecho", concluyó.