Transparencia Venezuela denuncia blindaje económico de Delcy Rodríguez frente a un posible cambio de régimen
De acuerdo con el documento, Rodríguez, junto con familiares cercanos y personas de su confianza, constituyó o fortaleció estructuras offshore y empresas en jurisdicciones de baja regulación fiscal durante los últimos años. Estas operaciones, señala la ONG, estarían orientadas a resguardar bienes muebles e inmuebles adquiridos en el exterior, así como participaciones en negocios vinculados al sector petrolero, el comercio internacional y los servicios financieros
La organización no gubernamental Transparencia Venezuela publicó un informe titulado “Delcy Rodríguez se blindó para la era post-Maduro”, en el que documenta una serie de maniobras patrimoniales y societarias que la actual presidenta encargada de Venezuela habría ejecutado para proteger activos e intereses económicos ante un eventual cambio de régimen o pérdida de poder.
De acuerdo con el documento, Rodríguez, junto con familiares cercanos y personas de su confianza, constituyó o fortaleció estructuras offshore y empresas en jurisdicciones de baja regulación fiscal durante los últimos años. Estas operaciones, señala la ONG, estarían orientadas a resguardar bienes muebles e inmuebles adquiridos en el exterior, así como participaciones en negocios vinculados al sector petrolero, el comercio internacional y los servicios financieros, recoge Efecto Cocuyo.
Entre los principales hallazgos, Transparencia Venezuela destaca la creación y uso de sociedades registradas en Panamá, Islas Vírgenes Británicas y otras jurisdicciones consideradas opacas, algunas de ellas a nombre de presuntos testaferros o parientes directos. También se identifican transferencias de propiedades en Europa, especialmente en España, y en el Caribe, canalizadas mediante fideicomisos o compañías pantalla.
El informe señala además movimientos financieros que coinciden con períodos de mayor presión internacional, como la imposición de sanciones o la apertura de investigaciones por presunta corrupción. Según la ONG, existiría una posible vinculación entre estos activos y actividades económicas favorecidas por posiciones de poder dentro del Estado venezolano, como contratos públicos o intermediaciones en exportaciones.
Transparencia Venezuela califica este entramado como “un blindaje patrimonial premeditado para garantizar la continuidad económica personal y familiar en un escenario político adverso”, escenario que, según el informe, se materializó tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026 y la posterior asunción de Rodríguez como presidenta interina.
La organización sostiene que se trata de “una estrategia deliberada para evadir la rendición de cuentas y posibles acciones judiciales internacionales”, y exhorta tanto a las autoridades venezolanas actuales como a instancias multilaterales a investigar los hechos, transparentar el origen de los bienes y aplicar mecanismos de recuperación de activos ilícitos.
El reporte se basa en registros mercantiles públicos, bases de datos offshore y cruces de información financiera disponibles hasta finales de 2025. Hasta el momento, ni Delcy Rodríguez ni personas de su entorno han emitido una respuesta oficial sobre el contenido del informe.
El documento se difunde en medio de una transición política acelerada en Venezuela, en la que Rodríguez consolida el poder ejecutivo mientras enfrenta crecientes presiones internas y externas en materia de transparencia y rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos públicos.
Exigen publicar contrato de exportación de gas
En un comunicado separado, Transparencia Venezuela exigió este lunes a Delcy Rodríguez la publicación del contrato que, según anunció la mandataria encargada, permitirá a Venezuela exportar por primera vez en su historia gas licuado de petróleo (GLP).
La ONG solicitó detalles del convenio anunciado el pasado viernes, al considerar que su divulgación es necesaria para cumplir con “los principios de transparencia y rendición de cuentas que rigen la Constitución nacional”, y que marcaría “una gran diferencia con el patrón de opacidad que ha prevalecido en el Estado venezolano”.
A través de una carta pública difundida en redes sociales, la organización pidió “información completa y verificable” sobre las empresas y entidades involucradas en el acuerdo, sus participaciones, los criterios de selección y las condiciones contractuales. Entre los datos requeridos figuran los volúmenes de producción comprometidos, la vigencia del contrato, el monto de la inversión, las obligaciones tributarias, las metas establecidas, las condiciones comerciales generales, las responsabilidades logísticas y el destino final de las exportaciones.
Solicitamos la publicación íntegra del contrato suscrito, incluyendo anexos, adendas o modificaciones, o en su defecto la indicación expresa de las razones legales que impidan su divulgación total o parcial”, señala el documento, en el que Transparencia Venezuela facilita un correo electrónico para recibir la respuesta oficial.
Asimismo, la organización exhortó a que la información sea publicada y accesible para todos los ciudadanos a través del portal web del Ministerio de Hidrocarburos, actualmente encabezado por la presidenta encargada.
Hasta ahora, el Ejecutivo no ha respondido públicamente a solicitudes de comentarios.