Venezuela y EE. UU. negocian flexibilización de sanciones para facilitar ayuda por los terremotos
La directora regional del PNUD señaló que las sanciones estadounidenses tienen un impacto en la llegada de ayuda internacional. La petición de facilitar el acceso de la ayuda humanitaria ya había sido planteada por Naciones Unidas poco después de los terremotos. Las labores de remoción de escombros siguen en marcha, mientras persisten daños en viviendas
Los Gobiernos de Venezuela y Estados Unidos mantienen conversaciones para evaluar un posible levantamiento o flexibilización de las sanciones contra Caracas, con el objetivo de facilitar el ingreso de recursos destinados a la recuperación del país tras los terremotos registrados en junio, informó la directora para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), Michelle Muschett.
La funcionaria confirmó el proceso durante una entrevista con EFE en Bogotá, días después de visitar Venezuela para conocer las necesidades de las zonas afectadas por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.
Entiendo que hay conversaciones en este momento en curso y le correspondería al Gobierno dar los detalles precisamente en torno a cómo se generan las condiciones necesarias para que los recursos que se requieren para financiar esta recuperación puedan entrar a Venezuela”, explicó Muschett.
La directora regional del PNUD señaló que las sanciones estadounidenses tienen un impacto en la llegada de ayuda internacional y afirmó que este fue uno de los asuntos abordados durante su visita a Caracas.
“Lo que hay de fondo va mucho más allá de las dinámicas políticas y geopolíticas. Estamos hablando de personas, de vidas humanas, de la posibilidad de construir futuro y esa, definitivamente, debe ser la prioridad que prime en este momento”, sostuvo.
Muschett destacó que Venezuela necesita apoyo financiero y técnico de otros países y organismos multilaterales para afrontar las consecuencias de los terremotos, debido a que un desastre de esta magnitud requeriría años de recuperación si el país tuviera que asumir los costos únicamente con recursos propios.
La petición de facilitar el acceso de la ayuda humanitaria ya había sido planteada por Naciones Unidas poco después de los terremotos.
El subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, señaló entonces a EFE que las sanciones deberían flexibilizarse para evitar que interfieran con la asistencia humanitaria y los programas de recuperación.
“Para nosotros siempre es importante que tengamos excepciones humanitarias, que nada de lo que necesitemos para el apoyo humanitario esté sujeto a sanciones”, afirmó Fletcher.
Durante su visita a Caracas, Muschett presentó la Evaluación de Necesidades Posteriores al Desastre (PDNA) elaborada por el PNUD, que calcula en 21.000 millones de dólares las necesidades financieras de Venezuela para la recuperación tras los terremotos.
Según el informe, cerca de 70 % de esa cifra corresponde a daños registrados en viviendas, uno de los sectores más afectados por los movimientos telúricos.
“Ojalá este análisis que se presenta pueda ser una herramienta útil para estas conversaciones” entre Caracas y Washington, manifestó Muschett.
Casi tres meses después de los terremotos, la situación en las zonas afectadas continúa siendo compleja, de acuerdo con la funcionaria. Las labores de remoción de escombros siguen en marcha, mientras persisten daños en viviendas, interrupciones de servicios básicos y afectaciones en los medios de vida de numerosas familias.
Muschett también explicó que los desplazamientos de personas hacia otras zonas del país o hacia viviendas de familiares han generado nuevas necesidades humanitarias.
En materia de evaluación de daños, el PNUD acompaña a técnicos venezolanos mediante el uso de drones e inteligencia artificial para inspeccionar las viviendas afectadas, determinar cuáles pueden ser reparadas y cuáles presentan daños estructurales que hacen necesaria su demolición.
El Gobierno venezolano, añadió Muschett, también comenzó a desarrollar un “marco de recuperación resiliente”, con lineamientos para la reconstrucción y una estimación de las necesidades de financiamiento.