Revelan contrato de $4 millones gestionado por Delcy para buscar alivio de sanciones de EE. UU.
Documentos citados por El Mundo señalan que el acuerdo fue suscrito en 2020 con el bufete Amsterdam & Partners. La firma habría asesorado al Gobierno venezolano en asuntos técnicos relacionados con las sanciones estadounidenses. El contrato, inicialmente previsto para un año, se extendió hasta 2022 con pagos por más de $4 millones
Un contrato por 4,05 millones de dólares suscrito entre el Estado venezolano y el bufete internacional Amsterdam & Partners reveló las gestiones realizadas en 2020 por la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez para obtener asesoría legal en asuntos relacionados con las sanciones impuestas por Estados Unidos.
La información fue publicada por el diario español El Mundo, que tuvo acceso al documento firmado entre la Procuraduría General de la República y la firma de abogados dirigida por Robert Amsterdam, con sedes en Londres y Nueva York.
Según la publicación, el acuerdo fue promovido por Rodríguez y formalizado a través del entonces procurador general, Reinaldo Muñoz Pedroza, con el propósito de representar legalmente a Venezuela y brindar asesoramiento técnico sobre las sanciones estadounidenses.
El contrato establecía honorarios fijos por 4.049.848,88 dólares, pagaderos en cuatro cuotas. El primer desembolso, por 1.049.848,88 dólares, debía realizarse el 31 de enero de 2020, mientras que los tres millones restantes serían cancelados en cuotas mensuales de un millón de dólares hasta mayo de ese año.
De acuerdo con el documento, el Gobierno venezolano pagaba por adelantado los servicios de la firma, cuya vigencia inicial comprendía todo 2020. Sin embargo, la relación contractual se prolongó durante dos años más.
Un portavoz de Amsterdam & Partners confirmó a El Mundo la existencia del contrato y aseguró que la relación se estableció directamente con Delcy Rodríguez, no con Nicolás Maduro.
"Siguiendo las instrucciones de la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez, el bufete prestó asesoramiento sobre una serie de cuestiones específicas y técnicas relacionadas con las sanciones", indicó el representante de la firma al medio español, sin ofrecer mayores detalles sobre los servicios prestados.
La publicación sostiene que el contrato formó parte de los intentos del Gobierno venezolano por abrir canales de comunicación con la administración del entonces presidente Donald Trump y explorar alternativas para lograr un alivio de las sanciones impuestas contra el país.
La revelación se produce en momentos en que continúan las discusiones sobre las relaciones entre Caracas y Washington, así como el impacto de las sanciones internacionales sobre la economía venezolana.