Zapatero y Maduro bajo la lupa por corrupción en obra eléctrica valorada en €1.500 millones
Javier Alvarado, expresidente de Corpoelec, y uno de los principales apuntados por el caso Duro Felguera, presentó pruebas a la sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sobre la existencia de un contrato de adjudicación sin licitación previa para la construcción de una central de ciclo combinado en Termocentro, según difundió The Objetive. La empresa asturiana es acusada en España de pagar sobornos millonarios en Venezuela
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó, en abril de 2024, el procesamiento de la empresa asturiana Duro Felguera, de su expresidente Juan Carlos Torres, y de los exviceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado, por su implicación en una presunta trama de sobornos relacionada con la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela.
Según reseñó The Objective, varios de los venezolanos involucrados en el caso solicitarán en sus respectivos escritos de acusación, en las próximas semanas, que el exministro de Asuntos Exteriores del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Ángel Moratinos, comparezca como testigo en la vista oral.
El caso parece uno más de esa saga oscura de relaciones entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el gobierno venezolano. Sin embargo, esta vez un exdirectivo de Pdvsa ha decidido hablar.
Entregó documentos comprometedores que sitúan el origen del escándalo en lo más alto de la pirámide: en las conversaciones directas entre Zapatero y Nicolás Maduro, cuando este aún no había heredado el trono bolivariano, pero ya obraba como mano derecha de Hugo Chávez.
Todo empezó en un contexto desesperado: 2008, Venezuela en plena crisis energética, apagones sistemáticos que sumían en la penumbra no solo hogares, sino también la ya tambaleante legitimidad del chavismo.
Desde Caracas se tomó la decisión de adjudicar sin concurso público, de manera directa, a la empresa española Duro Felguera la construcción de una central de ciclo combinado —Termocentro— por valor de 1.500 millones de euros.
Un encargo colosal, con urgencia de Estado, con luz verde desde arriba. Los documentos entregados por el exviceministro Javier Alvarado a la Sección Primera de la Sala de lo Penal no dejan lugar a dudas: el contrato fue firmado por el entonces ministro venezolano Rafael Ramírez, figura clave del régimen, y negociado políticamente por Miguel Ángel Moratinos, ministro de Exteriores bajo el segundo mandato de Zapatero.
“No se trató de una licitación abierta y pública”, recalca Alvarado en su escrito de acusación. “Fue una adjudicación directa. Los directivos acusados no tenían ni capacidad ni jerarquía para imponer tal decisión”, apuntó.
Sin embargo, ese contrato se llevó a cabo tras un acuerdo previo entre Moratinos y Nicolás Maduro, entonces canciller venezolano, firmado el 24 de octubre de 2008. Este pacto no fue producto del azar, sino consecuencia directa de “una visita del presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, a Venezuela en 2005 y otra del presidente de la República de Venezuela a España, Hugo Chávez, en 2008”, como reconoce el propio acuerdo.
Es difícil leer estos documentos sin evocar el caso Morodo, aquel en el que el exembajador de Zapatero en Caracas, Raúl Morodo terminó condenado a apenas diez meses de prisión por ocultar beneficios de origen oscuro provenientes de Pdvsa.
La investigación apuntaba más alto, hacia el propio expresidente Zapatero, pero el caso se cerró sin más consecuencias. El principal testigo, Juan Carlos Márquez, exdirectivo de Pdvsa, apareció muerto dos días después de anunciar que iba a “contar todo lo que sabía” sobre los sobornos de la estatal y el exembajador de Zapatero, Raúl Morodo.
Y es que quienes firman no siempre pagan. Y los que ejecutan, muchas veces, acaban solos en el banquillo. Es una pauta que se repite en los grandes casos de corrupción política, especialmente cuando los acuerdos opacos se fraguan entre gobiernos amigos. Ocurrió en el caso Morodo, y ahora amenaza con repetirse con la causa que juzgará a la empresa asturiana Duro Felguera, acusada de pagar sobornos millonarios en Venezuela a cambio de un contrato de 1.500 millones de euros.
El contrato en cuestión fue firmado el 29 de mayo de 2009 por el entonces ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, con la empresa pública venezolana Corpoelec, por valor de 1.500 millones de euros.
El objetivo era la construcción de una central termoeléctrica en Santa Lucía (Miranda), bautizada como Planta El Sitio, en plena crisis energética. En esos años, Venezuela sufría cortes de luz recurrentes que afectaban incluso a Caracas.
En 2010, Hugo Chávez llegó a declarar una “emergencia eléctrica nacional”, lo que justificó adjudicaciones de urgencia para intentar contener el colapso del sistema. Fue en ese contexto en el que entró en juego Duro Felguera.
Pero el contrato no fue fruto de un proceso técnico ni competitivo. Tal como consta en los documentos entregados al juez, no hubo licitación pública, ni oferta abierta a otras compañías.
Fue, según la versión del exviceministro Javier Alvarado, una adjudicación directa, sin alternativa ni transparencia, decidida desde las más altas instancias políticas fruto del acuerdo cerrado un año antes, en 2008, entre el Gobierno español y el venezolano.
La planta termoeléctrica Planta El Sitio, en Santa Lucía, estado de Miranda, fue presentada como la solución para la crisis eléctrica de Caracas. Hoy, quince años después, apenas funciona. Y el dinero que fluyó en aquella operación se “evaporó”.