Reforma de la Ley contra el Odio plantea multas de hasta 10.000 euros en Venezuela
La reforma de la Ley contra el Odio, ahora denominada Ley para la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, elimina sanciones penales y establece multas administrativas. Se abre un debate en la Asamblea Nacional sobre su implementación.
El panorama legislativo en Venezuela se transforma con la presentación del proyecto de reforma a la denominada «Ley contra el Odio», que ahora se reconfigura como «Ley para la Convivencia Pacífica y la Tolerancia». Este cambio, según Acceso a la Justicia, se basa en la sentencia número 1034 del SC/TSJ, publicada el 17 de octubre, que avala la iniciativa de la Asamblea Nacional.
Una de las modificaciones más significativas es la eliminación de sanciones penales, que da paso a un sistema de infracciones y sanciones administrativas. Las multas oscilarán entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial del bolívar, lo que se traduce en un rango aproximado de 500 a 10.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.
El documento estipula que «la graduación de la multa se determinará ponderando de forma motivada la gravedad de la falta, el alcance y medio empleado, la intencionalidad del infractor, el beneficio económico obtenido y la reincidencia en la conducta». Además, se plantea la posibilidad de sustituir las multas por trabajos comunitarios y programas educativos que promuevan la cultura de convivencia, con una duración que puede variar entre 200 y 600 horas.
La reforma también establece que «en ningún caso las conductas descritas en este artículo darán lugar a medidas privativas de libertad», reservando las sanciones a la vía administrativa. Sin embargo, Acceso a la Justicia sostiene que esta ley debería ser derogada y llama a un debate amplio en la Asamblea Nacional que incluya a todos los sectores de la sociedad.
En otro ámbito, Nicolás Maduro ha descalificado nuevas acusaciones en su contra, las cuales podrían acarrear una sentencia mínima de 50 años. Por su parte, Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, representantes de las víctimas de los hechos del 11 de abril de 2002, han presentado argumentos ante la CIDH en la primera audiencia del caso "Trujillo y otros Vs. Venezuela".
Este caso, que la CIDH revisa 25 años después de los eventos del #11Abr de 2002, ha sido objeto de atención renovada desde que el 9 de julio de 2024, la Comisión Interamericana remitió el expediente para su revisión, buscando facilitar el encuentro con las víctimas y sus familias.