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Venezuela registra "el mayor número de presos políticos del siglo XXI": 107 son adolescentes

Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, informó este martes que hay un total de 1.674 ciudadanos aprehendidos por motivaciones políticas, de las cuales 1.571 fueron detenidos desde el 29 de julio. En este número se incluyen "personas con condiciones de salud, llámese enfermedades crónicas o incluso son personas con discapacidad". El abogado destaca que también fueron arrestados 136 menores de edad, y hasta la fecha han sido liberados solo 29

El número de presos políticos alcanza su mayor cifra en Venezuela en todo el siglo XXI, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio y la ola de protestas que se han efectuado los 30 días subsiguientes, en rechazo a los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Un total de 1.674 son ahora los aprehendidos por motivos políticos en el país, de los cuales solo 103 están detenidos desde antes del 28 de julio, según cifras ofrecidas por el abogado Alfredo Romero, director de la Organización No Gubernamental (ONG) Foro Penal.

"Este es el número debo decir más alto de presos políticos pues en al menos en la historia del Foro Penal de hace más de 22 años, y obviamente del siglo XXI al menos", indicó Romero.

Durante una entrevista televisada para la periodista Idania Chirinos de NTN24, el director de Foro Penal expuso que la cifra antes mencionada podría ser mucho mayor, ya que el Gobierno Nacional habla de más de 2000 detenidos, a quienes se les niega su derecho a la defensa privada.

Romero explica que en protestas de años anteriores existía un efecto de "puerta giratoria", donde se encarcelaban a un grupo de personas y se excarcelaban a otras; en promedio eran mantenidas entre 250 y 300 personas aprehendidas.

La diferencia ahora o lo que caracteriza este momento es que la puerta giratoria se trancó en cuanto a las personas encarceladas. Si nosotros vemos el gráfico vamos a ver que digamos la línea, la curva de personas encarceladas se mantiene totalmente arriba y los excarcelados totalmente en el piso", amplia.

El experto indica que estas personas, provenientes de estados como Lara, Cojedes y Táchira son trasladados hacia las cárceles de Tocuyito en Carababo y Tocorón en Aragua.

Dentro de los detenidos se encuentran no solo ciudadanos que participaron en manifestaciones pacíficas, sino personas que "simplemente caminaban por la calle" o que "estaban en sus casas y fueron buscados sin órdenes de aprehensión y sin investigación previa", comenta Alfredo Romero.

Adolescentes

El abogado defensor de Derechos Humanos reseña que del número total de aprehendidos, al menos 107 son adolescentes. No obstante, resalta que desde el 29 de julio fueron aprehendidos 136 menores de edad y solo fueron liberados 29 de ellos.

Los adolescentes se mantienen en cárceles para menores de edad en el área metropolitana de Caracas, y no se les permite tener acceso a defensa privada, al igual que los mayores de edad. "Los abogados no hemos tenido acceso allí y tampoco organizaciones como Foro Penal", informa.

Alfredo Romero detalla además que todos ellos son calificados como "guarimberos" y en otros sectores como "terroristas".

Lejos de sus familiares

El representante de la ONG Foro Penal advierte que la mayoría de los detenidos son trasladados a otros estados del país, de donde no son originarios y se encuentran lejos de sus familiares.

Dichas condiciones perjudican "no solo la vida del familiar sino la posibilidad de visita, la posibilidad de llevar incluso comida, agua, porque muchas de estas cárceles los familiares saben que hay que llevarles comida y agua etcétera porque es que no hay suficiente en esos lugares, hasta agua".

Los presos, resalta Romero, se ven de esta manera incomunicados y limitados para poder ser visitados por sus familiares.

Eso no puede ser parte de la sanción. Si ya de por sí la persona está encarcelada, no puede salir de un lugar en las condiciones que no son las mejores condiciones obviamente (...) eso trae problemas psicológicos claro muy superiores a los que trae solo el encarcelamiento", sentencia.

Acusados de terrorismo

Romero asegura que los detenidos son tratados como "terroristas" e imputados de tal manera, además carecen de defensa privada y a los abogados públicos se les asignan entre 1.000 y 2.000 casos para cada uno, lo que imposibilita la atención personalizada de cada uno de ellos.

El experto comenta que es necesario que cada uno de estas personas sea investigada de manera privada y no de manera masiva como se ha ejecutado.

"Tienes que individualizar porque obviamente a pesar de que no consideramos que el calificativo es terrorista, también en esta manifestaciones ha habido algunos actos, llamémoslo delictivos, pues de personas que cometieron algún tipo de acto de violencia pero no son todos", puntualiza.

En los más alarmantes casos, hay entre los aprehendidos ciudadanos que poseen graves condiciones de salud y que deberían ser liberados por una "medida humanitaria". Dentro de estos se incluyen personas con enfermedades crónicas, discapacidades y hasta con problemas cognitivos, dentro del espectro autista y otras.

Cuando un defensor tiene 1000 casos, 2000 distribuidos o sea distribuidos en pocos defensores públicos que son los que se le han designado casos, igual que los fiscales, ¿Qué tiempo tiene un solo defensor? (...) Están cargados de casos, o sea humanamente no tienen ni siquiera la capacidad de poder defender a tanta cantidad", comenta con preocupación.

Romero recomienda a las autoridades que prevalezca en todos los casos la presunción de inocencia, y que se respete la "individualización de la evidencia o de la prueba en su contra para incriminarlo o para imputarle un delito tan grave como terrorismo".

"El perjuicio que se causa a esa persona privándola de libertad, en las condiciones además de incomunicación que se ha mantenido en varios casos y con la falta de acceso a la defensa, es un perjuicio bueno físico y psicológico que repito, tiene que ser tan excepcional como tiene que haber suficiente presunción al menos grave de que la persona cometió un delito para mantenerlo privado de libertad", sentencia.

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