Rocío San Miguel cumple 100 días de su detención arbitraria

A 100 días de la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, representantes de distintas organizaciones alzaron la voz una vez más por su liberación.

En un documento firmado por más de 100 activistas recordaron que el 9 de febrero de 2024, la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, fue abordada en el aeropuerto de Maiquetía por funcionarios de seguridad del estado junto a su hija.

En tres meses sus abogados de su confianza han realizado todas las gestiones para que se puedan juramentar formalmente como sus legítimos representantes de confianza, sin embargo, a San Miguel aún no se le realiza la audiencia preliminar, reseñó Tal Cual.

“Debemos recordar que el Artículo 49 de la Constitución de Venezuela obliga a las instituciones del Estado a que el debido proceso se aplique en todas las actuaciones judiciales y administrativas y en todo estado y grado del proceso”, reza el escrito.

Denuncian que “toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa”. Rocío San Miguel y sus abogados no han podido tener acceso al expediente de la causa, han transcurrido y cesado los lapsos que por ley permiten actuaciones legales y siguen sin realizarse la audiencia preliminar.

Reiteraron que el derecho al debido proceso y la defensa es un derecho humano fundamental y una obligación inviolable por parte del estado venezolano. Según establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos “el derecho a la defensa debe necesariamente poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y sólo culmina cuando finaliza el proceso”.

Mujeres defensoras de derechos humanos elevaron su preocupación por el incumplimiento del debido proceso y los estándares en materia de derechos humanos en el caso de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y con ella el de todas las féminas presas políticas en Venezuela.

“Siendo Mujer defensora de derechos humanos en condición de violación a las garantías al debido proceso queremos elevar las preocupaciones entendiendo el estado de indefensión en el que se encuentra cualquier mujer presa política del país”, se indicó en el comunicado.

Las organizaciones alertaron a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas; a la Corte Interamericana de los derechos humanos; a la Comisión interamericana de derechos Humanos; a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer el incumplimiento tras 100 días de reclusión arbitraria de Rocío San Miguel de su derecho al debido proceso.

“Exigimos el cumplimiento de las obligaciones del Estado venezolano y sus instituciones con la Constitución de la República y con los estándares en derechos humanos. Por tal motivo, es urgente que se permita a la defensora la designación de sus abogados de confianza a los fines de poder tener acceso al expediente para conocer el contenido y que se pueda ejercer el derecho a la defensa de manera efectiva”, concluye el escrito.