Transparencia Venezuela cuestiona "opacidad" que rodea inicio del juicio por caso Pdvsa-Cripto
“De los detalles se sabe poco”, señala la ONG. Hasta ahora, agrega, "no está claro en qué centros de reclusión han permanecido los detenidos, si el número de acusados es de 54 o 60, ni cuál es el monto exacto del daño al patrimonio público que admiten las autoridades"
Más de tres años después de que estallara el escándalo, el caso conocido como Pdvsa-Cripto finalmente entró en fase de juicio en los tribunales de Caracas. Se trata del único proceso judicial de relevancia que las autoridades venezolanas han reconocido abiertamente hasta la fecha en esta trama de corrupción.
En la noche del 20 de abril, varios de los principales acusados —entre ellos el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami— fueron trasladados al Palacio de Justicia para comparecer ante la jueza Alejandra Romero, titular del Tribunal Cuarto con competencia en delitos de terrorismo y corrupción. La audiencia, que se extendió hasta la madrugada, fue suspendida y se reprogramó para este miércoles 22 de abril.
La organización no gubernamental Transparencia Venezuela, a través de sus redes sociales, ha cuestionado la "opacidad" que rodea el proceso. “De los detalles se sabe poco”, señala la ONG. Hasta ahora, agrega, "no está claro en qué centros de reclusión han permanecido los detenidos, si el número de acusados es de 54 o 60, ni cuál es el monto exacto del daño al patrimonio público que admiten las autoridades".
Según cálculos de Transparencia Venezuela, el daño ocasionado a las arcas del Estado por esta trama supera los 16.960 millones de dólares. De esa cifra, aproximadamente 3.600 millones serían potencialmente incobrables, mientras que los restantes 13.360 millones se mantenían como cuentas por cobrar en el momento de la investigación.
La trama involucró presuntas irregularidades en la comercialización de petróleo venezolano, el uso de criptoactivos y una red de empresas que habrían desviado fondos que nunca ingresaron al erario público.
La ONG plantea varias interrogantes sobre cómo se está desarrollando el caso:
- Por qué el proceso se lleva en un tribunal con competencia en terrorismo y no en un tribunal ordinario de juicio?
- ¿Esta audiencia representa la primera presentación formal de los acusados ante un juez?
- ¿El Ministerio Público, encabezado por el fiscal general Tarek William Saab (y con Larry Devoe en roles clave), impulsará realmente sanciones contundentes contra los responsables?
Hasta el momento, el caso ha generado decenas de detenciones y órdenes de captura, pero la información oficial ha sido escasa y fragmentada.
Transparencia Venezuela ha insistido en que este caso representa uno de los mayores desfalcos de la historia reciente de Venezuela y ha advertido sobre las graves consecuencias que tiene para el país, en un momento en el que los servicios básicos como salud, educación, electricidad y agua enfrentan severas limitaciones.
La organización considera que la falta de transparencia en el proceso judicial y la ausencia de cifras oficiales claras sobre el monto del daño refuerzan la percepción de que, incluso en casos de corrupción de alto perfil, persiste el hermetismo en el sistema de justicia venezolano.