Venezuela tilda de “rídicula maniobra” la denuncia de Chile ante la CPI sobre caso Ojeda

El gobierno de Nicolás Maduro rechazó este viernes la decisión de Chile de compartir con la Corte Penal Internacional (CPI) información sobre el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024 en Santiago.
A través de un comunicado, el canciller, Yván Gil, calificó la acción como una “ridícula maniobra” basada en “mentiras y falsedades” y acusó a la administración chilena de convertir la política exterior en un “espectáculo de mala calidad”.
El documento argumenta que la CPI no es un tribunal para “ventilar fábulas fantasiosas” ni un escenario para “montajes mediáticos”, y sostiene que la iniciativa chilena obedece a una agenda impuesta por Estados Unidos con el fin de erosionar la soberanía de Venezuela.
Además, insta al gobierno de Gabriel Boric a enfocarse en sus propios problemas internos, mencionando la situación del pueblo mapuche y la represión de protestas sociales.
Chile, por su parte, defiende su decisión de entregar antecedentes a la CPI, en el marco de la investigación abierta por el tribunal en 2021 sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El ministro de Exteriores, Alberto van Klaveren, y el fiscal nacional, Ángel Valencia, aseguraron que la información aportada podría contribuir a esclarecer el asesinato de Ojeda, cuya hipótesis principal apunta a un móvil político y a la posible intervención de agentes extranjeros.
El exmilitar, exiliado en Chile y opositor al chavismo, fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 por individuos vestidos como agentes policiales. Su cuerpo fue hallado 10 días después, sepultado bajo cemento en las afueras de Santiago.
Hasta el momento, se identificaron 16 sospechosos, incluidos miembros de la organización criminal Tren de Aragua.
Mientras que siete personas están detenidas en Chile y otras cuatro se encuentran en proceso de extradición desde Colombia y Estados Unidos, cinco implicados aún permanecen prófugos.
Las autoridades chilenas señalan que el caso podría estar vinculado a una persecución sistemática contra disidentes venezolanos. Un testigo involucró al ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, como presunto autor intelectual del crimen, aunque la investigación sigue en curso.