Provea y Surgentes, condenan intervención militar de EEUU tras detención de Maduro
Las ONG's que defienden los derechos humanos en Venezuela abogan por una transición pacífica y electoral frente a la coyuntura actual
Dos organizaciones no gubernamentales venezolanas especializadas en derechos humanos, Provea y Surgentes, emitieron pronunciamientos enérgicos contra la acción militar de Estados Unidos, que resultó en la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Las entidades expresaron preocupación por la escalada del conflicto y reclamaron soluciones pacíficas que respeten la soberanía nacional y la democracia.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) manifestó profunda inquietud ante el uso de fuerza militar por parte del gobierno estadounidense en el Caribe, que culminó con la extracción de Maduro y su esposa, difundió El Pitazo en una nota.
Según un comunicado, los ataques en diversas ciudades venezolanas dejaron un saldo 40 personas heridas y muertas, de acuerdo con información extraoficial. Provea extendió condolencias a los familiares de las víctimas y exhortó a las autoridades norteamericanas a "cesar las operaciones militares que ponen en riesgo a la población civil".
La organización destacó que los sucesos del 3 de enero de 2026, con explosiones en instalaciones militares, configuran un grave precedente en América Latina. Provea rechazó cualquier acción unilateral que socave el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en particular el artículo 2, numeral 4, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial de un Estado.
Advertimos que las acciones unilaterales, particularmente en el ámbito militar, solo contribuyen a minar el sistema multilateral de paz y seguridad", indicó el texto. Provea instó a la nación venezolana a mantener la calma y a ejercer la ciudadanía de manera pacífica.
Acto colonial
El colectivo Surgentes, por su parte, calificó la agresión militar estadounidense como un "acto colonial" y una vulneración del deber de abstención del uso de la fuerza, según el artículo 2.4 de la Carta de la ONU.
El pronunciamiento citó la Resolución 3314 de la Asamblea General de la ONU, que califica como agresión la invasión, bombardeos o ataques por fuerzas armadas extranjeras.
Tolerarla es legitimar un orden internacional basado en la ley del más fuerte", afirmó Surgentes. El colectivo reportó al menos 40 personas asesinadas, en su mayoría soldados de bajo rango, y al menos una civil en Catia La Mar debido al impacto de una bomba en un edificio residencial.
Surgentes atribuyó la catástrofe a las élites políticas de ambos bandos: el gobierno por vulnerar la voluntad electoral del 28 de julio de 2024 y la oposición por facilitar la injerencia estadounidense.
"Ni EEUU, ni el gobierno de facto, ni la oposición proimperialista representan los intereses o derechos del pueblo venezolano", señaló.
En cuanto a Maduro y Flores, Surgentes rechazó su detención arbitraria y traslado, y demandó que rindan cuentas en Venezuela por violaciones a derechos humanos, no en un juicio amañado en EE.UU.
El colectivo propuso una ruta para la recuperación: la vicepresidenta asume temporalmente por 90 días, según el artículo 233 de la Constitución; se convoca un Acuerdo Nacional con todas las fuerzas políticas; la Asamblea Nacional nombra un nuevo Consejo Nacional Electoral y promulga una Ley de Amnistía; y se realizan nuevas elecciones en cuatro meses.
Ambas ONG coincidieron en la defensa de la autodeterminación de los pueblos y en la prioridad de una solución civil y democrática, lejos de la violencia y la injerencia extranjera. Provea y Surgentes enfatizaron que el objetivo final reside en una Venezuela donde los derechos humanos y las libertades fundamentales prevalezcan, con instituciones independientes al servicio de la ciudadanía.